Estado de excepción en el norte: la “voltereta” de los parlamentarios opositores que rechazaron la medida en La Araucanía y el Biobío

A pesar de haberse resistido o, incluso, haber votado sistemáticamente en contra de la intervención militar en la Macrozona Sur, parlamentarios de la actual oposición valoraron la decisión de La Moneda de decretar el estado de excepción constitucional de emergencia en las provincias de Arica, Parinacota, Tamarugal y El Loa.

La reacción implicaba un giro de 180 grados en varios de ellos, que en el pasado cuestionaron que el gobierno de Sebastián Piñera recurriera a los estados de excepción con el fin de permitir que las Fuerzas Armadas colaboraran en el control de la seguridad y el orden público en La Araucanía y el Biobío.

El problema es que la responsabilidad de decidir la continuidad de la medida podría recaer en el mismo sector político que se opuso a estas excepciones constitucionales.

Piñera solo podría extender esta decisión, que comenzó a operar hoy, hasta el 15 de marzo. Luego de ese plazo, quedaría en manos de la administración del Presidente Gabriel Boric, quien siendo diputado también se opuso a este tipo de mecanismos extraordinarios en el sur.

Sin embargo, en caso de que el futuro gobierno decida extender la presencia militar en el norte, el instrumento constitucional que permite a las Fuerzas Armadas, debería consultarle la opinión a la Cámara y el Senado.

El diputado por Calama y senador electo Esteban Velásquez (FRVS), quien siempre votó en contra de las prórrogas para la Macrozona Sur, dijo que hoy “estaban las condiciones” para aplicar esta medida, porque “las fuerzas policiales regulares estaban sobrepasadas, la ciudadanía estaba convulsionada y se produjeron los paros de camioneros”.

Sobre la duración del estado de excepción, Velásquez señala que le parecería “razonable” que el Presidente Piñera extienda por 15 días más la iniciativa, porque “la implementación de cualquier medida lleva tiempo”.

No obstante, cree que “más allá de eso, comienza a perder sentido este instrumento constitucional, porque es una medida extraordinaria, mientras se implementa un ‘plan B’, que es la entrada en vigencia a plenitud de la nueva Ley Migratoria”.

Consultado por su postura anterior, el parlamentario que la situación de la Macrozona Sur y en el norte “son escenarios completamente distintos”, porque “en el caso de La Araucanía, donde se han dado situaciones de delincuencia, de grupos armados, ya ha sido probado que la respuesta del Estado con más violencia no ha apagado nunca este tipo de situaciones”.

Otro de los parlamentarios que ha votado en contra de la extensión del régimen excepcional en la Macrozona Sur, el senador por Arica y Parinacota y exministro del Interior de Ricardo Lagos, José Miguel Insulza (PS), mencionó que “no está en contra” del estado de excepción, porque asegura que “no cambia en principio lo que ya está pasando”.

En ese sentido, explica que “hace más de dos años que se dictó un decreto por el cual, las Fuerzas Armadas pueden apoyar a Carabineros en los temas de pasos fronterizos y es algo con lo cual yo nunca he mostrado desacuerdo”.

El diputado por Arica y Parinacota, Vlado Mirosevic (PL), que en ocasiones ha votado en contra y también se ha abstenido en la deliberación sobre la extensión del estado de excepción en la Macrozona Sur, aseveró estar de acuerdo con replicar esa medida en el norte y afirmó en una entrevista con Mega que “de izquierda a derecha” están de acuerdo en “fortalecer las fronteras”.

Consultado por La Tercera, el parlamentario liberal coincide en que la situación es diferente a la del sur, porque “en el caso del norte, el estado de excepción se aplica solo para las zonas fronterizas, es decir, no se aplica para la región, para la ciudad, ni para las zonas urbanas. La población civil no se ve afectada en ningún caso en el ejercicio de sus libertades, ni de su libre tránsito, ni mucho menos. Esto aplica básicamente para reforzar las fronteras”.

Para la diputada de Antofagasta, Catalina Pérez (RD), que siempre votó en contra la medida en sur, expresó el estado de excepción entrega facilidades para que el gobierno disponga de mejor manera de la fuerza pública frente a la crisis migratoria. Sin embargo, precisó es una “solución no permanente que no considera una solución de fondo”.

En cuanto a la posibilidad de extenderla, la parlamentaria de la Segunda Región aseguró que “su mantención o término debe ser evaluada en función de su efectividad, para eso, creo, será importante generar un diálogo con los distintos actores involucrados”.

En tanto, el diputado por Tarapacá, Rubén Moraga (PC), que ha sido un férreo opositor a esta disposición en La Araucanía y el Biobío, es más reticente con la medida, pero tampoco se cierra. “Me parece que no es la medida más correcta, porque si hubieran hecho la pega como corresponde, no hubiéramos llegado a esto. Porque son las mismas medidas que se anunciaron mucho tiempo atrás: despliegue de las Fuerzas Armadas -a través del decreto en Colchane- y supuestamente mayores fiscalizaciones con Carabineros, pero nunca se realizaron”, asevera Moraga.

No obstante, el parlamentario comunista no descarta apoyar una extensión de la medida en las provincias del norte y asegura que “habría que evaluarlo en su mérito”, ya que antes “no se realizaron las acciones correspondientes, no sé si fue adrede, fue falta de capacidad o falta de coordinación con las autoridades locales”.