Gobierno da plazo de 24 horas a inspector operativo de Gendarmería para entregar informe sobre situación en cárcel de Angol

El requerimiento de las autoridades del Ministerio de Justicia se produce luego de que el director regional de la institución, Juan Navarrete, suscribiera un acuerdo con el lonko Víctor Queipul que permitió el traslado de tres internos desde el penal. En paralelo, aumenta la presión de gendarmes y Chile Vamos para que se detalle el actuar de los funcionarios. Mañana parlamentarios de oposición llegarían a la zona para recabar antecedentes para acusar constitucionalmente a la ministra Marcela Ríos.


El domingo 21 de agosto llegó hasta La Araucanía el coronel Álvaro Rivera Andrade, inspector operativo de Gendarmería. ¿Su misión? Recabar antecedentes respecto del acuerdo al que arribó el director regional de la institución, Juan José Navarrete, con el lonko de la comunidad “Temucuicui autónoma”, Víctor Queipul, para el traslado de tres comuneros desde cárcel de Angol. Esto, dada la fuerte molestia que el convenio generó entre los gendarmes, quienes denunciaron que la medidas comprometidas serían ilegales y pondrían en riesgo su seguridad. Eso sí, como el asunto escaló rápidamente y desde la oposición anunciaron el estudio de una acusación constitucional contra la ministra de Justicia, Marcela Ríos, todo debió acelerarse.

Inicialmente se esperaba que Rivera Andrade, el tercer hombre a bordo del organismo, remitiera su informe durante la semana, pero dado el escenario y la creciente presión de los funcionarios, fuentes de gobierno confirmaron a La Tercera PM que la secretaria de Estado -de quien depende administrativamente Gendarmería- dio un plazo de 24 horas al profesional para que remita todos los antecedentes del caso.

Eso sí, como hasta el momento los antecedentes que maneja la cartera respecto del acuerdo entre Navarrete y el citado lonko no advierten posibles irregularidades, personeros de Justicia no han quitado el piso al funcionario y, de hecho, en medio de trascendidos que daban cuenta de su remoción, se muestran tajantes al descartarlo. Según las mismas fuentes, el pacto alcanzado se enmarca en las posibilidades que tiene la entidad en el contexto del Convenio 169 de la OIT. Por lo demás, recalcan, todo se habría zanjado por medio de un estudio técnico que habría realizado el consejo correspondiente.

De todas maneras, los personeros consultados reconocen que el timing les pudo haber jugado en contra, ya que el acuerdo en cuestión coincidió con la noticia de que una serie de alcaides, entre ellos el de la cárcel de Angol, Luis Poveda, estaban siendo blanco de amenazas por parte de grupos mapuche radicalizados. De hecho, la Fiscalía de Alta Complejidad de La Araucanía abrió una indagación por aquello, luego de que se encontrara un lienzo con mensajes violentos en un fundo de Enel donde maquinaria resultó quemada.

Se debe agregar, además, que las manifestaciones y movilizaciones en pos de la “liberación de presos mapuche” han sido una constante. Esta jornada, por ejemplo, “Comunidades en Resistencia de Malleco” se dieron cita a las afueras del hospital de Angol para “acompañar a la familia de Sergio Levinao”, quien fue uno de los tres comuneros trasladados desde la cárcel como fruto del acuerdo y quien permaneció 28 días en huelga de hambre.

Con todo, públicamente la ministra Ríos ayer en Arica insistió en que las medidas adoptadas corresponden a decisiones fundadas: “Todos los beneficios intrapenitenciarios que otorga Gendarmería son beneficios administrativos concedidos por un Consejo Técnico que está concebido para cada uno de los recintos. Nosotros apoyamos las decisiones técnicas que tome Gendarmería y en este caso en particular le hemos pedido al director (Sebastián Urra) que nos entregue los antecedentes para tener conocimiento como Ministerio y evaluar cómo se realizaron las decisiones en ese caso”.

“Firman un acuerdo con los violentistas”

Pese a que hasta ahora desde el gobierno insisten en la legalidad de las disposiciones, desde las agrupaciones de funcionarios de Gendarmería insisten en su molestia y preocupación. En ese sentido, Andrés Muñoz, presidente nacional de la Asociación de Oficiales Penitenciarios (ANOP), confirmó a La Tercera PM que están evaluando recurrir a Contraloría por la situación de inseguridad que dicen estar enfrentando y para que el organismo revise las resoluciones adoptadas.

“El acuerdo nació al margen de la ley, se excedieron en sus atribuciones. El acuerdo se realizó sentándose a la mesa con grupos ligados a conductas terroristas, si eso pasó, quizás el día de mañana nos vamos a tener que sentar a la mesa con narcotraficantes, con miembros de bandas de crimen organizado, eso es lo que queremos prevenir. No se están dando las condiciones para realizar las labores y por lo mismo los funcionarios han continuado las jornadas de movilización. Estamos evaluando acciones porque nos asiste la convicción de que el acuerdo debe quedar sin efecto”, manifestó Muñoz.

En el mismo tono, contradijo lo mencionado por la ministra Ríos, y aseguró que no se cumplieron con los procedimientos estipulados para permitir los traslados, “ni siquiera se cumplió con el protocolo covid que obliga a la realización de cuarentenas a los internos. Nunca en mis años de servicio se había visto el traslado de un grupo de internos que se hiciera pasada la media noche. Esto es fruto de la presión ejercida por grupos radicalizados ligados al crimen organizado”, agregó.

Por su parte, la mañana de este miércoles dos agrupaciones que reúnen a suboficiales se reunieron con el subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo, instancia donde le plantearon la serie de falencias que identifican tanto en lo logístico como en lo reglamentario.

En paralelo, además, gendarmes también fueron recibidos por los representantes de Chile Vamos que se encuentran analizando acusar a la ministra Ríos. Los mismos parlamentarios, además, evalúan llegar mañana hasta las dependencias de la cárcel de Angol para recabar mayores antecedentes en coordinación con los representantes del bloque en la región.

Al respecto, el jefe de la bancada de diputados RN, Andrés Longton, indicó: “La medida es ilegal por donde se le mire. En ningún Estado de derecho es presentable que se firme un acuerdo con el que te amenaza, es insólito y es insólito que la ministra se haga la desentendida. Hay un acuerdo por escrito bajo amenazas de muerte, hay gendarmes que dicen que estaban siendo escoltados por los mismos comuneros”.

“Parece que el Estado está al servicio de la delincuencia. La señal que se da es pésima, que el Gobierno cede y se está entregando, eso es profundizar la crisis para las familias. Esto es muy preocupantes y estamos evaluando con los jefes de bancada avanzar hacia una acusación por la inactividad de la ministra en esto, por incumplir con la Constitución y las leyes”, cerró.

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