Chile necesita con urgencia fortalecer la educación técnico-profesional (ETP) si quiere avanzar hacia un desarrollo económico más equitativo, sostenible y moderno.

Esta modalidad educativa, históricamente ligada a la formación práctica y al vínculo directo con el mundo laboral, permite preparar capital humano con competencias pertinentes para los desafíos actuales: automatización, transición energética, transformación digital, innovación regional, reconversión productiva y por supuesto, para la incorporación y aplicación de la IA en la industria.

Hoy, los institutos profesionales y centros de formación técnica concentran la mayor parte de la matrícula en ETP. Sin embargo, su valoración social sigue siendo baja frente a la universidad tradicional, a pesar de que muchas personas egresadas de esta última no logran insertarse en sus áreas de formación.

Frente a este desajuste, la educación técnica emerge como una alternativa eficaz, concreta y de alta empleabilidad, que responde con realismo y pertinencia a las necesidades urgentes del país.

La ETP no solo promueve movilidad social en grupos históricamente excluidos, sino que también puede convertirse en un motor de innovación aplicada en sectores estratégicos. Para ello, se requiere mejorar su calidad, reconocimiento, financiamiento y articulación con el sector productivo.

Políticas recientes, como la Ley 21.091 y la creación del Ministerio de Ciencia, han sido pasos importantes, pero aún existen brechas que limitan su desarrollo y posicionamiento real.

Contar con más y mejores técnicos no es solo una prioridad del sistema educativo. Es una apuesta estructural por un Chile que diversifique su economía, valore el trabajo especializado y genere oportunidades concretas en todo el territorio.

La educación técnico-profesional no debe ocupar un lugar secundario: debe estar en el centro de la conversación sobre el futuro productivo, social y tecnológico del país.

*Sebastián Aguirre Boza, decano de la Facultad Tecnológica de la U. de Santiago.