Fue en la sesión extraordinaria del Senado, del 13 de abril de 1926, cuando se sometió a votación las indicaciones de los senadores Luis Cariola y Rafael Barahona referentes a la incorporación de la mujer al electorado de las elecciones Municipales.

Hasta ese momento, la incorporación de la mujer en plenitud a la vida cívica era un anhelo que se venía discutiendo en salones e instancias de reunión. “Fue el fruto de años de organización y debate impulsados por líderes intelectuales como Amanda Labarca, Inés Echeverría o Delia Matte, que abrieron espacios clave, como el Club de Señoras, para discutir el lugar de las mujeres en la sociedad y en la política”, comenta la historiadora María Gabriela Huidobro, académica de la Facultad de Educación y Humanidades UNAB en una columna sobre el hito.

Así, el presidente de la corporación, Enrique Oyarzún dispuso de la votación de la iniciativa en sala. Tras recogerse la impresión de los honorables presentes, resultaron 21 votos a favor y 10 en contra. El proyecto aprobado, eso sí, contenía un detalle.

“El proyecto aprobado en 1926 permitió inscribir en los registros electorales a las mujeres contribuyentes, siempre y cuando no estuvieran bajo la potestad del padre o del marido -apunta Huidobro-. Mirada desde nuestro presente, esa condición evidencia las restricciones de la época, pero en ese entonces, abrió una primera puerta hacia un espacio que antes nos excluía por completo”.

La ley electoral de entonces, promulgada en diciembre de 1925, establecía que para participar en la votación de los municipios, los electores debían figurar inscritos en el padrón municipal. Podían reclamar el derecho los ciudadanos mayores de veintiún años, que sepan leer y escribir, además de los extranjeros domiciliados en el país desde cinco años. Aunque no se les incluía, no se mencionaba excepción con las mujeres, lo que permitió avanzar hacia la indicación.

Aunque el senado dio el primer paso, todavía faltaban años para concretar el voto pleno. “La historia suele quedarse con los grandes momentos y olvidar los procesos -apunta Huidobro-. Por eso, el voto femenino en elecciones presidenciales ha eclipsado este paso inicial. Sin este hito, difícilmente habría existido lo que vino después”.

El 15 de enero de 1934, durante su segunda presidencia, el Presidente Arturo Alessandri Palma promulgó la Ley N° 5.357 –la que fue publicada tres días después- la cual permitía la participación de las mujeres tanto en poder ejercer el derecho de sufragio en las elecciones municipales también poder postularse como candidatas.

Las mujeres debutaron como ciudadanas en las municipales de 1935. El registro dice que se inscribieron 76.049 para sufragar y además 98 de ellas se presentaron a cargos de elección popular, de las cuales 25 resultaron finalmente electas en el cargo de regidoras. Un puesto clave, pues de entre estos se elegía al alcalde/esa.

“Fue en el espacio municipal donde las mujeres no sólo comenzaron a votar sino también a postularse para cargos públicos y a ser protagonistas del ejercicio democrático en Chile -apunta María Gabriela Huidobro-. Así, pocos años después, Alicia Cañas y Aída Nuño llegaron a ser alcaldesas, marcando un precedente concreto en la representación femenina”.

El voto femenino fue consolidado en 1949, durante el gobierno de Gabriel González Videla, al promulgarse la Ley N° 9.292, que estableció el derecho de sufragio universal femenino. Pero esa es otra historia.

A pesar de que no fue el momento definitivo, la historiadora marca la relevancia del hito centenario. “A cien años de ese 13 de abril, vale la pena recordar este primer paso y rendir un homenaje a esas pioneras, que entendieron, en ese entonces, que los derechos no se conquistan de una vez, sino que se construyen de forma gradual, apostando por el giro cultural de largo plazo. Sólo así se producen las verdaderas transformaciones en la historia, aquellos que el tiempo vuelve tan evidentes que borran la memoria de su conquista”.