A raíz de una investigación periodística de Chilevisión se tuvo conocimiento del caso de una mujer que, no obstante figurar en los registros de detenidos desaparecidos bajo el régimen militar, está actualmente en Argentina y tuvo residencia previa en Suecia. En el país vive una hija, la cual recibe una pensión en su calidad de pariente directa de una víctima de derechos humanos, beneficio que mantiene hasta hoy -cuando ya tiene 57 años- producto de que presenta un importante nivel de discapacidad.

El antecedente que ha generado mayor revuelo dice relación con el hecho de que el gobierno, en el marco del Plan Nacional de Búsqueda -una política pública lanzada bajo el gobierno del Presidente Boric, destinada a esclarecer las circunstancias en que desaparecieron o murieron víctimas de desaparición forzada-, recibió el año pasado las primeras alertas de que esta persona podría estar viva, llamando la atención que recién a comienzos de este año la hija fuera puesta en conocimiento de esta situación, en tanto que el juez que instruye la causa comenzó a recibir estos antecedentes recién a partir de mayo de este año.

Ello ha motivado fuertes cuestionamientos desde la oposición, en particular contra el ministro de Justicia de la época -actual titular de la cartera de Seguridad Pública-, a quien reprochan haber actuado con lentitud y no haber puesto prontamente los antecedentes en manos de la justicia. El personero ha explicado que apenas se tuvo conocimiento del caso se iniciaron contactos con el gobierno de Suecia, el que recién proporcionó antecedentes concretos en mayo de este año, y solo entonces estos se traspasaron al juez a cargo del proceso.

La forma como se ha manejado este caso no ha sido la mejor, porque de algún modo ha terminado perjudicando al propio Plan Nacional de Búsqueda, ya que episodios de este tipo tienen el potencial de sembrar sospechas que ponen en entredicho la credibilidad y la fe pública.

Dicho plan sin duda es una política relevante, porque busca brindar dosis elementales de justicia a víctimas y familiares que fueron objeto de graves violaciones a los derechos humanos. En tal sentido, un caso puntual como el que ha trascendido -y quizás otros que puedan surgir en el futuro- en modo alguno pueden relativizar o cuestionar el hecho de que más de 1.400 personas fueron víctimas de desaparición forzada, como tampoco desmotivar los esfuerzos para esclarecer lo sucedido. Pero justamente por lo delicado que está en juego es que la forma como debe manejarse cualquier política en esta materia ha de ser particularmente escrupulosa y no dar pie para cuestionar su credibilidad.

Las explicaciones iniciales sobre cuándo supo el gobierno del caso de esta falsa detenida desaparecida, el extenso tiempo para informar a la justicia y por qué se mantuvo el beneficio a la hija fueron ciertamente confusas, y ello debe ser aleccionador sobre la importancia de cómo deben ser manejados los antecedentes que vayan surgiendo para evitar confusiones que puedan quebrar las confianzas y poner en entredicho iniciativas como el Plan Nacional de Búsqueda, uno de los legados más relevantes que podría dejar esta administración.

En ese orden de cosas, el propio plan debería ser mejor sensibilizado ante la ciudadanía, y en ello ayudaría a que el gobierno entregue mayores antecedentes de los avances conseguidos hasta ahora y los cursos de acción futura, de modo que no aparezca como una iniciativa puramente testimonial.