Restando solo semanas para el término de esta administración, el gobierno ha decidido emprender una activa campaña comunicacional para efectos de sintetizar su legado y de esa forma transmitir la idea de que en los más diversos planos el país está mucho mejor hoy que hace cuatro años. Para estos efectos se desplegaron a siete ministros -entre ellos el de Interior, Salud, Educación, Economía y Secretaría General de Gobierno-, cuya misión será salir a defender la gestión global del gobierno del Presidente Boric, creándose además una plataforma en la cual se destacan “1.000 avances”. Las ideas fuerzas descansan en la noción de que se logró estabilizar un país que vivía una serie de crisis, con beneficios concretos para las familias chilenas, poniendo justicia social donde antes había abuso e indiferencia.

Las minutas que distribuyó el gobierno ponen especial énfasis en la aprobación de la reforma de pensiones y la PGU, el fortalecimiento de las policías, Copago Cero, Trenes para Chile y buses eléctricos, ley de permisos sectoriales, las 40 horas laborales, ley “papito corazón”, aumento del sueldo mínimo, construcción de viviendas, control de la inflación, Plan Nacional de Búsqueda, pago de la deuda histórica de los profesores, royalty minero y la industria del litio, reducción de la pobreza y desarrollo de centros de cuidados.

La “operación legado” que ha emprendido el gobierno constituye ciertamente un hecho inédito, porque si bien es válido que toda administración busque al término de su período resaltar sus logros a modo de balance final, no se había visto un afán de esta envergadura para “fabricar” un legado en forma tan anticipada, cuando se supone que si hay una administración tan fructífera en avances estos deberían hablar por sí solos, y será el paso del tiempo el que irá consolidando de manera natural dicho legado.

Desde luego, es un hecho que esta administración solo pudo llevar a cabo una fracción de lo que originalmente prometió en su programa de claro tinte refundacional -un punto de quiebre que le obligó a redefinir las prioridades fue la derrota en el plebiscito constitucional de 2022-, y es también un hecho que tuvo logros relevantes, como es el caso de la reforma previsional, o haber roto con sus propios prejuicios ideológicos y enfrentar el terrorismo en la Macrozona Sur con un estado de excepción que se mantiene hasta la fecha. Pero en la medida que tiene que salir a recordarles desesperadamente a los chilenos estos y otros logros, lo que al final está reflejando es la irrelevancia del gobierno frente a la ciudadanía, la que claramente no está interesada en ello, tal como quedó a la vista en los recientes comicios presidenciales, donde el oficialismo experimentó la mayor derrota desde el retorno a la democracia.

Así, este plan comunicacional es más bien la respuesta desesperada del gobierno ante el sentimiento de frustración que sin duda debe recorrer las filas oficialistas frente a la poca relevancia o valoración que los chilenos le asignan a esta administración, lo que inevitablemente lleva a poner en un segundo plano los avances que objetivamente se puedan haber conquistado.

Por lo demás, el propio relato triunfalista del gobierno se vuelve muy poco creíble cuando dentro de los mismos partidos del oficialismo han surgido por estos días duras recriminaciones en torno a la ley Nain-Retamal, la que está incluida dentro de los “1.000 avances”, pero aun así el Frente Amplio y el PC toman distancia y cuestionan a sus socios del Socialismo Democrático por su aprobación, siendo además inaudito que hasta el propio Presidente Boric ahora diga que no era una iniciativa diseñada por el gobierno, en circunstancias que fue activamente impulsada por el Ministerio del Interior. A tal nivel han llegado los desacuerdos que la mesa del PS incluso evaluó dejar el gobierno, lo que no deja de ser irónico porque una iniciativa que esta administración impulsó como parte de la agenda de seguridad ahora podría dejar como legado un quiebre dentro del propio oficialismo.

El gobierno haría bien en asumir la realidad política que ahora enfrenta. La dura derrota electoral lo ha llevado a finalizar en la total irrelevancia, y eso mismo se traduce en el Congreso, donde carece ya de fuerza para seguir impulsando agendas estructurales. Frente a ello, se opta en cambio por salir a proclamar un legado que el país ya no percibe como tal, una estrategia a estas alturas claramente inútil y que cae en la sobreactuación. En las semanas que restan de gobierno esta administración debería centrar su esfuerzos en sacar adelante aquellos proyectos importantes para el país y donde todavía es posible construir consensos con la oposición, como sala cuna universal, abandonando esta pretensión de recuperar una relevancia ya perdida.