La carta que volvió a unir a los rectores de las universidades chilenas

Luego de meses de ventiladas disputas, defensas y acusaciones de tratos preferentes que tenían tensionado al Consejo de Rectores, una misiva conjunta en apoyo “a la arbitraria medida” por parte de la dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua de cancelar la personería jurídica de la Academia de Ciencias de ese país, volvió a aglutinarlos en una misma trinchera.


En marzo, casi en paralelo al arribo de Gabriel Boric a La Moneda, las universidades no estatales aglutinadas en el G9 comenzaron a hacer visible su molestia e inquietud tanto con el gobierno como con la Convención. ¿El motivo? Acusaban un “trato preferente” de ambos hacia las instituciones del Estado.

Desde ahí, una serie de episodios tensionaron la relación entre los rectores que, dentro de otras instancias, están reunidos como un solo cuerpo en el Consejo de Rectores de las Universidades Chilena (Cruch).

Hubo, incluso, alusiones directas entre unos y otros, como cuando Ennio Vivaldi, en ese entonces aún rector de la Universidad de Chile, dijo que, a raíz de los reclamos, sus pares de universidades no estatales como Sánchez (PUC), Saavedra (U. de Conce) o Elórtegui (PUC de Valparaíso) debían tener cuidado, porque si es que no, se podrían encontrar “defendiendo la ideología impuesta por la dictadura”.

El ambiente entre ellos está, derechamente, enrarecido. Y por eso es que muchos ven como una buena señal de reconciliación que todos se hayan unido como firmantes de una carta en apoyo a la comunidad científica de Nicaragua.

La misiva busca expresar “solidaridad con científicos de Nicaragua”, “apoyo a la Academia de Ciencias de Nicaragua” y “condenar medida del gobierno de Nicaragua contra la Academia de Ciencias de ese país”.

¿Qué ocurrió? La dictadura de Daniel Ortega, secundada por Rosario Murillo, decidió unilateralmente cancelar la personalidad jurídica de la Academia de Ciencias de ese país.

Eso derivó en la misiva en que se lee que “los abajo firmantes nos sumamos a la enérgica condena de la Red Interamericana de Academias de Ciencias (IANAS) a la arbitraria medida del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo de cancelar la personería jurídica de la Academia de Ciencias de Nicaragua, una asociación civil sin fines de lucro cuyo objetivo es fomentar y difundir la ciencia, la investigación y la educación científica, como elementos intrínsecos del desarrollo humano sostenible”.

“La autoritaria decisión se enmarca en una serie de determinaciones similares tomadas por la Asamblea Nacional, dominada por la bancada del Frente Sandinista, que persigue a los organismos no gubernamentales y recientemente eliminó la autonomía universitaria para perpetuar el control del régimen sobre la educación superior, a través de reformas legislativas”, sigue el escrito.

Y cierra: “Solidarizarnos con los científicos y científicas de Nicaragua, nos sumamos a la declaración de IANAS e instamos al gobierno de ese país para que reconsidere esta medida arbitraria e injusta y restablezca en forma urgente el estatus legal de la Academia de Ciencias de Nicaragua”.

Pero, ¿cómo surgió la idea de esta carta?

A través del Consejo Asesor Científico Tecnológico del Congreso Futuro, que componen rectores de universidades estatales y privadas, así como la Academia Chilena de Ciencias, el directorio de la Fundación Encuentros del Futuro (FEF) y la Comisión Desafíos del Futuro del Senado, se decidió dar el paso.

El texto va firmado por 37 de los miembros del Consejo Asesor: Cecilia Hidalgo, Presidenta de la Academia de Ciencias de Chile, Francisco Chahuán, Presidente de la Comisión Desafíos del Futuro, Guido Girardi, Vicepresidente de la Fundación Encuentros del Futuro, María Teresa Ruiz, Directora de la Fundación Encuentros del Futuro, Ennio Vivaldi, exrector de la U. de Chile, además de los rectores Ignacio Sánchez (PUC), Rosa Devés (U. de Chile), Rafael Rosell (U. del Alba), Eduardo Silva (U. Alberto Hurtado), Claudio Elórtegui, (UC de Valparaíso), María Olivia Recart (U. Santo Tomás), Cristhian Mellado, (UC de La Santísima Concepción), Carlos Saavedra (UdeC), José Antonio Guzmán (UAndes), Eduardo Hebel (U. de La Frontera), Óscar Garrido (U. de Los Lagos), Elisa Araya (Umce), Julio Castro (U. Andrés Bello), Santiago González (U. Central), Natacha Pino (U. Aysén), Marisol Durán (Utem), Pilar Romaguera (U. de las Américas), Celso Arias (U. Atacama), José Rodríguez (U. San Sebastián), Teodoro Ribera (U. Autónoma), Luis Loyola (U. de Antofagasta), Juan Manuel Zolezzi (Usach), Diego Durán (UC del Maule), Juan Oyarzo (U. de Magallanes), Patricio Manque (UMayor), Rodrigo Alda (UC del Norte), Mario Cataldo (U. del Bío-Bío), Darcy Fuenzalida (Federico Santa María), Hans Richter (U. Austral), Rafael Correa (U. de O’Higgins), Osvaldo Corrales (U. de Valparaíso) y Federico Valdés (U. del Desarrollo).

Guido Girardi, vicepresidente ejecutivo de FEF, entrega detalles sobre los albores de la carta: “Como el Consejo Asesor tiene a casi todos los rectores de las universidades chilenas, hablando con María Cecilia Hidalgo nos pareció interesante, porque en Chile hay muchas cosas que dividen, pero aquí hemos apostado a unir lo distinto, derechas con izquierdas, universidades estatales con privadas. Los invitamos y se sumaron casi todos los rectores, además de parlamentarios como Chahuán. Todo eso simboliza transversalidad”.

“Chile necesita en estos momentos de tanta polarización, momentos de visión compartida y qué bueno que sea solidarizando, en un acto dictatorial de una dictadura de izquierda”, suma el exparlamentario.

Claudio Elórtegui, máxima autoridad de la UC de Valparaíso y uno de los firmantes, asegura que, a pesar de las diferencias recientes entre los rectores, “hay valores fundamentales compartidos y en esta declaración se ve eso: los valores propios de la institución universitaria, del desarrollo de la investigación y del conocimiento. En eso los rectores en general estamos muy alineados”.

“Esto tiene que ver con la cancelación de la personalidad jurídica de la Academia de Nicaragua, junto con hostigamientos a universidades jesuitas en ese país, con un rector amenazado de muerte, una situación insoportable desde el punto de vista de la falta de respeto por los derechos humanos. En lo personal siempre he condenado esto, por eso no tuve dudas para adherir”, justifica Elórtegui.

Osvaldo Corrales, rector de la estatal de Valparaíso, señala que más allá del origen de la misiva, “en mi calidad de rector de una universidad pública siempre me ha parecido relevante defender valores que son inherentes a nuestras instituciones”. Esos valores, agrega, “son completamente incompatibles con acciones que tiendan a conculcar dichas libertades, ya sea que provengan de gobiernos o de otros grupos organizados”. Y añade: “Lamentablemente, hemos recibido noticias muy preocupantes en torno a que en Nicaragua el Estado ha adoptado medidas represivas que afectan a universidades y organizaciones de carácter académico. Cancelar la personalidad jurídica de la Academia de Ciencias de Nicaragua me parece un acto repudiable y por tanto estimo un deber y un acto de mínima coherencia manifestar públicamente mi solidaridad con ellos”.

Respecto del hecho que muchos rectores de universidades públicas, privadas tradicionales y no tradicionales hayan firmado esta declaración, Corrales cierra: “Me parece que habla bien en el sentido de que compartimos ciertos mínimos democráticos y del compromiso que ello implica de actuar siempre en consecuencia”.

Otro de los firmantes, Federido Valdés (U. del Desarrollo), cuenta que la idea de firmar la misiva llegó primeramente a través de un mensaje de Guido Girardi al grupo de WhatsApp del Consejo Asesor Científico del Congreso Futuro. “Me pareció necesario respaldarla porque rechazo totalmente los actos arbitrarios del gobierno sandinista de Nicaragua, que son muchos, y este es especialmente grave”.

Valdés dice, además, que “los rectores tenemos diferencias en muchas materias, pero estuvimos de acuerdo en condenar los actos arbitrarios de parte del tirano Ortega contra los científicos de Nicaragua”.

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