En Chile, el debate sobre empleo formal no puede abstraerse de la heterogeneidad del tejido empresarial. El reciente estudio elaborado por la Facultad de Economía de la Universidad Diego Portales -y que fue publicado por este medio- concluye que mientras casi la mitad de los asalariados formales se concentran en grandes compañías, las microempresas son el espacio donde se desempeña la mayoría de los trabajadores que reciben el sueldo mínimo.

A marzo de este año, el 47,6% del empleo formal estaba en grandes empresas, el mayor nivel desde 2012. Solo las firmas de más de mil trabajadores reúnen un 27,25% del total de asalariados, lo que equivale a 1,4 millones de personas. En contraste, las microempresas de hasta 5 trabajadores apenas aportan el 11,8% del empleo formal, aunque allí se concentra un 64% de los trabajadores que perciben el sueldo mínimo. Esta información es crucial al momento de diseñar e implementar las políticas públicas en el país.

La discusión a propósito del reciente Informe de Política Monetaria (IPoM) del Banco Central, que advirtió sobre el alza de los costos laborales y el efecto adverso sobre la generación de empleo formal, no debe basarse en apreciaciones sin evidencia técnica. Los datos muestran que cada incremento del costo de contratar un trabajador golpea primero a las microempresas, que enfrentan menores márgenes y menor productividad relativa. La paradoja es que, pese a su rol marginal en la participación global del empleo, concentran el grueso de quienes menos ganan. Es en estos tramos donde la formalidad corre el riesgo de retroceder, empujando a muchos trabajadores al mundo de la peligrosa informalidad.

En paralelo, el segmento de las grandes empresas enfrenta desafíos distintos, ya que, por ejemplo, sus remuneraciones promedio están muy por sobre los mínimos legales. Sin embargo, su expansión productiva está íntimamente ligada al avance de iniciativas de inversión y, por esta vía, a la capacidad de generar nuevos empleos. Lamentablemente, la llamada permisología, las trabas regulatorias y, en demasiadas ocasiones, la discrecionalidad de autoridades que actúan con sesgos ideológicos, suponen un obstáculo muchas veces insalvable para los proyectos que buscan mejorar la capacidad productiva de las empresas en Chile y crear más puestos de trabajo.

El resultado ha sido un mercado laboral tensionado por dos frentes. Mientras las microempresas se han debilitado por la carga de mayores costos, las grandes compañías están atrapadas en una maraña regulatoria que limita su capacidad de crecer.

El desafío que enfrenta el país es recoger en las soluciones de política pública esa heterogeneidad y actuar en consecuencia. Quienes aspiran a liderar el país deben ofrecer en sus propuestas programáticas soluciones efectivas que enfrenten el difícil escenario en el que se encuentra el empleo en Chile. En esta línea, es crucial evitar iniciativas que eleven aún más los costos laborales y, en contraste, avanzar en planes que agilicen la inversión y den certezas a sus titulares. Seguir poniendo cortapisas al desarrollo privado es, en definitiva, hipotecar la capacidad del país de generar más y mejores empleos.