Señal del deteriorado estado en que se encuentra nuestra política es la forma como se ha tramitado en la Cámara de Diputados el proyecto de Reconstrucción Nacional que presentó el gobierno, particularmente cuando la oposición optó por la estrategia de presentar más de 1.500 indicaciones, en un claro afán de dilatar al máximo la discusión del proyecto, y en último término tornar en inviable su tramitación.

La cuestionable estrategia ya había sido adelantada hace unos días por un diputado independiente que forma parte de la bancada del PPD, quien no ocultó que se preparaban del orden de 2.500 indicaciones, reconociendo que se trataba de un “tsunami”. El Partido Comunista y la Democracia Cristiana fueron las colectividades que presentaron la mayor cantidad de indicaciones, pero también lo hicieron numerosos parlamentarios de oposición. Frente a ello, el Ejecutivo desplegó una estrategia que logró desactivar buena parte de este vendaval, consistente en la presentación de una indicación sustitutiva que en la práctica inhabilitó un número importante de dichas indicaciones. A ello se suma la gran cantidad de estas que de suyo eran inadmisibles, por referirse a materias que son de exclusiva competencia del Ejecutivo. Basta revisar algunas de ellas para darse cuenta de que el objetivo no era apuntar a perfeccionar la iniciativa, sino a generar un desgaste del proyecto o derechamente a buscar un lucimiento personal, para así aparecer como una suerte de paladines en favor de la clase media o las pequeñas empresas.

No cabe duda de que la estrategia que ha seguido el gobierno respecto de este proyecto también ha sido controvertida, pues su propósito es que este esté aprobado por la Cámara antes del 21 de mayo, para lo cual el Ejecutivo ha utilizado su facultad de regular las urgencias legislativas, a lo que se suma la mayoría que el oficialismo tiene en la Comisión de Hacienda, que es por donde comenzó la tramitación. Es evidente que un proyecto que contiene del orden de cuarenta disposiciones, varias de las cuales se refieren a aspectos medulares y cuyos efectos son de largo plazo, requeriría un debate muy pormenorizado, lo que se hace imposible en un tiempo tan ajustado de tramitación. También resulta riesgoso que el Ejecutivo quiera avanzar a toda máquina en la Cámara, esperanzado que en el Senado se puedan corregir o perfeccionar aspectos sobre los cuales aún existen dudas. Es una apuesta compleja, porque desde luego no hay certeza de que dichos aspectos sean efectivamente corregidos.

Pero esta forma de tramitar la iniciativa en ningún caso puede excusar que parlamentarios de oposición recurran al expediente de inundar de indicaciones, aun a sabiendas de que serían declaradas inadmisibles. Los diputados están en todo su derecho a presentar indicaciones; eso forma parte consustancial del trabajo legislativo y es la manera como los proyectos de ley se van perfeccionando. Pero lo que se espera es que los parlamentarios hagan seriamente su trabajo, velando por que las indicaciones tengan que ver con las ideas matrices del proyecto y no invadan facultades de otro poder del Estado. Al actuar de un modo manifiestamente obstruccionista o con tintes populistas, lo único que se consigue es desprestigiar aún más la imagen de la política y el trabajo que realiza el Congreso.