“No pueden desatender sus responsabilidades”: Suprema critica a alcaldesa Hassler y delegada Martínez por delincuencia en sector donde está la casa de Boric

Un nuevo golpe dio la jornada del lunes 29 de enero la Tercera Sala de la Corte Suprema. Tras un recurso de protección interpuesto por la Comunidad Condominio Agustinas 3160, el máximo tribunal ordenó a la Delegación Presidencial de la RM y a la Municipalidad de Santiago emprender acciones para garantizar el bienestar de los vecinos del sector de Parque Portales, ubicado en el Barrio Yungay y a solo metros de la casa donde vive el Presidente Gabriel Boric.

Por medio del escrito representado por Karina Ciudad Campos, los vecinos aseguraban que no se estaban respetando sus garantías constitucionales, dado que ambas entidades no habían dispuesto medidas para contener el creciente número de personas en situación de calle que se instalaron en las inmediaciones de dicho parque.

Y es que dicha situación, como relataron, ha afectado la salubridad del sector, así como la seguridad de los habitantes de la zona, quienes declaran enfrentar diariamente problemas como peleas con armas blancas o presenciar y padecer asaltos.

Ante ello, desde el municipio indicaron que han realizado una serie de operativos en el lugar, practicándose 50 visitas con el fin de ofrecer apoyo social en terreno, practicar labor socioeducativa y coordinando operativos con la Dirección de Aseo y Seguridad de la Municipalidad. Sin embargo, dado el nivel crítico del problema, desde Santiago también indicaron que resolver el asunto era materia tanto del Ministerio de Desarrollo Social como de la Delegación Presidencial.

Pese a ello, y considerando que en medio de la tramitación del recurso se pidió informe al organismo encabezado por Constanza Martínez (CS), los ministros llegaron a la conclusión de que la entidad dirigida por Irací Hassler nunca había solicitado apoyo en razón de esta problemática.

Así las cosas, y en orden a las atribuciones que les competen tanto a Santiago como a la Delegación, la Tercera Sala dispuso que ambas entidades, previa coordinación, deben ejecutar un plan conjunto de intervención en la zona.

“Corresponde tanto a las municipalidades como a las Delegaciones, regionales y provinciales, el velar por la pronta y eficiente solución del problema que aqueja a los recurrentes, en tanto la municipalidad tiene la calidad de administradora de los bienes nacionales de uso público de su comuna, y el deber de mantener el ornato y especialmente el aseo de la misma. Por su parte, las Delegaciones Presidenciales, Regionales y Provinciales se encuentran expresamente mandatadas por la ley a mantener la seguridad y el orden público en su territorio de competencia y de sus habitantes”, se lee en el fallo de 10 carillas que pudo revisar La Tercera.

Teniendo en cuenta las argumentaciones realizadas por las partes, además, en la resolución de los ministros se establece que “ninguna de las instituciones informantes puede desconocer la responsabilidad que les cabe en esta problemática social, pues aún existiendo varias instituciones y autoridades llamadas a su resolución, es su deber, en tanto órganos del Estado, actuar mancomunadamente para otorgar las soluciones que los habitantes de la República requieren, en virtud de encontrarse al servicio de la persona humana”.

De la misma forma, el fallo sostiene: “Ante la ausencia de acciones concretas de la autoridad política y administrativa, es la falta de celeridad en la tramitación de las distintas acciones legales previstas en nuestro ordenamiento jurídico, aquello que hace menester adoptar medidas por la presente vía que protejan las garantías constitucionales que se han visto amagadas por la situación en estudio, sin pretender, en ningún caso, reemplazar o actuar de sustituto de las diversas acciones civiles y penales que procedan”.

Por ende, el máximo tribunal dejó abierta la puerta a que los afectados pueden presentar nuevas acciones por la vía civil a fin de que se subsane el daño que les fue causado.

Y además dispusieron que la Municipalidad de Santiago y la Delegación Presidencial deberán adoptar, en un breve plazo y previa coordinación, “un plan de medidas que procure la protección eficiente e integral de las personas que han visto amagados sus derechos en los términos expresados en este fallo, con miras a evitar el acaecimiento de este tipo de sucesos en su contra en lo sucesivo, otorgando una solución al problema planteado en autos”.

Frente a la determinación, desde el municipio indicaron a La Tercera que “como siempre lo ha hecho, dará cumplimiento al fallo de la Corte Suprema. En este caso, se están realizando las coordinaciones con la Delegación Presidencial y los diferentes departamentos que intervienen en estas situaciones para que los operativos de despeje se puedan realizar lo más pronto posible”.

Complementaron, en ese sentido que, “de manera permanente la Municipalidad de Santiago a través de las Direcciones de Desarrollo Comunitario, de la Dirección de Seguridad y Prevención y de la Subdirección de Aseo y Limpieza Urbana, trabajan para asistir a las personas en situación de calle, ofreciéndoles apoyo social integral, derivación a albergues, traslado a recintos de salud en caso de requerirlo, y vinculación con sus familias. Asimismo, realizamos operativos de despeje a fin de efectuar el retiro de enseres para la recuperación del uso del espacio público”.

Desde la delegación, en tanto, Constanza Martínez hizo presente que “la seguridad y el orden público son derechos indispensables para la democracia y es prudente que la Corte Suprema exija que sean garantizados. En ese sentido, coordinaremos desde ya, con la Municipalidad de Santiago, las labores correspondientes para las intervenciones necesarias en el Parque Portales”.

Y sumó: “Hemos sostenido un trabajo permanente con el municipio de Santiago y esta no será la excepción. A la fecha se han concretado distintas medidas para la seguridad de la comuna en materia de recuperación de inmuebles y espacios públicos (...) Vamos a abordar con la máxima celeridad la petición de vecinos y vecinas, porque sabemos que la seguridad es su primera prioridad y también la nuestra”.