Fue el 10 de septiembre de 2025 que el pleno de la Corte Suprema acordó la remoción de la exministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, Verónica Sabaj. Esto, como se informó en ese momento, por estimarse que la exjueza no había tenido “un buen comportamiento” en el ejercicio de sus funciones.

Sus comunicaciones con el abogado Luis Hermosilla fueron la base de su expulsión, pues a juicio de la mayoría de los ministros del máximo tribunal, estaba lejos de la conducta que se espera de un magistrado. Los supremos constataron que Sabaj había vulnerado la obligación de privacidad de acuerdos adoptados en el tribunal de alzada, que traspasó información sobre la supuesta tendencia política de otros integrantes de la corte, que sugirió estrategias procesales y que incurrió en otras “conductas reprochables”.

Pero el proceso administrativo no era el único flanco que la abogada tenía abierto. Por un carril paralelo también fue avanzando una investigación penal en su contra, la que incluyó la tramitación de una querella de capítulos a su respecto que fue acogida por la Suprema el 9 de marzo pasado.

Ese paso era crucial para la fiscal regional a cargo de la indagatoria, Claudia Perivancich, pues era la luz verde que requería para formalizar a la exjueza y pedir medidas cautelares a su respecto.

Con esa valla sorteada con éxito, esta semana la persecutora volvió a la carga y requirió audiencia ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago para formalizar la investigación tanto contra Sabaj como contra Hermosilla.

Como se lee en el escrito que presentó Perivancich, a Sabaj se le formularán cargos por cohecho, prevaricación judicial y revelación de secreto; mientras que al penalista, por soborno. Todo, por hechos ocurridos entre marzo de 2020 y mayo de 2022.

De acuerdo con la resolución de la jueza Pilar Ahumada, la audiencia en cuestión quedó programada para el 8 de junio a partir de las 9.00 horas.

Ante la diligencia, el abogado querellante, Mariano Rendón, manifestó que “era pertinente que Fiscalía diera este paso, que en realidad había demorado demasiado. Las pruebas están ya hace mucho tiempo a disposición de Fiscalía y la remoción era un buen indicador de la contundencia de los cargos”.

Igualmente, agregó: “Esperamos que desde la formalización no pase demasiado tiempo hasta el juicio. La Fiscalía, desgraciadamente, actúa con mucha parsimonia en casos de connotación política y eso rompe la promesa de la reforma procesal penal de impartir una justicia oportuna”.

Por su parte, el diputado Daniel Manouchehri (PS), también querellante, planteó: “Tal como hemos sostenido, el Caso Hermosilla no es respecto de un actuar individual, sino una verdadera red de corrupción que operaba al interior de las insitutuciones más relevantes de nuestro país. Esperamos que se investigue a fondo, y las eventuales responsabilidades sean castigadas con el mayor rigor de la ley”.

Los cargos

Como adelantaba el Ministerio Público en la querella de capítulos, en el marco de la investigación recabaron antecedentes referentes a que Sabaj incurrió en conductas que afectaron “el recto desempeño de la función pública, como también la objetividad, imparcialidad y eficacia en los procesos investigativos en los cuales tuvo injerencia”.

Según hicieron presente, recabaron antecedentes “serios, graves y determinados que permiten afirmar el mérito suficiente para establecer la existencia de los delitos que se investigan, como también establecer sospechas fundadas de su participación en calidad de autora”.

En el primer punto, el ente persecutor recopiló antecedentes referentes a que Sabaj le habría pedido gestiones irregulares a Hermosilla a fin de ser promovida como ministra de corte durante el segundo gobierno del expresidente Sebastián Piñera, a lo que el abogado habría accedido.

A partir de ello, a juicio del Ministerio Público, “surgió y se desarrolló entre Verónica Sabaj y Luis Hermosilla un vínculo de estrecha amistad, de lealtad, confianza y ayuda recíproca".

Tras llegar al cargo, afirma el Ministerio Público, Sabaj habría actuado “de manera obsequiosa y solícita en favor de los intereses de Hermosilla”.

“Incurrió reiteradamente en infracción de deberes vinculados a su cargo judicial, en especial los deberes de probidad, imparcialidad y reserva; siempre para favorecer a Luis Hermosilla. Se gestó así entre ambos un acuerdo implícito de colaboración retributiva, contexto en el cual Verónica Sabaj obró indebidamente en su cargo favoreciendo al coimputado”, agregó la Fiscalía.

Tal sería la colaboración, explicitó el ente persecutor, que incluso Sabaj había colaborado en la elaboración de un recurso de amparo en favor del entonces presidente Piñera que ingresó Hermosilla. Ese escrito, como plantearon, fue visado por Sabaj. Lo “revisó para mejorar su estructura y redacción, opinando sobre su conveniencia y oportunidad de presentación y entregando información que tenía en virtud de su cargo respecto a la sala más favorable para conocer del mismo”, se mencionó en la querella de capítulos.

Pero ese no habría sido un caso aislado, pues como ha señalado la Fiscalía, y como se expondrá detalladamente en la formalización del 8 de junio, se contabilizan reiteradas ocasiones en que Sabaj aconsejó a Hermosilla sobre las acciones que interpondría a fin de que tuviera éxito.