El Deportivo

Tribunal Electoral anula elección y remueve al directorio de la Federación Chilena de Tenis de Mesa

La justicia determinó irregularidades en candidaturas y en la conformación de la comisión electoral, ordenando la salida inmediata de parte de la directiva y la convocatoria a nuevos comicios.

Golpe al directorio de la Federación Chilena de Tenis de Mesa.

El Tribunal Electoral Regional Metropolitano resolvió anular el proceso eleccionario de la Federación Chilena de Tenis de Mesa (FECHITEME), realizado el 4 de enero de 2025, tras acoger una reclamación que detectó incumplimientos estatutarios relevantes tanto en candidaturas como en la integración de la comisión electoral.

La sentencia ordenó la cesación inmediata de funciones de la presidenta electa, Beatriz Campillay Rojas, y del tesorero Franco Baldecchi, además de instruir la conformación de un directorio provisional encargado de convocar a una nueva elección bajo reglas ajustadas a derecho.

Respecto de Campillay, el tribunal detalló inconsistencias en su postulación. Si bien su candidatura fue patrocinada por la Asociación Peñalolén, al 28 de diciembre de 2024 la dirigente figuraba en el sistema digital oficial de la federación como jugadora y socia de la Asociación San Ramón. A juicio de los reclamantes -y según recogió el fallo- esta situación implicaba que no pertenecía formalmente a la entidad que respaldó su postulación, por lo que su candidatura debió ser rechazada.

Además, la resolución sostiene que, al no registrar la antigüedad mínima exigida de un año en la asociación patrocinante, tampoco cumplía con los requisitos estatutarios básicos para competir por la presidencia. A ello se sumó que no acreditaba la condición de directora, otra exigencia establecida en la normativa interna de la federación.

El tribunal también observó irregularidades en la comisión electoral, al detectar que algunos de sus integrantes no contaban con la representación formal de sus asociaciones, lo que comprometía la validez del proceso.

Como medida transitoria, se designó un directorio provisional que deberá convocar a una asamblea general extraordinaria en un plazo de 30 días hábiles, una vez ejecutoriada la sentencia, para nombrar una nueva comisión electoral y organizar elecciones transparentes.

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