En un operativo que involucró a más de 150 agentes de la PDI, realizado simultáneamente en Iquique, La Araucanía y Biobío, fueron detenidos 19 personas, entre ellas 12 gendarmes. Estos últimos formarían parte de una organización criminal dedicada al tráfico y venta de drogas al interior de los penales y fueron identificados tras casi un año de investigaciones conjuntas entre Gendarmería y la Policía de Investigaciones, según la fiscal regional de Tarapacá. Si bien serán ahora los tribunales de justicia los que deberán determinar las responsabilidades efectivas de los detenidos y los alcances de la red denunciada, el hecho vuelve encender las alarmas sobre el nivel de penetración del crimen organizado en las distintas instituciones del país.

El caso conocido ayer no es el primero que involucra a organismos del Estado ni a instituciones uniformadas. Sólo este año 13 carabineros que prestaban servicio en la subcomisaría de Huara, en el norte del país, fueron detenidos por cohecho reiterado, en particular por recibir dinero para evitar controles de vehículos provenientes de Bolivia. A ello se sumó la detención en junio pasado de seis suboficiales del Ejército y un civil de la II Brigada cazadores Acorazada por tráfico de drogas desde Bolivia a Santiago, un operativo donde se incautaron 192 kilos de cocaína y pasta base. Y a este caso le siguió un mes después un hecho similar en la Fach, cuando se detuvo a cinco funcionarios de la institución que intentaban trasladar sustancias ilícitas de Iquique a Santiago.

Todo ello da cuenta de un peligroso avance de las redes del crimen organizado en distintos niveles del aparato del Estado, que exige un reforzamiento del sistema institucional y una actualización de las formas con que los organismos del Estado han venido enfrentando esa amenaza. La situación es especialmente grave en el caso de Gendarmería, porque la experiencia en otros países de la región demuestra que las cárceles no sólo son en muchos casos centros operativos del crimen organizado, sino que sirven también para ampliar su poder y capacidad, cosa que se logra con la complicidad de quienes están encargados de su custodia. El caso de Brasil es sin duda el más dramático, con el poder de grupos criminales como el Comando Vermelho o el Primer Comando de la Capital, pero casos similares se han visto también en el último tiempo en Ecuador.

La penetración del crimen organizado en los organismos encargados de velar por la seguridad de la ciudadanía y precisamente de combatir la delincuencia compromete seriamente las capacidades del Estado. Por ello, es importante seguir perfeccionando los mecanismos de control interno de estas distintas instituciones, como también de los sistemas de contrainteligencia. Contar con herramientas para detectar a tiempo eventuales peligros es clave para evitar que el poder criminal termine cooptando al aparato estatal. Ello debe ser parte de un trabajo integral que contemple el reforzamiento de los controles fronterizo, cuya vulnerabilidad aprovechan las redes delictuales. La actual realidad del crimen organizado exige al Estado a actuar con sentido de urgencia.