Venezuela, tras el lapidario informe de la ONU: Las otras acusaciones que pesan sobre Maduro

En uno de los informes más lapidarios respecto del actuar del régimen venezolano sobre los derechos humanos, hoy se conoció un informe de una misión de Naciones Unidas, que concluyó que existe responsabilidad de Nicolás Maduro y de algunos ministros de su gabinete en “crímenes de lesa humanidad” cometidos en ese país.

“La Misión constató que las autoridades estatales de alto nivel tenían y ejercían el poder con la supervisión de las fuerzas de seguridad y los organismos de inteligencia identificados en el informe como responsables de esas violaciones. El Presidente Maduro y los Ministros del Interior y de Defensa tenían conocimiento de los crímenes. Dieron órdenes, coordinaron actividades y suministraron recursos en apoyo de los planes y políticas en virtud de los cuales se cometieron los crímenes”, reporta el informe.

Pero esta no es primera vez que un organismo internacional realiza un informe donde constata violaciones a los Derechos Humanos en Venezuela. Esto ocurre a tres meses de las elecciones legislativas y del anuncio de indultos para 110 opositores.

En julio de 2019, la Alta Comisionada de la ONU para los DD.HH., Michelle Bachelet, presentó un informe donde instó al Ejecutivo venezolano a “detener y remediar” las graves violaciones a los derechos económicos, sociales, civiles, políticos y culturales que fueron documentados en el país.

El viernes 21 de junio, minutos antes de partir de Venezuela tras una visita de tres días, Michelle Bachelet hizo un balance en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de su paso por Caracas y habló de “graves violaciones a los derechos humanos”. Además, reconoció que la oposición a Nicolás Maduro es víctima de la “violencia política” y pidió la liberación de los venezolanos que han sido detenidos “por ejercer sus derechos de forma pacífica”.

El informe detalla “detenciones arbitrarias” y torturas. “Al 31 de mayo de 2019, 793 personas seguían privadas arbitrariamente de libertad, 1.437 habían sido liberadas incondicionalmente y 8.598 habían sido liberadas condicionalmente y afrontaban aún prolongadas actuaciones penales”, señala el documento de Naciones Unidas.

“En la mayoría de estos casos, se sometió a las mujeres y los hombres detenidos a una o más formas de tortura o trato o pena cruel, inhumana o degradante, como la aplicación de corriente eléctrica, asfixia con bolsas de plástico, simulacros de ahogamiento, palizas, violencias sexuales, privación de agua y comida, posturas forzadas y exposición a temperaturas extrema”, afirma el informe, que sostiene que los servicios de inteligencia (el SEBIN y la DGCIM) recurrieron a estos métodos.

La expresidenta había visitado el país sudamericano tres semanas antes y se había reunido con miembros del gobierno, diputados de la oposición, líderes de la sociedad civil, además de familiares de personas detenidas, desaparecidas y personas exiliadas.

En febrero de 2020, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) debía realizar una visita in situ a Venezuela. La misión debía reunirse con parlamentarios y miembros de la sociedad civil en Caracas y Maracaibo, sin embargo, no fue permitido la entrada de los expertos a territorio venezolano y se optó por realizar entrevistas desde la ciudad fronteriza de Cucutá en Colombia.

En mayo fue entregado un reporte, en el que se criticó duramente las medidas que se tomaban contra los miembros de la oposición que pertenecen a la Asamblea Nacional, además de la falta de independencia del Poder Judicial del Ejecutivo y como ello afecta a los familiares de las víctimas de violaciones a los DD.HH.

También concluye que la fuerte tendencia a la migración de venezolanos se debe a la crisis humanitaria del país.

El 26 de marzo el fiscal general de Estados Unidos, William Barr, informó que Nicolás Maduro debía presentarse ante la justicia de ese país por conspiración para el narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína, y tenencia de armas y otros artefactos destructivos.

Incluso el Departamento de Justicia puso precio “a su cabeza", al poner una recompensa de 15 millones de dólares para quien diera información o capturará al líder chavista.

El anuncio de Barr también incluyó al “número dos” del chavismo, Diosdado Cabello; Vladimir Padrino, ministro de Defensa y Maikel Moreno, presidente del Tribunal Supremo de Justicia.

El 28 de agosto de este año, en medio de la pandemia del coronavirus, Human Rights Watch (HRW) presentó un informe donde acusó al gobierno de Maduro de usar el estado de excepción - aplicado por el Covid-19- como una forma de reprimir con mayor fuerza a la oposición.

“El estado de excepción ha hecho que las fuerzas de seguridad y los grupos armados partidarios del gobierno, que ya cuentan con un récord deplorable de torturas y ejecuciones extrajudiciales, sientan que tienen la facultad de reprimir con mayor ferocidad a los venezolanos”, indica el reporte de HRW.

El organismo, dirigido por José Miguel Vivanco, aseguró, además, que trabajadores de la salud que han hecho publicas sus criticas al manejo de la pandemia han denunciado hostigamientos y persecución. Lo mismo en el caso de abogados de derechos humanos, periodistas opositores y manifestantes. Según constató dicho informe, hay 162 personas que han sufrido acoso de parte de las fuerzas de seguridad gubernamentales.