En los próximos días se conocería la condena respecto del caso Caravana de la Muerte, en la arista "La Serena", que mantiene como procesado al excomandante en jefe del Ejército, general (R) Juan Emilio Cheyre. El juez Mario Carroza le atribuye la calidad de cómplice de homicidio calificado en las 15 muertes ocurridas en octubre de 1973 dentro del Regimiento de Artillería N°2 Arica, de esta ciudad, donde el oficial entonces era teniente y se desempeñaba como ayudante del jefe de la unidad, el teniente coronel Ariosto Lapostol, quien también está acusado como autor.

Según la indagatoria de Carroza, la participación de Cheyre habría sido más que la de un mero espectador cuando arribó la comitiva del general Sergio Arellano Stark, líder de la operación.

Y fue en medio de las diligencias de este caso, cuando meses atrás, el pasado 7 de mayo, una alta y hoy cuestionada autoridad de la Iglesia Católica prestó su testimonio en favor del general (R) Cheyre: se trata del obispo emérito Pablo Lizama Riquelme.

Lizama, exobispo castrense y de Antofagasta, declaró en calidad de testigo respecto del conocimiento que tenía sobre el actuar de Cheyre Espinosa en relación a temas "humanos".

El prelado relató al ministro Mario Carroza las características personales de Juan Emilio Cheyre, a quien asegura haber conocido en la década del 70 y 80, en la parroquia de Santo Toribio, en Las Condes, donde el sacerdote desempeñaba labores eclesiales.

Recordó al ministro que, en paralelo, por esos años ocupó el cargo de Capellán de Carabineros, y aseguró que gracias a esa labor "pude percatarme que Juan Emilio Cheyre no albergaba odio ni rencor con nadie, pese a la polarización que vivía el país".

También apuntó que "luego de trabajar con él por muchos años, puedo dar fe de que esas características de su juventud se mantuvieron de forma invariable a lo largo de su carrera militar".

Actualmente, Lizama también está cuestionado. El pasado 13 de septiembre, de hecho, llegó a las dependencias de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales, de la PDI, para declarar en calidad de imputado por el presunto encubrimiento de eventuales delitos sexuales contra menores que se le imputan al ex párroco de la Fach, Pedro Quiroz.

El prelado también declaró, como testigo, en el caso del millonario fraude en Carabineros, donde el Ministerio Público investiga las dobles pensiones de exuniformados, entre los que Lizama aparece percibiendo una pensión total de $ 4,9 millones por parte de Dipreca y Capredena, por haber prestado funciones en el Ejército y en Carabineros.

Nunca más

Lizama siguió relacionándose con el otrora general del "nunca más", pues en 1999 asumió como obispo castrense, cargo que ostentó hasta 2004, donde coincidió con Cheyre. En esa época, el oficial conducía el Comando de Institutos Militares. "Vi y participé, producto de mi puesto, de su decidido accionar para incorporar los Derechos Humanos a las mallas curriculares militares y a los procesos formativos castrenses", sostuvo Lizama en su declaración judicial.

Las loas del prelado hacia Cheyre Espinosa no se quedaron ahí, porque el obispo emérito recordó ante el magistrado que en 2001 "compartí de nuevo con Juan Emilio Cheyre", quien a esas alturas ocupaba el cargo de jefe del Estado Mayor, puesto en el que "le correspondió liderar los contactos con todos los sectores de la sociedad respecto a la responsabilidad del Ejército en las violaciones a los Derechos Humanos".

Lizama aseguró al ministro Carroza que Cheyre siempre tenía la "necesidad de actuar con la verdad", y que estaba dispuesto a introducir cambios en los procesos educativos castrenses.

Pero, sin duda, lo que más valoró el sacerdote fue "su firme compromiso de entregar a la justicia toda aquella información que estuviera en manos del Ejército", postura que "impresionó a todos quienes interactuaron con él, dentro de quienes me incluyo".

Según el obispo emérito de Antofagasta, cuando en 2002 Juan Emilio Cheyre asumió como comandante en jefe del Ejército, "consolidó las líneas de acción relatadas previamente. Asimismo, intensificó las definiciones del Ejército, haciéndolas públicas; lideró un cambio cultural de la institución, que se comprometió con la práctica de los Derechos Humanos y asumió la responsabilidad castrense en los crímenes de lesa humanidad cometidos en Chile".