Ciertamente han llamado la atención los abiertos cuestionamientos que sectores del propio oficialismo han formulado hacia el llamado “Segundo Piso” de La Moneda, lo que ha generado cierta sensación de desorden. Entre otros asuntos, se reprocha al equipo de asesores no haber ejercido un rol de supervisión más activo sobre los oficios que envió Hacienda a diferentes ministerios con miras a preparar el presupuesto 2027, en los que se instruía “discontinuar” una serie de programas sociales, lo que generó un importante revuelo político. También se han generado roces por la coordinación política del gobierno, donde se han cuestionado las atribuciones del jefe de asesores, haciendo ver la importancia de que dicha coordinación recaiga sobre el ministro del Interior.

Los roces entre el “Segundo Piso” y los partidos oficialistas no son algo nuevo. Esto también ocurrió -con distintas intensidades- en los gobiernos de los presidentes Piñera, Bachelet y Boric. Ahora que nuevamente han surgido cuestionamientos sobre las atribuciones del “Segundo Piso”, podría ser la oportunidad no solo para revisar el rol que juega dicha estructura -que formalmente no está creada por ninguna ley-, sino también para retomar un proceso de reforma a nivel de gobierno central, específicamente en lo que se refiere al papel que está llamado a desempeñar el Ministerio del Interior, el cual ha quedado algo desdibujado una vez que sus tareas sobre seguridad interior fueron traspasadas a otro ministerio.

No cabe duda de que el Presidente de la República debe contar con equipos que lo asesoren directamente, de modo que no solo le provean información técnica para la toma de decisiones, sino que también le entreguen insumos sobre la realidad política en que le toca desenvolverse al gobierno, pero de allí a que el equipo de asesores comience a ejercer facultades ejecutivas o que se superpongan a los ministerios no parece un buen diseño de gobierno. Es fundamental dejar bien separados los distintos roles, de modo que las tareas de asesoría a los mandatarios o el apoyo específico a los ministerios se radiquen en un “Segundo Piso”, en tanto que la coordinación política de los ministerios para el logro de los objetivos gubernamentales pertenezca inequívocamente al Ministerio del Interior, algo que por lo demás está expresamente consagrado en la ley.

El rol de coordinación política es ciertamente relevante en un gobierno, pero dado que el Ministerio del Interior ya no tiene entre sus quehaceres la seguridad interna, parece necesario repensar las atribuciones de esta secretaría de Estado, que podrían ser reforzadas asumiendo funciones adicionales hoy radicadas en otros ministerios. Esto no solo sería una forma de robustecer su rol institucional, sino además un paso concreto en la necesaria optimización del gasto público.

Cuando se creó el Ministerio de Seguridad hubo voces que ya entonces plantearon la pertinencia de que las tareas que desempeña el Ministerio Secretaría General de la Presidencia fueran traspasadas a Interior, pues ciertamente hay una complementariedad. Ello lamentablemente no avanzó, como tampoco el planteamiento que hizo la comisión de expertos convocada por el gobierno anterior para introducir reformas estructurales al gasto público, en orden a que el Ministerio Secretaría General de la Presidencia se fusionara con Interior, idea que bien podría ser retomada.