La Contraloría General de la República instruyó un sumario en el Servicio de Salud de Tarapacá al constatar que la repartición no gestionó el cobro de más de $12 mil millones asociados a 17.390 licencias médicas de sus funcionarios tramitadas entre enero de 2023 y marzo de 2025.

Según informó el órgano fiscalizador este lunes, la revisión se efectuó en el marco de las investigaciones derivadas del Consolidado de Información Circularizada (CIC) N° 9 de 2025, que alertó sobre eventuales irregularidades en licencias médicas, incluidos casos de funcionarios que habrían viajado al extranjero durante su reposo.

En relación a ello se efectuó el análisis de 33.736 licencias en el servicio.

Los resultados de esta revisión quedaron consignados en el Informe Final de Examen de Cuentas N° 597 de 2026, que constata deficiencias en la gestión y registro contable de los subsidios por incapacidad laboral.

La Contraloría detectó que el servicio no estaba registrando oportunamente los montos aprobados por organismos como Compin o isapres, dejando fuera de la contabilidad una parte relevante de los recursos pendientes de cobro.

Asimismo, se verificó que, del total de subsidios recuperados, el 86% carece de un detalle claro de las licencias asociadas, y se detectó una diferencia superior a $507 millones entre los registros contables y los auxiliares de cobranza del subsidio.

A ello se suman inconsistencias en más de 18 mil folios de licencias médicas en el Sistema de Información de Recursos Humanos —informados por la SUSESO—, lo que dificulta el seguimiento de su tramitación y podría retrasar o impedir acciones de cobro.

Por esto, la Contraloría instruyó al servicio iniciar acciones de cobranza de la totalidad del monto -pendiente de pago por parte de Fonasa e isapres- en un plazo de 60 días, junto con reforzar los controles internos y mejorar la contabilización de los subsidios por licencias médicas.

Además, la entidad de control instruirá un procedimiento disciplinario en el Servicio de Salud Tarapacá, tendiente a determinar las eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios involucrados en las irregularidades detectadas.