El informe anual sobre licencias médicas correspondiente a 2025, elaborado por la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso), ha traído importantes novedades, particularmente porque durante el año pasado se emitieron 1 millón de licencias electrónicas menos respecto de 2024, lo que representa una caída de 12,9%. Así, el año pasado se emitieron 7.016.470 licencias, mientras que en 2024 el registro alcanzó a 8.051.261, una baja que se pudo observar tanto en el sistema público como privado. Significativo resulta el hecho de que a nivel de sistema de salud dicha reducción implicó un menor gasto en subsidios equivalente a $586 mil millones.

Desde hace décadas que se vienen haciendo esfuerzos para lograr racionalizar la emisión de licencias, así como el gasto que se debe desembolsar en subsidios, considerando que en este último ítem el país destina en torno al 1% del PIB. Lograr dichos objetivos no resulta sencillo, pues a la par de mafias de médicos dispuestas a entregar licencias falsas, se suma una extendida cultura de irresponsabilidad y abuso respecto de las licencias médicas. La autoridad ha venido desplegando en los últimos años una mayor fiscalización, así como la dictación de una norma para perseguir y sancionar a grandes emisores, lo que ha permitido ir bajando el número de licencias. Pero no cabe duda de que el informe de Contraloría emitido en mayo del año pasado, donde dejó al descubierto que en el período 2023-2024 unos 25 mil funcionarios públicos viajaron al exterior a pesar de estar con licencia, tuvo un impacto decisivo, pues a partir de ahí en cada mes se ha observado una baja sostenida en la emisión de licencias.

El ente contralor también amplió su indagación a personal de las Fuerzas Armadas, Carabineros y Gendarmería, donde se detectaron casi tres mil casos de viajes al exterior, en tanto que la Suseso se vio impelida a investigar lo que ocurría con trabajadores del sector privado, revelando la existencia de más de 80 mil casos.

Es un hecho que estas acciones fiscalizadoras -que descansaron en un simple cruce de datos de información que maneja el Estado- han provocado un importante desincentivo al mal uso, revelando el poderoso efecto que tiene la fiscalización activa, cuyo reforzamiento debería ser un objetivo de cualquier administración, porque de esa forma se asegura que la licencia solo la reciban aquellos trabajadores que tengan motivos de salud fundados. Pero a la par de ello también es fundamental avanzar en otros cambios legales, particularmente en lo que se refiere al régimen de licencias para funcionarios públicos, donde es la propia normativa la que genera incentivos para el mal uso.

A diferencia de lo que ocurre con las licencias para trabajadores del sector privado, los funcionarios públicos no están sujetos a períodos de carencia -como debería ocurrir en todo sistema de seguros, para desincentivar la sobreutilización-, en tanto que reciben el 100% de sus remuneraciones. Así, no debería extrañar que el promedio por licencia alcance en el sector público 33 días, contra 15 del sector privado, sin que existan razones médicas que lo expliquen. El gobierno presentó el año pasado un proyecto de ley donde se igualan los requisitos para trabajadores del sector público y privado, por lo que sería importante avanzar en ello.