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Punta Peuco: Más de $4.800 millones de inversión contemplaba fallido plan traslado a Colina

Autor: Ivonne Toro

Foto. Agenciauno

El plan original considero la intervención de 3.991 metros cuadrados y un costo total estimado de $4.800 millones. El proyecto se planteó en tres etapas de ejecución. Finalmente, según los documentos a los que accedió este medio, los recursos adicionales para este fin ascendieron a un total de $1.819 millones, ya que se ejecutó sólo la primera fase del proyecto.


La mayor remesa de recursos fue en el año 2015. En esa ocasión, se destinaron $1.665 millones a la refracción del pabellón ASISTYR del Centro de Cumplimiento Penitenciario Colina 1 donde, hasta el fin del gobierno de Michelle Bachelet, se planificaba la reubicación de los 127 presos por violaciones a los derechos humanos recluidos en el Penal Peuco de Til Til. El traslado, como reveló este medio, intentó ejecutarse sin éxito durante las últimas horas de la anterior administración.

Se trataba, según la información oficial de Gendarmería de la “habilitación y ampliación de un módulo de reclusión con una capacidad de 314 plazas masculinas al interior del CCP Colina 1, el cual considero la intervención de 3.991 metros cuadrados y un costo total estimado de $4.800 millones. El proyecto se plantea en 3 etapas de ejecución”. Finalmente, según los documentos a los que accedió este medio, los recursos adicionales para este fin ascendieron a un total de $1.819 millones, ya que se ejecutó sólo la primera etapa de todo el plan.

Ésta consideraba la ampliación y remodelación del primer piso existente, lo que implicaba intervenir 1.740 metros cuadrados en un periodo de tres meses con un gasto proyectado de $1.535 millones, que finalmente se zanjó en $284 millones más del presupuesto original y que se traducía en 128 cupos; la segunda fase, que no se desarrolló, tenía un costo total de $1.795 millones e implicaba trabajar en 882 metros cuadrados en el segundo nivel del edificio existente en un plazo de 12 meses lo que entregaba un adicional de 108 cupos; y una tercera etapa, que tampoco se realizó, implicaba una ampliación de 2 niveles del pabellón ASISTYR, lo que se traducía en 80 nuevas plazas por $1.436 millones.

Lo que sí se hizo

A través de licitaciones y tratos directos se destinaron los fondos para la primera fase, según la información entregada a La Tercera PM por el ministerio de Justicia a través de Transparencia, al mejoramiento de los pabellones de “reclusión y visita” en áreas específicas como: Reparación de enfermería, remodelación de pabellones, proyección de muro quebravista existente, proyección de reja de seguridad perimetral en sector ASISTYR, mejoramiento de baños y vestidores y adquisición de un container.

Las obras fueron encargadas a las empresas Alerco, AMV, San Martín y Molival. En noviembre de 2015, Gendarmería elaboró un protocolo de seguimiento. Allí se constató que la proyección estimada, de cerrar todos los trabajos a fines de 2015, no se podría cumplir. “De acuerdo a lo señalado precedentemente, en general se puede concluir que de no adoptarse medidas para incrementar el rendimiento de los faenas, se considera poco probable que la mayoría de las obras cumplan con las fechas de término programadas”.

Se consigna en este texto que si bien la “mayoría de las obras presentan un porcentaje de avance por debajo de lo programado”, los mayores atrasos correspondían a San Martín y AMV, que eran las compañías con una mayor cantidad de obras.

En el año 2016, se siguió con las medidas de restructuración, pero los recursos invertidos ascendieron a $112.994.000. En 2017, en tanto, se usaron sólo $40.190.000 con este objetivo.

El traslado que no fue

El 13 de octubre de 2017, tal como publicó este medio, Gendarmería de Chile envió al ministerio de Justicia el último documento del que queda registro para coordinar el traslado de los reos condenados por violaciones a los derechos humanos que cumplen sentencia en Punta Peuco. El destino mayoritario era Colina 1, pero también se contemplaban penales en regiones.

E incluso se contaba con un informe de la Unidad Operativa de Gendarmería, fechado el 12 de septiembre de 2017, en que se detallaba que se debía tener presente las repercusiones en la salud mental de los internos. Por ejemplo, se advertía que “las personas de tercera edad que son cambiadas de hábitat tienden a presentar desorientación, aumento de ansiedad, de angustia, miedos, entre otras emociones que dificultan su adaptación al nuevo escenario”, y se plantea que están latentes “posibles intentos de suicidios”.

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