“El caso de Ámbar es excepcional y está claramente establecido que hubo fallas en el sistema de protección en general”. La socióloga y criminóloga Pilar Larroulet (39) asegura que Hugo Bustamante, único imputado por el asesinato de la menor de 16 años, no debió salir de la cárcel. Pero, enseguida, plantea lo engañoso que es analizar el sistema de libertades condicionales a la luz de un único y particular caso. “Lo que la evidencia señala sería favorecer las libertades condicionales como mecanismo de salida de la cárcel”, recalca.

En esta conversación, la académica del Instituto de Sociología de la UC, habla de las deudas pendientes de todos gobiernos de centro izquierda y derecha con la problemática de la reinserción. “Acá no hay nadie que pueda sentarse hacia atrás y decir “nosotros sí lo hicimos y ellos no”, asegura.

“El nudo crítico de este tema es justamente la voluntad política a poner recursos en el tema de la libertad condicional que no es popular. Nunca el tema carcelario es popular y tampoco lo es el caso de la libertad condicional, pero esto efectivamente requiere recursos estatales... Si hay solo control y nada de soporte, los terminas devolviendo a la cárcel aunque estén en un proceso de reinserción exitosa”, plantea.

La historiadora y magíster en Sociología UC ha dedicado gran parte de su vida profesional al análisis de la problemática carcelaria y, en particular a la reinserción de mujeres. Es máster y candidata a doctora en criminología en la Universidad de Maryland y en 2018 obtuvo una beca de post grado en criminología feminista en la Sociedad Americana de Criminología.

Habla con entusiasmo del trabajo que ha realizado en esa área con la historiadora y candidata al Premio Nacional de Historia, Ana María Stuven, con quien partió haciendo voluntariado en la Cárcel de Mujeres poco después de egresar de la universidad. Y con quien al inicio de la pandemia abogó públicamente a favor de que el gobierno enviara una Ley de Indulto que redujera los riesgos de contagio al interior de los penales.

En la conversación con La Tercera PM, la docente de la UC -casada con el subsecretario de Servicios Sociales, Sebastián Villarreal- recalca varias veces que lo suyo es la investigación y no la política contingente, donde su padre, el economista Cristián Larroulet, cumple un rol clave como jefe de asesores del segundo piso del presidente Sebastián Piñera. La académica enfatiza que jamás ha pensado en asumir un rol ejecutivo. “Me fascina la ventaja de la academia, que te permite meterte en profundidad en algunos temas. No me veo como una hacedora de políticas”, reafirma.

-Usted planteada que hoy se abre la libertad condicional pero el único control posterior es ir a firmar una vez al mes. ¿Un sistema de acompañamiento habría hecho una diferencia en el caso de Hugo Bustamante que salió en libertad condicional en 2016?

Hay dos preguntas que hay que distinguir. Una es la selección de los casos, quién accede. Es decir, qué información hay que tener para saber a quién otorgarle o no. Y el otro tema es cómo se acompaña. En el caso de Hugo Bustamante fallaron las dos cosas. Es difícil atribuir la falta de delegado en su caso, cuando la pregunta es si debiese haber salido o no....

-Esa crítica el Congreso la está centralizando en Silvana Donoso, presidenta de la comisión de libertades condicionales de la época...

Sí, aquí claramente hay juegos políticos de por medio. Yo creo que es difícil. Hay que reconocer que hubo un error en la salida de Hugo Bustamante, de eso no hay ninguna duda y los mismos magistrados lo han dicho. Pero hay también hay que entender si se apegaron al derecho o no. Y ahí está claro que la interpretación que hacía la Corte Suprema en su minuto y salió en temas de delitos de lesa humanidad esto como un derecho y no como un beneficio. Entonces es difícil juzgar con los ojos de hoy la mirada que había ese mismo año.

Jaime Winter, defensor de la magistrada, dice que haber tomado en consideración el informe de Gendarmería que desaconsejaba la salida de Bustamente, habría sido ilegal.

El tema central es cómo juzgamos con los ojos de hoy lo que ocurrió hace cuatro años y que llevó a la reforma de 2019. Dicho esto, hay que entender que siempre van a haber errores, quizás no tan dramático como este. Uno nunca está esperando un caso así, porque él tenía un precedente similar al delito que volvió a cometer. Pero hay casos en que vas a darle una condicional a una persona que estaba presa en un robo con violencia, por ejemplo, y esa persona podría cometer homicidio. Estamos hablando de probabilidades, pero en promedio hay que entender que las personas que salen con libertad condicional reinciden muchísimo menos. En general la selección no está mal hecha, en general. Ni siquiera la selección de ese año. Mi preocupación de esto es no ponerle la lápida a la libertad condicional, sino que plantear que es un beneficio para todos. Para la persona y para la seguridad pública.

“En promedio hay que entender que las personas que salen con libertad condicional reinciden muchísimo menos. En general la selección no está mal hecha, en general...”

Pilar Larroulet, académica UC

¿Es reduccionista centrar el problema en la actuación de una magistrada? ¿Impide que el Congreso aborde el tema de fondo?

Depende, si se quedan solo en eso, sí. Pero si no se quedan solo en eso y se levanta lo otro, uno podría decir que no. Son distintas motivaciones, yo tengo una opinión súper determinada sobre este tema pero es mía, yo no soy diputada. Prefiero no entrar ahí. Lo que sí me parece relevante es que una acusación constitucional no resuelve el problema porque hay un problema de voluntad política de invertir realmente recursos en proceso de egreso de las personas de la cárcel.

¿Y esa falta de voluntad política es transversal a los últimos gobiernos?

Ninguna duda. Uno mira cómo aumentó la población penal durante los gobiernos post... yo me acuerdo haberlo discutido con profesores gringos. El aumento en el caso chileno se da en periodo de gobiernos de centro izquierda, que es súper anormal y que habla de una cultura más punitiva en el país. Algunos cambios se hicieron en 2012 con penas alternativas a raíz del incendio de la cárcel de San Miguel, y bajo un gobierno de centro derecha; eso es súper contraintuitivo. Acá no hay nadie que pueda sentarse hacia atrás y decir “nosotros sí lo hicimos y ellos no”. La ley de ejecución de penas lleva discutiéndose dos gobiernos enteros.

El discurso más popular es poner atajo a los beneficios, como el slogan de “terminar con la puerta giratoria” de Piñera.

El discurso contrasta con las políticas que se hicieron durante su primer mandato, que es donde yo me atrevería a decir que más se avanzó, curiosamente. Se hicieron cambios al sistema que apuntaban en una línea correcta, pero no de reinserción, porque nadie está mirando esa parte. Es interesante porque en el gobierno anterior se hizo un trabajo grande para una política de reinserción que se le entregó al Papa cuando vino a Chile, pero todo lo que aparece en ese documento es sobre lo que ocurre al interior de la cárcel, nadie está mirando qué pasa después.