El sábado 2 de mayo, cuatro integrantes de la Comisión Asesora Presidencial Verdad y Niñez anunciaron su renuncia colectiva a la instancia que el expresidente Gabriel Boric anunció en 2024 con la promesa de establecer una “verdad histórica” en relación a los menores que han sido víctimas de vulneraciones estando bajo el cuidado del Estado, a través del Servicio Nacional de Menores (Sename) entre los años 1979 a 2024.

Según el anuncio del gobierno pasado el trabajo de la comisión sería una base para proponer mecanismo de reparación para los menores vulnerados.

Las desavenencias y reproches al funcionamiento actual de la comisión terminaron con la renuncia de su presidenta, Soledad Larraín, y los comisionados Matías Marchant, María Estela Ortiz y Judith Schönsteiner.

En conversación con La Tercera, Estela Ortiz, exvicepresidenta Ejecutiva de la Junji durante la segunda administración de expresidenta Michelle Bachelet (de quien es muy cercana), advierte que no es totalmente claro que el Ejecutivo mantenga el compromiso con las víctimas.

¿Cómo se gestó esta determinación y deciden dar un paso al costado?

Esto fue un proceso. Tuvimos reuniones con las autoridades del Ministerio, pero entregamos propuestas y ninguna fue aceptada. Entremedio se nos planteó traspasar esta comisión a la dependencia de la subsecretaría de Niñez, pero todo eso implicaba demasiado retraso. Al final ahí el subsecretario estuvo de acuerdo. Pero luego a varios puntos no nos respondieron. Ahí enviamos una carta y planteamos que necesitábamos saber responsablemente si se pretendía seguir cumpliendo el mandato de esta comisión cabalmente. Entendíamos totalmente que hubiesen querido hacer cambios, cambiar ciertos comisionados, nuestros cargos estaban a disposición, pero nos dijeron que no, que no habría cambios. Pero luego empezaron a incidir en cuanto al personal, a incidir en nuestra autonomía y se hizo insostenible.

¿El punto de inflexión fue que se pretendió cambiar a los profesionales que ejecutaban las labores derivadas de la comisión?

Claro, claro, porque no estaban de acuerdo, comenzaron a despedir a la gente que realizaba las escuchas, las duplas psicosociales que tienen una capacitación, que habían cumplido con un perfil determinado que nosotros hicimos y quienes habían sido validados. Nos dijeron vamos a despedir al 50% y plantearon que querían hacer esos procesos de manera distinta. Todo esto después de que nosotros establecimos mecanismos para escuchar a las personas vulneradas que era muy novedosos y cumpliendo con todos los estándares. Realmente estábamos cumpliendo, mientras que por otro lado, los otros organismos que estaban llamados a aportarnos antecedentes nunca enviaron nada, como Educación, Salud, Desarrollo Social. Además, sacaron a la persona de archivo, sin dar ninguna razón.

Desde el gobierno han dicho que se pretende reformular esta comisión ¿Hacia dónde cree que buscan transitar?

Nosotros lo hemos dicho y lo explicamos varias veces, este es un problema de Estado, de todos los gobiernos, viene desde la época de Piñera hasta ahora, y viene incluso desde la República, desde que empiezan los primeros hogares de beneficencia, un maltrato, un uso del poder que realmente ha sido terrible. Aquí lo que tenemos claro es que en Chile, por casi 50 años, se ha generado un sistema de vulneración de derechos de los niños que están bajo protección. Y creo que ahora, desde el punto de vista del conocimiento, tienen una visión que en general invisibiliza a la infancia. Pero acá se requiere invertir recursos para quebrar definitivamente la vulneración de derechos.

¿Cree que se terminará invisibilizando aún más a niños y niñas?

Yo espero que no, pero hasta el momento no nos han dado otra señal. Yo creo que cuando uno está disponible para aprender, para abrirse a otras posibilidades, tú no tomas medidas específicas, tú das el espacio para discutir, te das el tiempo para discutir. Aquí son mil y tantos millones, es un presupuesto mínimo para Justicia. Entonces yo creo que es cómo se mira, si tú miras de la manera economicista, porque tienes que sacar plata. A nosotros se nos preguntó y entregamos una propuesta para reducir 8% el presupuesto, pero no lo consideraron, dijeron que no cortarán el presupuesto, pero igualmente sacan gente, quizás piensas que es sólo gente de izquierda. Pero bueno, no lo entendemos, no entendemos qué visión tiene.

En algún momento, durante el año pasado, la Comisión sí enfrentó diferencias entre sus comisionados ¿Tiene alguna autocrítica de ese periodo?

El problema más serio que tuvimos fue cuando nosotros sentimos que no todos estaban en contra de revictimizar a las víctimas. Varios considerábamos que teníamos que hacer algo con calidad y peleamos mucho, no solo porque se nos dieran más recursos sino para que nos entregaran la información, información que nunca se entregó. Entonces es muy triste darse cuenta que al final importan más los temas administrativos que la infancia. Los problemas del pasado, de todas formas, nunca implicaron romper el mandato que tenía la comisión, nosotros nunca pusimos en juego eso. Pero este gobierno ha puesto en riesgo el sentido profundo de esta comisión por vulneraciones a niños del Sename.

La justificación que entregó Justicia es que no había un buen desempeño.

Este no es un programa en que hay que cumplir metas administrativas, con números. Esto implica un compromiso con la niñez. Es un compromiso con los jóvenes que nosotros violentamos como Estado. La gente que acá se atrevió a hablar tuvo que hacer un proceso previo que es muy complejo, y creíamos que el primer acto de reparación que se podía tener con ellos era escucharlos como correspondía.

¿No ve ese compromiso en las nuevas autoridades?

Yo creo que es cosa de mirar el contexto, lo que está pasando en el tema de derechos humanos. Claramente tenemos una visión diferente. Y no soy solo yo. Aquí estamos hablando de una comisión de verdad de graves vulneraciones de derechos que se cometieron con personas que nunca tuvieron apoyo de nadie, gente que no sabemos donde está, que hay que buscar, saber qué necesita y avanzar en propuestas.

¿Es quizás por ello que desde Justicia advierten que no se ha llegado a las metas?

Me parece que es no entender el proceso de escucha, lo que costó llegar a la gente, todo el proceso que tuvimos que hacer, que estaba sin acompañamiento ni de los municipios. Este es un trabajo muy lento y si tú no tienes recursos, si no tienes apoyo, todo se demora mucho más. Entonces no entendieron eso y tampoco se dieron el espacio para trabajar juntos y buscar resolverlo. Acá había gente de distintas sensibilidades, pero éramos todos expertos y podíamos haber llegado a acuerdo, pero cómo nos íbamos a quedar si la solución a la que llegaron fue sacar gente. Nuestra preocupación fundamental era poder planificar este año con ellos. Teníamos una línea base de nuestra planificación pero obviamente teníamos que planificar con ellos. Y teníamos que hacer ajustes, de todas maneras. Pero no se pueden hacer los ajustes sin conocer lo que pasa.

Esta mañana llegó el nuevo director ejecutivo de la Comisión, Pedro Natho, al Ministerio ¿Qué opinión tienen de él?

Nosotros esperamos poder juntarnos con él el miércoles. No lo conocemos. Nosotros supimos de él porque él se acercó a dos comisionados diciéndole que él había sido nominado y quería reunirse con ellos. Quizás pudimos haber estado hoy, pero bueno. Nos da mucha pena. Ha sido un proceso duro para cada uno de nosotros. Muy duro. Doloroso.