“Desprolijidad en entrega de la información”: Migraciones amonesta a funcionaria tras investigación sumaria por caso avión fantasma

El 10 de febrero se concretó la primera salida masiva de migrantes, expulsados del país. Esta vez, quienes sean deportados por vía administrativa, lo harán en vuelos privados, y no de la Fuerza Aérea.

La medida administrativa recayó contra Carmen Gloria Daneri, quien en ese momento se desempeñaba como directora subrogante del Servicio Nacional de Migraciones. El actual director, Luis Eduardo Thayer, afirmó que "era una investigación sumaria y la conclusión es que no hay antecedentes suficientes para abrir un sumario administrativo, pero sí hubo una infracción a la labor funcionaria y la sanción es de censura”. Esta es una sanción menor afectando la calificación “en la hoja de vida” de la funcionaria.




El miércoles 6 de abril fue, quizá, uno de los días más complejos de la instalación de Izkia Siches, en el Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Ante la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados, denunció que un avión con extranjeros expulsados, durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera, volvió a Chile con todos sus pasajeros sin que se lograra concretar la expatriación y sin que conociera dónde estaban esas personas en la actualidad. “El problema es que identificamos que uno de los aviones que se hicieron, por ejemplo, a Venezuela, retornó con las mismas personas”, afirmó Siches ese día.

Minutos después de esas declaraciones, Rodrigo Delgado, exministro de la cartera durante el gobierno de Piñera, utilizó su cuenta de Twitter para rechazar la acusación y llamó a la secretaria de Estado a transparentar los antecedentes de su denuncia. Ya en la madrugada del 7 de abril, la secretaria de Estado ofreció disculpas a través de esa misma red social. “Hoy (miércoles) en la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputadas y Diputados emití información incorrecta. Por esto, en espíritu republicano pido mis más sinceras disculpas a Rodrigo Delgado y su equipo”, indicó.

Todo este desaguisado provocó duras críticas a Siches en sus primeros días como jefa de la cartera de Interior, quien recibió una fuerte presión para que saliera de su cargo. El revuelo fue tal que de inmediato se comenzó a buscar cómo y quién le entregó mal esa información. El primero que dio luces de aquello, fue el senador PS, José Miguel Insulza, quien declaró en La Moneda que la información errónea provino desde el Servicio Nacional de Migraciones.

Esa misma tarde, el Servicio Nacional de Migraciones abrió una investigación sumaria para determinar los hechos y buscar eventuales responsables.

“En el marco del procedimiento de traspaso del Servicio Nacional de Migraciones, en una reunión realizada el día 25 de marzo, la directora subrogante del anterior director del Servicio informó en una reunión en el Ministerio del Interior que los ciudadanos venezolanos habrían embarcado y viajado a Venezuela, no habiendo sido admitidos en ese país y retornando a Chile. Esta información errónea fue transmitida por la ministra del Interior y Seguridad Pública a la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Honorable Cámara de Diputadas y Diputados de Chile”, señalaba el comunicado. El problema de esa información es que los ciudadanos venezolanos nunca salieron del país por problemas en el país de destino.

Por esta esta razón el director del Servicio de Migraciones, Luis Eduardo Thayer, abrió una investigación sumaria para determinar eventuales responsabilidades.

Carmen Gloria Daneri.

Así, la investigación indagó en la responsabilidad que tuvo la directora subrogante, Carmen Gloria Daneri, funcionaria de carrera en ese servicio. Daneri llegó a Extranjería y Migraciones en 1996 en el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, acumulando 26 años de experiencia en el servicio público.

De acuerdo al Servicio Nacional de Migraciones, la investigación sumaria finalizó y se desestimó la apertura de un sumario administrativo, concluyendo eso sí que hubo desprolijidad en el manejo de la información en el marco de una reunión con las nuevas autoridades, específicamente con asesores de Interior, lo que constituyó una infracción a la labor funcionaria. Por tanto, el resultado de la investigación consistió en aplicar a Carmen Gloria Daneri la sanción de “censura” establecida en el Estatuto Administrativo.

Esta es una sanción menor que afecta la calificación “en la hoja de vida” de la funcionaria mediante una anotación demérito de dos puntos en el factor de calificación correspondiente.

El director del Servicio, Luis Eduardo Thayer, afirmó a La Tercera que la investigación “se resolvió hace una semana aproximadamente”, añadiendo que la funcionaria ya “está notificada”.

Thayer explica que “era una investigación sumaria y la conclusión es que no hay antecedentes suficientes para abrir un sumario administrativo, pero sí hubo una infracción a la labor funcionaria y la sanción es de censura”. De acuerdo a la investigación, el director subraya que “no ameritó para abrir un sumario administrativo. Se desestimó y se resolvió una censura por una desprolijidad en el manejo y entrega de información”.

De acuerdo a lo informado, la funcionaria sigue en el mismo cargo en el que estaba, siendo la encargada de asuntos internacionales. Durante la investigación, Daneri se mantuvo en esas funciones y hoy, consultada por La Tercera PM, sólo respondió “no puedo dar información”.

Los hechos de la discordia

De acuerdo a lo señalado por el Servicio, el 3 de marzo de 2022 se inició la ejecución de la expulsión judicial de un grupo de ciudadanos colombianos y venezolanos condenados por los tribunales chilenos. Este procedimiento fue coordinado por la Policía de Investigaciones (PDI) junto a Gendarmería, para acompañar la salida del grupo desde los recintos penitenciarios hacia el aeropuerto.

Antes del embarque, la PDI fue notificada que el gobierno de Venezuela no autorizó la apertura de la frontera para el regreso de los 53 condenados venezolanos, y solicitó posponer el procedimiento.

En virtud de esta notificación, la PDI embarcó a los ciudadanos colombianos, mientras que todos los ciudadanos venezolanos fueron encomendados a Gendarmería para su reingreso a los respectivos recintos penitenciarios, por lo que nunca salieron del país.

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