La semana pasada, el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) expuso ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados sobre el proyecto de ley que crea un nuevo sistema para el financiamiento estudiantil de la educación superior, el FES. El organismo –que tiene como misión contribuir al manejo responsable de la política fiscal- advirtió sobre diversos aspectos del sistema propuesto por el gobierno que podrían suponer riesgos significativos para la estabilidad de las finanzas públicas, confirmando varias de las inquietudes previamente planteadas durante el debate legislativo a las que el Ejecutivo aún no ha dado respuesta.

En primer lugar, el Consejo subrayó la necesidad de considerar escenarios más amplios y realistas en el informe financiero asociado al proyecto, ya que, a su juicio, este se fundamenta en supuestos optimistas relacionados con el mercado laboral, el crecimiento económico, los ingresos y la formalidad de los graduados, e incluso sobre el comportamiento de las instituciones de educación superior. Según el CFA, existen razones fundadas –incluidos los incentivos creados por el propio FES- para pensar que dichos supuestos podrían no cumplirse, con lo cual el costo fiscal del proyecto podría incrementarse considerablemente, cuestión que debiera incorporarse de manera central en el debate parlamentario.

Segundo, el Consejo planteó dudas de si el FES corresponde a un crédito o un impuesto, así como sobre la forma en que este se debiera registrar contablemente. Advirtió que no está claro que la totalidad de los recursos estatales destinados a financiar aranceles regulados será recuperable, pues es probable que una fracción relevante –como la correspondiente a egresados con bajas remuneraciones- no sea reembolsada. En ese caso, recomendó distinguir entre la parte del gasto que constituirá un activo –y que podría registrarse “bajo la línea”- y aquella que, en definitiva, operará como un subsidio, esto es, un desembolso fiscal que debería reflejarse “sobre la línea” y afectar el cálculo del déficit fiscal. Estas observaciones vienen a reforzar los cuestionamientos de que el FES podría acabar transformándose, en la práctica, en un nuevo impuesto al capital humano y constituyen un llamado a profundizar la discusión en torno a la verdadera naturaleza de este instrumento.

Asimismo, las advertencias del CFA dan cuenta de la necesidad de reevaluar las proyecciones en torno al FES y de realizar un nuevo informe financiero que permita anticipar de forma más fidedigna y precisa el potencial efecto que este sistema podría tener sobre la situación fiscal. Lo que, a su vez, cobra especial relevancia atendido el escenario de estrechez por el que atraviesa el país, pero, además, porque parece haber consenso en que debemos dejar de acrecentar el presupuesto destinado a la educación superior para, en cambio, enfocar los esfuerzos en los niveles educativos previos, especialmente el parvulario, que en los últimos años ha sufrido un deterioro en cobertura. Revelar entonces cuál será el impacto del FES sobre las finanzas públicas es una materia de primer orden a la hora de decidir sobre su viabilidad y no puede, por tanto, seguir evadiéndose.