Fiscal que indagó vínculos de las Farc en Chile: "Propaganda a una organización terrorista es reprochable, pero no delito"




El fiscal Emiliano Arias fue quien indagó los vínculos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) con algunos grupos de mapuches radicalizados y miembros del Partido Comunista. A siete años de esas pesquisas, el abogado Felipe Silva, quien tuvo acceso a esos documentos, cuestionó que la fiscalía no haya logrado condenas en esa indagación. Ahora, Arias da cuenta de su versión de los hechos.

¿Cómo se inició esa investigación?

Yo inicié de oficio una indagación referidas a agrupaciones extranjeras con movimientos subversivos chilenos. En ese contexto, llega el contenido del computador de Raúl Reyes (ex segundo hombre de las Farc), como son correos electrónicos y otras cosas.

¿Cómo se realizó esta investigación?

Fue en conjunto con la fiscalía colombiana y también con los fiscales que estaban en la zona del conflicto, como son La Araucanía y Cañete. Efectivamente, se pudo establecer que miembros de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) recibieron preparación militar al interior de algunos campamentos de las Farc. También se determinó que la coordinadora continental bolivariana, que es la que en esa época le hacía propaganda a las Farc en el mundo, también tenía vinculaciones con algunas personas del Partido Comunistas. Entre estas Manuel Olate, quien hacía labores de propaganda en Chile y otros lugares de América.

¿Qué hizo Colombia?

Las autoridades colombianas pidieron la extradición de ese sujeto (Olate). El Estado colombiano fue representado por el Ministerio Público ante la Corte Suprema y en ese transcurso, en Colombia se declara nula la información del computador de Raúl Reyes, por haber sido obtenida en otro territorio, y ellos desisten del juicio.

¿Por qué no se llegó a ninguna condena en Chile?

Ninguno de esos hechos era constitutivo de delito en Chile. Aquí, si le hago propaganda a una organización terrorista, es moralmente muy reprochable, pero en Chile no es constituible de delito. Salvo la Ley de Seguridad del Estado, pero esos delitos requieren una denuncia de la autoridad política, y a mí no me llegó ninguna denuncia de la autoridad política de la época.

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