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El día en que Juan Bilbao le pidió “excusas” a la familia Weinstein por caso de uso de información privilegiada

Juan Bilbao y Alejandro Weinstein.

La defensa del empresario redobló sus esfuerzos para revocar la multa de US$3,2 millones que le aplicó la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS hoy CMF) por el uso de información privilegiada en la compra de acciones de la farmacéutica.


Una batería de argumentos desplegó en tribunales el ex presidente de Consorcio, Juan Bilbao Hormaeche, para revocar la multa que le aplicó en noviembre del año 2015, la Superintendencia de Valores y Seguros (hoy Comisión para el Mercado Financiero, CMF) por el uso de información privilegiada en la venta de la farmacéutica CFR a la estadounidense Abbott Laboratories.

El otrora exitoso empresario de Sanhattan, que coincidió con Sebastián Piñera en Citibank, puso en marcha hace solo unos días un plan para revertir la sanción de 90.000 UF (US$3,4 millones). Ante el 30º Juzgado Civil de Santiago, su estrategia no sólo contempla la entrega de sendos informes en derecho que le favorecen, sino que por primera vez, su defensa presentó las declaraciones que realizaron el ex gestor de CFR Pharmaceuticals y ex director de la compañía, Alejandro Weinstein y Guillermo Tagle.

Prácticamente gran parte de la prueba exhibida entonces ante el regulador del mercado de valores -de manera reservada- es pública ahora debido a los esfuerzos de la defensa del empresario por revertir la resolución sancionatoria. Y justamente entre los documentos presentados es que se encuentra dicha declaración, la cual revela un episodio desconocido en la relación con Bilbao y Weinstein.

En ella, el fundador de CFR sostuvo que “en enero de 2015 hace un par de semanas el señor Bilbao me fue a visitar a pedirme excusas por cualquier inconveniente que pudiese habernos causado, principalmente a mi padre, mi hermano y yo, la situación por la cual públicamente él estaba pasando”.

En su declaración Weinstein explicó que conoce a Bilbao “desde la universidad y tuvo una relación personal y laboral con él”. Aunque aclaró que a él solo lo veía básicamente en las reuniones de directorio de CFR,  “después haciendo memoria, en el 2014 fui al matrimonio de su hijo. Me reunió en una comida social una vez que coincidimos en Nueva York”.

Según cuentan cercanos, la relación entre ambos no volvió a ser la misma después del caso. Y es que no solo en Chile tuvo repercusiones, sino que también en Estados Unidos. Ello luego que la Securities and Exchange Commission (SEC) le formulara cargos y posteriormente logró un acuerdo con el regulador de Wall Street que obligó al empresario la restitución de US$10 millones para poner fin a la acusación.

En Chile, la discusión de fondo es sobre cuándo efectivamente el empresario dio la orden de compra de los títulos de CFR a Tomás Hurtado Rourke.  La defensa de Bilbao es liderada por el abogado Cristóbal Eyzaguirre de Claro & Cía, y la SVS, es representada por el Consejo de Defensa del Estado (CDE).

Ante el tribunal, la defensa del ex Consorcio ha insistido en que él dio la orden sin contar con información de la operación. Por lo mismo, según ha expuesto el representante de Bilbao, el empresario dio la orden a fines de febrero yu el directorio de la farmacéutica en que conoce la oferta de Abott, es el 10 de marzo de 2014.

Más aún, según su defensa, él no se encontraba obligado a detener la orden de compra de los títulos de CFR. Igualmente ha destacado que hoy la discusión en la justicia chilena no se produce en los mismo términos que en EEUU debido que incluso existiría prueba que da cuenta que la compra de las acciones se produjo antes de que se comunicara la operación de venta de la farmacéutica.

Para ello, la defensa del empresario acompañó al expediente el registro de los llamados telefónicos que sostuvieron ambos.

Los otros informes por Bilbao

En esa línea, clave para el desarrollo del caso resultaría la presentación del último informe en derecho que preparó a petición de la defensa de Bilbao, Armando Massarente, abogado y ex fiscal de la SVS, quien cuestiona la resolución sancionatoria del regulador.

“La SVS omitió una diligencia de fiscalización necesaria para esclarecer los hechos y contravino su propia doctrina relativa al valor probatorio que debe darse a las actas de sesiones de directorios”, sostuvo en su informe.

En tanto, el economista Patricio Arrau Pons, presentó un informe denominado “Análisis Uso de Información Privilegiada y Entrega de Información Falsa en Caso CFR”, en el cual concluyó, por una parte, que “tanto por la evidencia disponible de mercado, por el tamaño de las operaciones, así como por el análisis financiero y econométrico realizado en este Informe, es posible concluir que la información sobre las operaciones de México y Tailandia no tuvo el carácter de información privilegiada”.

De igual manera, el informe en derecho del profesor Cristián Banfi del Río, “sostuvo que no siendo el Sr. Bilbao accionista, controlador, administrador, director, representante, gerente ni ejecutivo de Somerton, mal pudo estar obligado a informar de manera oportuna y fidedigna a la SVS y a las bolsas de valores acerca de la adquisición por parte de Somerton de acciones de CFR, en los términos establecidos en los arts. 12 y 17 de la LMV y en las Normas de Carácter General N° 269 y 277 de la SVS”.

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