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Además, Consuelo Contreras, directora del INDH, señaló que "lo que ocurrió con este caso, es una muestra de lo importante que son las comisiones calificadoras".

Consuelo Contreras manifestó que desde la institución mirarán “con atención” las definiciones del Cosena, instancia que fue convocada por el Presidente para el lunes.

La directora del organismo, Consuelo Contreras, le informó al Mandatario que no contaban "con las capacidades técnicas ni expertise en la materia para poder acreditar" los daños que sufrieron los presuntos afectados en el marco del estallido social. Además, acusó que "la inclusión de nuevas funciones (...) representa un riesgo para la autonomía del Instituto, toda vez que impone obligaciones no establecidas por la ley que le rige”.

El subsecretario del Interior señaló que los informes entregados por la Contraloría en diciembre tenían carácter de confidenciales y que los delitos que enumeró en ellos no los vinculó a ninguna persona en particular.

Cinco son las etapas del proceso de acreditación de víctimas del estallido social del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), el cual este jueves fue cuestionado por la Contraloría debido a una serie de falencias que se detectaron en la entrega de pensiones de gracia. Aquello derivó en que diputados solicitaran la remoción de siete consejeros por negligencias en sus funciones.

A través de un comunicado, desde el Instituto Nacional de Derechos Humano descartaron tener algún tipo de participación en la entrega del beneficio, señalando que la institución "nunca intervino en este proceso y su actuación se restringió a acreditar la calidad de víctimas de las personas afectadas y que lo requirieran”.

El ministro Segpres abordó la propuesta de la directora del INDH de considerar a “los grupos que están más al extremo”, como la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), en un diálogo para desactivar la violencia en la Macrozona Sur. "El espacio para debatir estas alternativas es la Comisión por la Paz y el Entendimiento", dijo el secretario de Estado.

La arremetida se produce luego de que Consuelo Contreras afirmara que es necesario considerar a “los grupos que están más al extremo”, como la Coordinadora Arauco Malleco, en un diálogo para desactivar la violencia en la Macrozona Sur.

El abogado entregó su testimonio en la comisión de DD.HH. de la Cámara de Diputados por “presiones” que habría recibido en el cargo. “Tres meses antes de que se iniciara el llamado que nosotros denominamos la crisis social de octubre, literalmente ya había sido condenado”, afirmó.

La secretaria de Estado, además, manifestó que es “lamentable que se instrumentalice la figura" del exdirector del INDH, y que es una persona "a quien en lo personal, valoro y respeto profundamente".

Ayer en el Estadio Palestino el exdirector del organismo fue homenajeado por diversos referentes desde la DC, la ex Concertación, Amarillos por Chile hasta la derecha. En su discurso habló sobre los consejeros cercanos que tuvo en la entidad, los juramentos que realizaron entre ellos en pleno estallido social, y las discrepancias que lo llevaron a marcharse.

La nueva consejera -quien encabezó la petición de renuncia de Sergio Micco- aseguró que durante su administración "hubo mucha negligencia, se debió tener un rol mucho más enérgico" tras el estallido social. Adelantó, además, que pedirán a las unidades especializadas del organismo que vuelvan a analizar los antecedentes para que el consejo pleno pueda revaluar nuevas querellas por violaciones a los derechos humanos tras el 18-O.

A través de un mensaje a los funcionarios de la entidad, el director del organismo anunció su dimisión. Pero ese no es el único nudo a resolver, puesto que también se sumó la dificultad que está enfrentando el gobierno para concretar el nombramiento del consejero Fernando Pairican, historiador mapuche designado por el Ejecutivo.

Son 11 los miembros del consejo directivo del instituto, donde dos bloques son los que permanentemente chocan en sus posturas. Por un lado, están las consejeras Romero y Contreras, quienes se oponen al liderazgo de Sergio Micco, quien durante el último tiempo ha visto el apoyo, incluso, de quienes integran ideas de derecha. El desalojo o no de la huelga que ya va para los seis meses es uno de los temas que dividen las aguar. En julio, un 45% de directorio será renovado, donde el presidente electo, Gabriel Boric, tendrá la facultad de asignar a un nuevo consejero.

El director del Instituto Nacional de DD.HH. cuestiona la falta de reconocimiento del Estado ante las consecuencias del estallido social. Además, critica las modificaciones introducidas en el Proyecto de Ley de Presupuestos para el 2022, que aluden a la reparación monetaria de las víctimas de abusos por parte de agentes policiales y militares.