Corrupción en Rancagua: Fiscalía Sur arremete y solicita 10 años de cárcel para exministro Emilio Elgueta

EMILIO ELGUETA (45388084)

La investigación penal que se inició con una denuncia anónima -que significó la salida de los primeros fiscales que la indagaron y que tuvo como consecuencia la expulsión del Poder Judicial de dos ministros- entró en tierra derecha con miras al juicio oral del principal imputado. En la acusación, el Ministerio Público pide que al exmagistrado Elgueta se le condene por cohecho agravado reiterado, nombramientos ilegales, prevaricación, junto con un castigo de una década tras las rejas, y que se le impida, de por vida, volver a ejercer cargos públicos.




“Que mediante diversas técnicas investigativas se ha logrado establecer que el imputado Emilio Iván Elgueta Torres, quien se desempeñó como ministro de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Rancagua, realizó diversas acciones, haciendo valer de manera indebida su cargo y posición funcionaria, con el objetivo de obtener beneficios para sí y para terceros”.

Así comienza el escrito de acusación con que el fiscal regional Metropolitano Sur, Héctor Barros, y su equipo, notificaron al Juzgado de Garantía de Rancagua que decidieron llevar a juicio oral al expulsado ministro de la corte de esa ciudad Emilio Elgueta Torres, contra quien se solicitan penas que en total suman 10 años de cárcel y se pide, como accesoria, que la justicia lo condene a no poder ejercer nunca más en su vida un cargo público, en medio de uno de los casos más relevantes de corrupción al interior del Poder Judicial que ha investigado el Ministerio Público.

En detalle, el documento imputa a Elgueta 24 delitos de prevaricación por el que se solicita una pena de siete años de cárcel, además de impedirle de forma perpetua volver a trabajar en la administración pública. Junto con esto, se le atribuye autoría en el delito de incremento patrimonial injustificado -producto de presuntas coimas- y por este ilícito se pide el pago de una multa de más de $ 28 millones. A todo esto se suman 11 delitos de nombramiento ilegal -en su calidad de juez de Rancagua- y se pide que pague una multa de 20 UTM, para finalmente pedir una condena de tres años de presidio efectivo por el delito de cohecho agravado.

Respecto de este último cargo, la fiscalía en su acusación sostiene que “en los meses de septiembre y octubre del año 2018, encontrándose abierto un concurso para cargo titular de auxiliar grado XIX en el Primer Juzgado Civil de Rancagua, el imputado Elgueta, en el ejercicio de sus funciones como ministro de la Corte de Apelaciones de Rancagua en esa época, solicitó a la secretaria titular de dicho tribunal que incluyera en la terna respectiva a Cristina Muñoz, con el fin de que ella fuera nombrada, constituyendo ello un beneficio estimable en dinero, señalándole a la secretaria que si la dejaba en la terna votaría por ella en el cargo de juez de la ciudad de San Fernando una vez se abriera el concurso respectivo, todo ello con infracción a los deberes de su cargo como ministro”.

Uno de los casos más graves que se le atribuyen es haber intervenido en recursos presentados por un amigo médico investigado por tráfico de sicotrópicos y un abogado de la zona, con quienes “mantenía una relación de amistad, dando en algunos casos incluso consejos a los interesados en el resultado de dichos recursos en perjucio de la parte contraria, y no obstante este conocimiento, no se inhabilitó en la vista y fallo de dichos recursos y tampoco lo hizo saber (su relación de amistad) previamente”.

En agosto del año 2019 Elgueta y su entonces compañero de labores, el también ministro Marcelo Vásquez, fueron removidos del Poder Judicial por el pleno de la Corte Suprema tras un sumario que estableció que ambos incurrieron en irregularidades graves, por lo que fueron expulsados de la institución. El sumario lo instruyó la ministra Rosa Maggi, quien determinó que el primero procedió a intervenir en la tramitación y fallo de un recurso de protección; tomó contacto con abogados ligados a causas en tramitación; solicitó al fiscal regional de O’Higgins, Emiliano Arias, la incorporación de personas al organismo; exigió el ingreso de una de sus alumnas a un tribunal, así como solicitó y aceptó dinero a cambio de sus labores como juez. En el caso de Vásquez, el máximo tribunal lo sancionó por dictar la resolución que nombró a su hija como consejera técnica suplente de un tribunal de la jurisdicción; aconsejar a un imputado e instalar una sala de forma diferente a lo acordado en un sorteo.

Un juez fallecido y dos fiscales fuera del caso

El caso se originó mediante una denuncia anónima. Los primeros investigadores del caso, los fiscales Arias y su entonces jefe de la Unidad de Alta Complejidad, Sergio Moya, fueron reasignados al caso luego que este último denunciara al titular del Ministerio Público de la Región de O’Higgins de una serie de supuestos actos reñidos con la probidad, uno de ellos tenía que ver con este caso de corrupción en Rancagua. “En la presente causa que se dirige contra los ministros de la corte, yo, cumpliendo la reglamentación interna, solicité en reiteradas ocasiones el pronunciamiento de mi superior jerárquico, Emiliano Arias, para poder pedir la formalización de Emilio Elgueta. Esa decisión se fue postergando por algunas semanas. No se me decía ni que sí ni que no. Y yo tomé la decisión derechamente de pedir la formalización sin la autorización de mi superior jerárquico”, denunció Moya en una entrevista radial. La situación hizo que el fiscal nacional, Jorge Abbott, trasladara el caso a la Fiscalía Sur, que actualmente lo tramita, y que el lunes pasado presentó la acusación sólo respecto de Elgueta, ya que la indagatoria que se sigue contra Marcelo Váquez se separó de la causa principal.

Durante las primeras diligencia hubo otro ministro involucrado en los hechos denunciados. Se trata de Marcelo Albornoz, quien a los pocos meses de ser suspendido de sus funciones en el sumario que llevaba adelante la Corte Suprema se quitó la vida. Tras el avance de la indagatoria no apareció, según fuentes del caso, ningún antecedente que lo ligara a los actos irregulares de sus pares.

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