La aprobación en el Senado del proyecto de ley de Reconstrucción Nacional -que ahora pasa a tercer trámite en la Cámara- fue sin duda un triunfo político importante para el gobierno, no solo porque ello se logró en poco más de un mes, sino además tomando en cuenta que fue posible de concretar pese a contar con el voto en contra de todos los partidos de oposición, sector que sin duda ha salido duramente derrotado y que cada vez más aparece sin rumbo. Son las dos caras que deja hasta aquí el balance de lo que ha sido la tramitación de esta iniciativa, a partir de lo cual se derivan importantes implicancias políticas.

Si bien ahora queda sortear el último trámite con los diputados y eventualmente una comisión mixta -también habrá que esperar lo que resuelva el Tribunal Constitucional en caso de que la oposición concrete su amenaza de impugnar una serie de artículos del proyecto-, es claro que el Ejecutivo cuenta de momento con los votos suficientes tanto en el Senado como en la Cámara para avanzar en su agenda programática, lo que se refleja en que, contra todo pronóstico, cada vez está más cerca de aprobar lo que probablemente será su iniciativa más emblemática como es la Reconstrucción Nacional, sin sacrificar lo que se ha considerado como el corazón del proyecto, que es la rebaja escalonada del impuesto que pagan las empresas -del 27% al 23%-, y la reintegración tributaria -uno de los aspectos que será impugnado ante el TC-, además de otras medidas emblemáticas, como la eliminación del pago de contribuciones a la primera vivienda de los mayores de 65 años.

No cabe duda de que la tenacidad del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, ha sido clave para hacer avanzar esta agenda, al defender con claridad los aspectos centrales del proyecto y abrirse a negociar solo cuestiones puntuales, que no desfiguran sus bases esenciales. Ello naturalmente ha facilitado el ordenamiento de las fuerzas parlamentarias oficialistas, y ha colocado límites claros a los acuerdos que, por ejemplo, se negociaron con el PDG para efectos de contar con sus votos en la Cámara. Con todo, es evidente que el ministro cometió un error en la forma como manejó el acuerdo que él mismo había alcanzado con un grupo de senadores del PPD en relación con la invariabilidad, al introducir sorpresivamente una rebaja adicional del impuesto de primera categoría, lo que terminó frustrando dicho acuerdo.

Al margen de que el Ejecutivo finalmente propuso la fórmula que había acordado con estos senadores, es claro que perdió la oportunidad de haber sumado más votos a la invariabilidad y de haber consolidado una hábil jugada política en contra de aquellos sectores opositores refractarios a un acuerdo. Deberán extraerse los aprendizajes del caso para efectos de futuras negociaciones políticas, sobre todo cuando la tramitación del proyecto dejó a la vista que dentro de la oposición hay algunos parlamentarios que podrían estar dispuestos a alcanzar ciertos acuerdos con el Ejecutivo.

Pero el desafío del gobierno, y en particular del ministro Quiroz, no acabará con la sola aprobación de este proyecto, pues queda por delante el reto de demostrar que con dicha iniciativa el país verá un gradual repunte en el crecimiento económico y una recuperación del empleo. El propio Quiroz, en entrevista con este medio, descartó una recesión técnica e hizo ver que una vez que la construcción muestre un repunte -sector que, dijo, es una prioridad absoluta que se va a notar en el segundo semestre-, los adversos números en materia de empleo comenzarán a revertirse. Es claro que si estas promesas no se cumplen pronto, el triunfo político comenzará a diluirse rápidamente, tomando en cuenta que el propio gobierno generó una serie de expectativas en torno a este proyecto. Dado que la mayor parte de los efectos de la Ley de Reconstrucción se dejarán sentir en el largo plazo, previsiblemente la autoridad deberá pensar en medidas más inmediatas, para evitar que cunda la desesperanza en la ciudadanía.

Pero así como el oficialismo está mostrando que aún conserva iniciativa política, en el caso de la oposición ocurre exactamente lo opuesto, algo que ya quedó demostrado en la Cámara de Diputados pero que en el Senado terminó de asentarse. Decidor es que el bloque no solo fue incapaz de consensuar alguna propuesta alternativa que resultara convincente frente a la fórmula del gobierno -a la que acusan de resultar altamente perjudicial para el país-, sino que en lo único que lograron ponerse de acuerdo fue en recurrir al Tribunal Constitucional, una salida desesperada y que inconvenientemente arrastrará a dicho tribunal a la arena de la disputa política. Los partidos de oposición no parecen calibrar el daño que se infligen al decidir quedar al margen de una iniciativa que para el país resulta fundamental, como es volver a reactivar el crecimiento, apareciendo como una fuerza puramente reactiva y sin capacidad de incidencia, lo que es la antesala de caer en la irrelevancia.

El sector más dañado ha terminado siendo el Socialismo Democrático, donde tanto el Partido Socialista como el PPD han quedado con serias fracturas internas, ya que los núcleos más recalcitrantes han terminado imponiéndose sobre aquellos que estaban dispuestos a explorar algún tipo de acuerdo con el gobierno. Resulta evidente lo debilitada que ha salido de esta experiencia la directiva del PS -donde fue claro que la línea de la senadora Cicardini terminó prevaleciendo, desahuciando cualquier tipo de acuerdo-, y por supuesto que no tiene parangón que a pesar de que los senadores del PPD reconocieron que el gobierno acogió sus propuestas en materia de invariabilidad, no solo votaron en contra de esta o se abstuvieron, sino que además insólitamente respaldaron impugnar ante el TC la norma que ellos mismos habían acordado con el ministro de Hacienda.

Es sin duda un grave retroceso que dentro de la oposición cunda la demonización a cualquier tipo de acuerdo con el gobierno, lo que anticipa tiempos de particular tensión.