Cuando al mediodía de ayer la PDI comenzó a realizar diligencias en el terreno de la casa de Hugo Bustamante (55), la opinión pública comenzó a trasladarse hacia al Poder Judicial. Y luego de que la policía civil, junto con la fiscalía, confirmara que Bustamante es el único imputado en la causa y el principal sospecho de ser el presunto homicida de Ámbar Cornejo (16), las críticas se volcaron fuertemente hacia los jueces.

¿La razón? La decisión de la comisión de libertades condicionales de Valparaíso, que en 2016, pese a un informe de Gendarmería que recomendaba lo contrario, de conceder la libertad condicional a Bustamante. El imputado en ese tiempo llevaba cumplidos 11 años —de una pena de 27 años—, luego de haber sido condenado por asesinar a su pareja y al hijo de 9 años de ella. Por ese crimen, Bustamante se hizo conocido como “el asesino del tambor”, ya que luego de cometer ambos homicidios puso el cuerpo de las víctimas en un tambor con cal y agua, que luego enterró.

Dicha comisión fue presidida por la ministra de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Silvana Donoso. También estuvo integrada por Paula Ramos, jueza del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Valparaíso; Alonso Arancibia, juez del Tribunal de Juicio Oral en o Penal de Viña del Mar; Loreto León, jueza del Juzgado de Garantía de Viña del Mar; y Eduardo Saldivia, juez del Juzgado de Garantía de Valparaíso. Sin embargo, fue hacia Donoso, en su calidad de presidenta de la comisión, que se han dirigido todas las críticas y “funas” por redes sociales. De hecho, ayer en la tarde se le destinaron rondas policiales cerca de su domicilio debido a las amenazas que se estaban recibiendo.

“Donoso se ha caracterizado por su postura garantista, por la técnica y ética profesional”

Por eso, hoy un grupo de 36 abogadas profesoras de derecho penal, criminalística y defensoras de derechos humanos, redactaron una carta en apoyo de la magistrada Donoso. “Como mujeres, abogadas y académicas de Derecho y Criminología, todas defensoras de los derechos fundamentales de las personas, todas conocedoras de la importancia de la inserción de la perspectiva de género en las decisiones judiciales, rechazamos las demandas de mayor punitivismo y el ataque recibido por la Ministra Silvana Donoso, en relación con la libertad condicional otorgada en el año 2016 al presunto autor del lamentable femicidio de la adolescente Ámbar”, parte la misiva.

Las firmantes también hacen una crítica a lo que denominan el “populismo penal” que se ha tomado el debate generado sobre esta situación: “Lamentamos que el populismo penal encuentre suelo fértil en algunos sectores de la clase política y del movimiento feminista. Creemos que las garantías del individuo son infranqueables y entendemos como absolutamente equivocada la respuesta exclusivamente punitivista que se ha dado a las demandas de las mujeres. Es un error político y de política criminal mantener un camino que busca exclusivamente el aumento de penas y reducción de garantías, pues distrae de la pendiente y urgente discusión sobre la evaluación de la eficacia de políticas públicas y la implementación de programas para enfrentar la violencia de género en contra de las mujeres, adolescentes y niñas”.

Luego, las abogadas que adhirieron a la carta se centran en las “funas” realizadas hacia la magistrada Donoso. “La trayectoria de Silvana Donoso se ha caracterizado por su postura garantista, por la técnica y ética profesional. De hecho, la primera decisión en Chile con perspectiva de género en el contexto del actual estado de pandemia es de su coautoría, entre varias otras, cuando sustituyó la pena privativa de libertad de una mujer con embarazo de alto riesgo por el arresto domiciliario, en cuya fundamentación se hace referencia a la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW)”.

Finalmente, la misiva aborda el debate suscitado por la decisión de la comisión de libertad condicional: “A su vez, la decisión que otorgó la libertad condicional de Hugo Bustamante entre otros 741 internos en el año 2016, fue pronunciada por una Comisión formada por cuatro magistrados y debidamente motivada en los criterios objetivos establecidos en la ley vigente a la época, es decir, respetuosa de la legalidad. Entendemos que el principio de legalidad es uno de los pilares del Estado de derecho y su observancia es más que esperada, siendo obligatoria en la labor judicial. Una sentencia judicial contraria a la legalidad, sí podría ser motivo legítimo de indignación social, aparte de las consecuencias legales que podría generar a los magistrados que la otorgasen. Insinuar o afirmar que Silvana Donoso tiene responsabilidad en el lamentable y brutal femicidio de Ámbar es irresponsable y equivocado”.

Lea aquí la carta completa:

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