"La necesidad de una reforma en nuestra legislación penal se hacía sentir de mucho tiempo atrás para poner en armonía el estado presente de nuestra sociedad, el desarrollo que ha alcanzado en todas las esferas de su actividad, con los preceptos que deben marcar sus límites y su campo de acción propia, fijando las regias supremas de lo lícito y lo ilícito. La legislación española, apenas modificada por leyes patrias especiales, adolecía de gravísimos defectos que hacían inaceptable por más tiempo su subsistencia. La naturaleza de algunas de sus penas y la apreciación de diversos delitos, se resienten de las ideas dominantes en los tiempos remotos a que gran parte de esa legislación corresponde".

Así comienza el mensaje de nuestro Código Penal, poniendo el énfasis en la necesidad de codificar adecuadamente la normativa criminal. Corría el año 1874. Probablemente, este mensaje vuelve a estar vigente hoy al analizar la normativa penal y la falta de armonía con el estado presente de nuestra sociedad.

Diversos proyectos de nueva codificación penal han intentado, sin éxito, modernizar nuestra legislación: en el año 1929, un proyecto de de Erazo y Fontecilla; el de 1938, de Labatut y Silva; el de 1946; y post-dictadura, el año 2005, del Foro Penal.

Ciertamente, en el primer gobierno del presidente Piñera hubo un esfuerzo acabado de codificación con un proyecto trabajado por una comisión de expertos del año 2013, que fue ingresado al parlamento el último día de gobierno. Y luego, en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, un nuevo intento con una segunda comisión de expertos. El actual proyecto que afina el gobierno, y que se anuncia será ingresado al parlamento antes de fin de año, reúne a 9 expertos de las comisiones previas de Piñera y Bachelet, y ha sido fuertemente criticado esta semana por que todos los expertos de la comisión, al igual que la del año 2013 y la del año 2015, son hombres ¿Y las expertas?

Las razones para dictar un nuevo Código Penal son variadas. Es necesario incluir toda la normativa penal en un mismo texto. En la actualidad, existen diversos delitos diseminados en leyes especiales, tales como la ley de drogas, la de lavado de dinero, la de clonación de tarjetas y la de delitos informáticos, solo por nombrar algunas. Es necesario crear nuevas figuras penales, tales como la administración desleal, delitos medioambientales, corrupción entre privados, etc. Pero creo que el cambio más urgente es el efectuar una sistematización adecuada del régimen de penas.

Tradicionalmente, nuestra legislación penal ha concedido una importancia desmedida a la propiedad y la apropiación de ella por medios materiales. Durante muchos años, los robos violentos o con fuerza tuvieron la misma pena del homicidio simple. Por el contrario, los delitos de "cuello y corbata" y los que castigan la apropiación de bienes ajenos por medios inmateriales tienen penas -muchas veces- ridículamente bajas. Un ejemplo de ello son las penas del soborno o la del uso de información privilegiada.

También resulta de la mayor importancia establecer un buen sistema de penas alternativas a la privación de libertad, distinto al actual, que básicamente consiste en ir a firmar una vez al mes a Gendarmería, lo que en la práctica ningún beneficio trae ni para la sociedad ni para el propio condenado. Se ha anunciado un sistema de penas más cortas pero efectivas y un nuevo catálogo de penas sustitutivas, y habrá que discutir si eso es efectivamente un buen sistema.

Por todo lo dicho, el que el gobierno se apronte en su primer año a enviar un proyecto de un nuevo Código Penal es una buena noticia. Pero tal vez habría que ser menos optimista y preguntarse por qué tantos intentos previos han fracasado. Creo que una respuesta posible: es la falta de participación en la génesis de los respectivos proyectos de las distintas miradas que sobre este tema existe en nuestra sociedad, lo que termina socavando la legitimidad de los intentos de cambio. Por lo mismo, la falta de participación de expertas en la Comisión puede erosionar gravemente dicha legitimidad.

El ejecutivo debiera tomar cartas en el asunto pues está a tiempo de remediar este grave error, que se arrastra desde los dos últimos gobiernos. Un Código Penal no puede ser un código de hombres.