Tercera PM

Presenta:

Carlos Gajardo

Carlos Gajardo

Abogado, ex fiscal. Socio de Gajardo y Norambuena.

La Tercera PM

Corrupción trasnacional y cohecho fronterizo

Los ministerios de Justicia e Interior encabezan dos mesas paralelas para combatir este delito. Foto: Archivo

En el informe de esta semana publicado por Transparencia Internacional se detalla que desde la dictación de la ley que sanciona el soborno transfronterizo el año 2002, sólo se ha dictado UNA condena en Chile por este delito. Una sola condena en 16 años de aplicación de la ley no es un resultado para enorgullecerse


Esta semana fue publicado un informe de Transparencia Internacional que clasificó a 44 países de la OECD según cuanto han avanzado en la lucha en contra de la corrupción trasnacional en el periodo 2014-2017 en cuatro categorías: Cumplimiento activo, moderado, limitado y escaso o nulo. La calificación de Chile fue de Cumplimiento Limitado.

El cohecho transfronterizo en el contexto actual de creciente globalización es un fenómeno emergente que ha captado la atención y preocupación de los países por la afectación que dichas conductas tienen no sólo en las economías domésticas, sino en el perjuicio que provocan en el comercio y en las relaciones internacionales.

Por ello, tras la firma de la Convención para combatir el Cohecho Transnacional adoptada por la OECD en el año 1997 -suscrita y ratificada por Chile el año 2001- comenzó a operar el Grupo de Trabajo de la Convención que mediante un sistema de examen de países como pares estimula las mejoras legislativas y la aplicación de medidas en contra de la corrupción, promueve la asistencia legal mutua y la adopción de buenas prácticas.

La incorporación de Chile a esta Convención ha implicado el compromiso del Estado en combatir la corrupción, lo que se ha reflejado en la adopción de diversos cuerpos normativos encaminados a ese propósito tales como el establecimiento del delito de soborno a funcionario público extranjero o la ley de responsabilidad penal de personas jurídicas. A pesar de la dictación de estos nuevos cuerpos normativos, la aplicación de los mismos ha resultado sumamente escasa.

Esa falta de aplicación o enforcement ha sido justamente el reproche que la OECD ha realizado a nuestro país.

En el informe de esta semana publicado por Transparencia Internacional se detalla que desde la dictación de la ley que sanciona el soborno transfronterizo el año 2002, sólo se ha dictado UNA condena en Chile por este delito.

Se trata de una condena tras una investigación que llevamos a cabo en la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente en una arista del Caso Fragatas por un soborno a un funcionario extranjero de la embajada de Corea en Chile realizado por el gerente de la empresa Serlog, empresa proveedora de armas al Ejército. Una sola condena en 16 años de aplicación de la ley no es un resultado para enorgullecerse. Por ello, en el informe indicado Chile aparece en el listado de los países con cumplimiento “limitado”, si bien ello significa un progreso respecto a la ubicación anterior que nos situaba entre los países con cumplimiento escaso o nulo.

Al ascenso contribuye también que en los últimos tres años se han iniciado un total de 11 investigaciones por este delito varías de ellas aún vigentes. El informe concluye señalando una serie de recomendaciones para nuestro país, entre ellas, desarrollar una política de protección integral a los denunciantes que garantice la confidencialidad de ellos, alargar los periodos de tiempo permitidos para las investigaciones en estos casos -actualmente de tan sólo dos años- aumentar las sanciones asociadas con los delitos de corrupción, promover la capacitación por el delito de soborno transnacional a jueces y personal diplomático e Incluir a las empresas en las discusiones sobre las políticas anticorrupción que deban aplicarse.

El combate a la corrupción, tanto la doméstica como la transnacional, debe ser un tema central en las prioridades de nuestro país. La experiencia nos muestra que el hacer la vista gorda con ella, sólo profundiza el fenómeno hasta corromper las instituciones fundamentales de la democracia. La experiencia de nuestros países vecinos, especialmente Brasil y Argentina, a este respecto es decidora. El reporte publicado esta semana muestra cuan lejos estamos de poder ser considerados un país con un cumplimiento activo en materia de lucha contra la corrupción. Hasta hoy nuestro cumplimento sólo es “limitado”.

Seguir leyendo