Esta semana, el gobierno ingresó las indicaciones con que busca disipar las críticas y dudas que ha suscitado el FES, el nuevo Sistema de Financiamiento de la Educación Superior que se encuentra en discusión en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados. Sin embargo, los cambios que estas introducen son muy acotados y no parece que vayan a resolver las debilidades que han sido advertidas por diversos especialistas -además de numerosas autoridades universitarias- y que, como se ha planteado en este mismo espacio, podrían representar una seria amenaza no solo para la situación de las instituciones de educación superior, sino también para las finanzas públicas.

En efecto, probablemente la principal alerta que se ha puesto de manifiesto es el impacto del FES sobre la estabilidad financiera de las instituciones de educación superior. Ello, debido a que el financiamiento que contempla el proyecto no alcanza a cubrir los aranceles reales de las carreras, pese a lo cual este impide el cobro de copagos por encima del monto del beneficio, exceptuando a los estudiantes del décimo decil de ingresos. De este modo, es previsible que, tal como ha venido ocurriendo con la gratuidad, el FES signifique una merma significativa de recursos para las instituciones de educación superior, así como también un debilitamiento de su autonomía, en la medida que pasarán a depender casi exclusivamente del financiamiento estatal. Las indicaciones del gobierno, sin embargo, evaden la resolución de ese problema. Si bien restablecen la posibilidad de realizar cobros adicionales a quienes obtengan FES, esta se limita a aquellos que soliciten una fracción del beneficio y solo por una cuantía equivalente a la brecha de dicho monto respecto al arancel regulado, lo que deja las cosas tal como con el proyecto original. En definitiva, esta medida es insuficiente: las instituciones seguirán enfrentando ingresos deficitarios que comprometen su funcionamiento y calidad educativa.

En segundo lugar, el diseño del FES sigue funcionando como un impuesto disfrazado al capital humano, donde no existe una relación directa entre el monto del beneficio recibido y el pago que debe realizar el trabajador. Esto significa que un egresado podría terminar pagando varias veces lo que el Estado invirtió en su educación, un desajuste que las indicaciones solo intentan limitar con un tope máximo de pago —que a su vez transparenta la existencia de dicho problema-, pero que no eliminan ni corrigen el tema de fondo. La desvinculación entre beneficio y pago es injusta y desincentiva tanto la adhesión al sistema, como la posterior formalidad laboral.

Una dimensión no siempre debidamente aquilatada es que el FES también genera una gran incertidumbre para las finanzas públicas debido a la falta de certeza sobre los ingresos que este generará para compensar el financiamiento de los aranceles regulados, así como a la multiplicidad de variables que podrían incidir en estos. Aunque las indicaciones buscan enmendar en parte esa incertidumbre, introduciendo un límite anual de 80 mil nuevos cupos y priorizando la asignación a estudiantes de menores ingresos, esta restricción no resuelve un posible descalce entre desembolsos e ingresos fiscales. Es más, podría profundizarla al enfocar el beneficio en estudiantes con menor contribución esperada. Los supuestos financieros del proyecto siguen siendo cuestionables y podrían llevar a subestimar el gasto real que este sistema implicará para el Estado, poniendo en riesgo la sostenibilidad fiscal del país justo en momentos en que hay una estrechez que requiere especial cuidado con el gasto público.

A la luz de las consideraciones anteriores, resulta evidente que las indicaciones presentadas por el gobierno no abordan las fallas estructurales del FES, persistiendo en un modelo que tiene múltiples deficiencias. Resulta incomprensible la obstinación en un sistema que mantiene un diseño que desvincula el pago futuro del costo real de la carrera –tal como un impuesto-, amenaza la estabilidad financiera de las instituciones al impedirles definir sus copagos y genera riesgos significativos para las finanzas públicas. Si el objetivo es construir un sistema de financiamiento justo, eficiente y sostenible, es imprescindible revisar y corregir estos aspectos fundamentales antes de que esta iniciativa siga avanzando.