Fue en junio de 2022 que la arquitecta de la Universidad de Chile Verónica Serrano ingresó a desempeñar funciones en el Ministerio de Vivienda (Minvu). En ese momento se le designó como jefa nacional del Programa de Asentamientos Precarios, aunque anteriormente ya había desarrollado labores en el Estado: ejerció como secretaria ejecutiva del directorio de Obras Bicentenario del Minvu y también como directora nacional de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas (MOP).

Sin embargo, su trayectoria está lejos del ser el asunto por el cual hoy está en el radar del Ministerio Público, que desde mediados de junio lidera una serie de investigaciones vinculadas a traspasos desde organismos estatales hacia fundaciones privadas.

En el marco de las causas, principalmente en la arista que lidera el fiscal Cristián Aguilar en Antofagasta, Serrano, que es tía del jefe de asesores de Presidencia, Miguel Crispi, está siendo indagada por apurar la firma de convenios con fundaciones para, según ella, cumplir con la ejecución presupuestaria del programa que encabezaba en esa época.

Pese a ello, la profesional se ha mantenido en el gobierno. Tras su salida del Minvu -y cuando aún no estallaban los casos por millonarios convenios- fue fichada por el exsubsecretario de Desarrollo Regional, Nicolás Cataldo, para integrar dicha repartición que depende del Ministerio del Interior y donde antes se había desempeñado su sobrino.

De esta forma, desde enero de 2023 la arquitecta tiene un cupo ligado al gabinete de la subsecretaría y se desempeña como coordinadora interministerial del proyecto nueva Alameda Providencia. Ahí, como detallaron desde la entidad, está a cargo “de supervisar y realizar seguimiento de la ejecución de los componentes del proyecto; además de coordinar y dar seguimiento a los proyectos de recuperación de alto valor social en regiones”.

Como reveló este medio, ya está en manos del persecutor un correo que la arquitecta envió el 20 de septiembre de 2022 al otrora seremi de Vivienda de Antofagasta Carlos Contreras -quien dejó el cargo por los convenios con Democracia Viva, fundación liderada por el ex-RD Daniel Andrade-, para que justamente acelerara los tratos con las entidades investigadas por fraude y malversación de caudales públicos.

“Estimado Carlos. Te escribo en relación a la gestión de convenios y a la conversación que tuvimos días atrás, respecto a la urgencia para su firma, reiterándote que tu región tiene un importante monto asociado a Convenios que tenemos que apurar para asegurar la ejecución presupuestaria”, le escribió la profesional a la exautoridad regional.

Esos antecedentes, como dan cuenta documentos contenidos en la carpeta del caso, le han costado posicionarse como persona de interés para las indagaciones, ya que por sus manos pasaron la serie de convenios que hoy son pesquisados en prácticamente todas las regiones del país.

De hecho, quienes conocieron de sus gestiones aseveran que “no fue capaz de revertir prácticas que se habían instalado en los servicios” desde administraciones anteriores. Es más, los más críticos de su desempeño le atribuyen directamente la crisis desatada y la señalan como quien “protegió” el modelo de trato con corporaciones y ONG.

Entre las labores que desarrolló, como se lee en documentos aportados por el Ministerio de Vivienda a la causa, está que bajo su mandato el Departamento de Asentamientos Precarios elaboró una minuta de evaluación de fundaciones, que luego ella misma firmó. Así, validó a las entidades que siguen siendo cuestionadas y que derechamente son indagadas por fraude al fisco.

Además, en medio de la declaración que prestó ante los investigadores Yasna Contreras, encargada regional del Programa Campamentos, esta señaló que Serrano fue quien visó la contratación de personal extra para la Seremi de Antofagasta con cargo a dineros de los convenios.

“En el mes de septiembre del 2022, a través de mail, Valeska Soto (responsable del Departamento de Asentamientos Precarios de la Región de Antofagasta) informó a la jefa nacional del Departamento de Asentamientos Precarios (Verónica Serrano) que en reunión con funcionarios de la Seremi Antofagasta, estos le habrían informado que iban a contratar a siete profesionales con cargo a los convenios, lo cual superaba a lo aprobado. Es por ello que Verónica Serrano, el 20 de septiembre del 2022, envía un mail a Carlos Contreras en donde expresamente le señala que solamente tiene autorización para contratar a cuatro profesionales con cargo a los convenios con las fundaciones”, sostuvo la profesional.

Todas estas consideraciones fueron las que llevaron a que en la querella presentada por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) se le pidiera al Ministerio Público tomar declaración a la profesional, para que se refiriera a todos los hechos investigados.

Consultados respecto de las labores desarrolladas por Verónica Serrano, desde el Ministerio de Vivienda manifestaron a La Tercera que la profesional “ejerció sus funciones como encargada del Departamento de Asentamientos Precarios, dependiente de la División de Política Habitacional del Minvu, entre el 1 de junio y el 31 de diciembre de 2022″. Agregaron, en el mismo sentido, que “presentó su renuncia voluntaria para asumir otros desafíos profesionales a contar del 1 de enero de 2023″.

En línea, manifestaron que ingresó en calidad de contrata grado tres, “para desempeñar sus labores en atención a sus antecedentes académicos y profesionales”.

Además, respecto a su vínculo con Miguel Crispi, desde la cartera liderada por el ministro Carlos Montes (PS) manifestaron: “La señora Serrano, tal como dicta la normativa vigente, presentó su Declaración por Asunción del Cargo y luego su Declaración por Cese de Funciones, ambas recepcionadas por Contraloría”.

Si bien el Ministerio también fue consultado respecto de las “presiones” que Serrano pudo haber ejercido en otras regiones para también apurar convenios, declinaron hacer mayores precisiones. “Otras materias son parte de la investigación que desarrolla la justicia”, apuntaron.

En tanto, el Presidente Gabriel Boric indicó: “Todas las personas, independiente de quienes sean, tienen que responder a las responsabilidades administrativas y legales que correspondan, y en eso nadie está excusado. Ahora, yo juzgo a la gente por su cumplimiento a la ley, por sus méritos y trayectorias y no por las relaciones familiares que tengan”.