Los equipos detrás de la propuesta económica que presentará el gobierno de José Antonio Kast buscan que en los primeros 90 días de mandato se presente un plan tributario, el que en líneas generales incluye una rebaja del impuesto a las empresas (de primera categoría) del actual 27% a un 23% -para las pymes será una tasa fija del 12,5%-, un crédito tributario a las empresas para la contratación de trabajadores, la eliminación gradual de las contribuciones para los adultos mayores de 65 años y la eliminación del impuesto a las ganancias de capital en la venta de acciones de baja presencia bursátil.

A partir de estos lineamientos, uno de los puntos más controversiales ha sido lo relativo a la eliminación gradual de las contribuciones para adultos mayores, pues todavía resulta incierto cómo se podría compensar a los municipios -especialmente aquellos de bajos ingresos- que dejarán de recibir estos recursos, considerando la estrechez fiscal en que se encuentra el país, y porque en la experiencia internacional es posible encontrar otros mecanismos que, manteniendo en pie este impuesto, es posible flexibilizarlo de modo que no resulte tan gravoso.

Pero en cambio la propuesta que busca rebajar el impuesto a las empresas abre la oportunidad de retomar una alternativa que también fue propuesta por la actual administración -la iniciativa consideraba una reducción del impuesto a las empresas de un 27% a un 24%-, pero que finalmente naufragó este año porque en el Congreso no hubo piso para introducir otros impuestos que permitieran que la propuesta fuese fiscalmente neutra, lo que desde luego fue especialmente resentido por los gremios empresariales.

Es cierto que procurar fórmulas que busquen una compensación fiscal de esta propuesta resulta fundamental, pero su discusión no debería ser un freno para avanzar en una reforma de este tipo, porque el hecho de brindar incentivos tributarios a las empresas constituiría una señal potente en favor de estimular la inversión, componente clave si a lo que se aspira es aumentar la tasa de crecimiento y despegarnos de las mediocres tasas de crecimiento que hemos observado en la última década. El Banco Central ya anticipa que para el próximo año la economía podría crecer hasta 3%, lo que en buena medida responde a las mejores expectativas que tiene el mercado. El desafío es que ese impulso se sostenga en el tiempo y se traduzca en un aumento del crecimiento potencial, lo cual necesariamente pasa por introducir desde ya reformas estructurales, donde los incentivos tributarios se enmarcan dentro de ello. Los importantes beneficios que el país podría lograr en materia de competitividad, mayores ingresos y aumento de empleo justifican tomar los riesgos de una propuesta de este tipo.

Chile se ubica entre los diez países de la OCDE con mayores tasas de impuesto corporativo; apuntar al 23% sería sin duda un avance, pues colocaría a Chile en el promedio del bloque -que se sitúa en 23,9%-, pero el país debería ser capaz de ponerse metas aún más ambiciosas y apuntar a tasas todavía más bajas, de modo de contar con una estructura tributaria altamente competitiva dentro del contexto internacional.

La compensación de los menores ingresos fiscales -que los expertos a cargo del plan fiscal de Kast estiman que alcanzaría a US$ 500 millones por cada punto de rebaja del tributo a las empresas- resulta una pieza clave para asegurar la sostenibilidad de este plan. Lo que ha trascendido es que la tasa de impuesto de primera categoría disminuiría a razón de un punto por año, la cual se aplicaría a empresas con ventas anuales superiores a los $3 mil millones -aquellas que registren un nivel de ventas inferior quedarían con una tasa fija del 12,5%-, introduciendo un criterio de gradualidad que en principio resulta razonable.

La gradualidad, en todo caso, no parece suficiente para asegurar la sostenibilidad fiscal, pues ello también debe armonizarse con otras metas muy exigentes que se ha puesto la futura administración, como un recorte de gasto en el período del orden de US$ 6 mil millones para reducir el déficit fiscal, considerando además que el plan también contemplaría un crédito tributario para estimular la contratación de trabajadores y una invariabilidad tributaria voluntaria -similar a lo que fue el DL 600-, que estaría disponible tanto para inversionistas extranjeros como también locales.

Cabe tener presente, en todo caso, que el debate sobre las fórmulas de compensación fiscal no parte desde cero, pues se podrían tener a la vista las conclusiones de la Comisión de Gasto Público (2025) o las propuestas de la Comisión Tributaria para el Crecimiento y la Equidad (2021), que entonces formuló la eliminación de una serie de exenciones tributarias y que podrían ser un punto de partida, procurando fuentes de financiamiento permanentes y no transitorias. Para efectos de reforzar la credibilidad de las medidas compensatorias, cada punto de rebaja del impuesto corporativo debería materializarse solo una vez que los gastos se recorten de manera efectiva o bien que se logren generar ingresos equivalentes a lo que el Fisco dejaría de percibir por cada punto recortado, lo que probablemente sería un proceder que no merecería mayores reparos del Consejo Fiscal Autónomo.

El buen escenario que se anticipa para el precio del cobre y las mejores señales que hay en materia de inversión abren un escenario más favorable para una discusión tributaria de largo alcance, que a la vez de cumplir con mayores metas de recaudación también brinde estímulos para apuntalar el crecimiento.