Desde antes de que empezara el actual periodo legislativo, en el Senado sabían que esta rama del Congreso se vería apremiada por el Poder Judicial.

Actualmente, hay cinco senadores -que representan el 10% de la Cámara Alta- atentos a los movimientos y a las peticiones de la Fiscalía y los tribunales respecto de ciertas causas.

Los legisladores Karol Cariola (PC), Miguel Ángel Calisto (independiente, integrante del comité Evópoli), Loreto Carvajal (PPD), Camila Flores (RN) y Alejandro Kusanovic (ind.) están en distintas condiciones judiciales por casos que están en manos del Ministerio Público.

El caso de Calisto, sin embargo, tuvo una actualización. El viernes de la semana pasada, el senador -quien fue uno de los votos decisivos para que Ejecutivo aprobara en general su megarreforma- pasó a tener la calidad de acusado en la causa “asesorías fantasmas”. Los hechos se remontan al periodo se desempeñaba como diputado, entre 2018 y 2022.

“La prueba ofrecida por el Ministerio Público considera numerosa prueba documental, testigos y prueba pericial la que, a juicio de la Fiscalía, permitirá acreditar en un futuro juicio oral cada uno de los hechos que se imputan a los acusados en esta causa”, aseguró el fiscal regional de Aysén, Hernán Libedinsky.

El avance de la Fiscalía vuelve a remecer el historial de causas abiertas que involucran a los otros cuatro senadores.

En el caso de Cariola -que incluso la llevó a aclarar nuevamente en la sala del Senado que nunca se opuso al acceso de sus cuentas bancarias-, ella está imputada en la causa Chinamart, a raíz de las gestiones que realizó en favor de Bo Yang -también conocido como Emilio Yang- ante la exalcaldesa de Santiago Irací Hassler (PC).

Una de esas gestiones está relacionada con las consultas que hizo a la Municipalidad de Santiago por la patente comercial de un cercano al citado empresario.

En el debate legislativo por el levantamiento del secreto bancario, por la vía administrativa, la parlamentaria comunista fue erradamente apuntada, primero por Rodolfo Carter (del comité republicano) y luego por Luciano Cruz-Coke (Evópoli), porque, supuestamente, se había negado a liberar la información a la Fiscalía a raíz de investigaciones en su contra.

Molesta por las aseveraciones falsas, Cariola pidió usar la palabra, en base a una facultad reglamentaria, para señalar que ella, por el contrario, abrió voluntariamente sus cuentas y que antes fue el tribunal el que había negado el acceso a una solicitud del fiscal Patricio Cooper, de la que no estaba enterada porque la investigación era secreta.

“Yo levanté mi secreto bancario de manera voluntaria y emplazo a todos los senadores de esta sala a que también lo hagan. He votado a favor de todos los trámites del levantamiento del secreto bancario para perseguir el crimen organizado”, dijo la legisladora.

“Por favor, colegas, les pido que un estándar de respeto, que dejen de utilizarme a mí para poder justificar su posición (en contra del alzar el secreto bancario), porque me violenta”, agregó Cariola, junto con plantear que colaborará con la justicia a pesar de que la única causa que sigue abierta -pues las otras aristas ya han sido sobreseídas- ya no se justifica.

La senadora Carvajal es otra parlamentaria que viene arrastrando un conflicto judicial. Esto, a raíz de la arista política de la trama Bielorrusa.

De acuerdo a lo que dio a conocer La Segunda, por instrucción del propio fiscal nacional, Ángel Valencia, encargó al fiscal Libedinsky reunir antecedentes.

La arista se abrió luego de la declaración del abogado Eduardo Lagos, quien está en prisión preventiva, imputado por delitos de soborno.

Lo que habría expuesto el también exdiputado es que la senadora Carvajal habría recibido $ 300 millones de pesos para que realizara gestiones que permitieran que Yamil Najle -actualmente formalizado por lavado de activos en la causa de Ángela Vivanco- obtenga el cargo de convervador de Bienes Raíces de Chillán, lo que senadora ha negado. Actualmente, la causa está en reserva y desformalizada.

Más recientemente, otros dos senadores -ligados a las fuerzas de derecha- han estado en el ojo del Ministerio Pública.

Una de ellos es Flores, quien es investigada por presuntos delitos funcionarios, incluyendo fraude al Fisco.

La práctica de la que se acusa a la parlamentaria es un eventual descuento irregular que les habría realizado mensualmente a asesores. La investigación, sin embargo, sigue en calidad de secreta, aunque ya se han hecho diligencias en oficinas parlamentarias y se han requisado celulares de algunos empleados del Congreso.

En último término está el senador Kusanovic, quien, al igual que a Flores, es investigado por presuntas presiones a funcionarios de su entorno para que destinaran parte de su sueldo a otras tareas.

Aunque el legislador magallánico no se define como parte del oficialismo, se declara como un hombre de derecha. De eso da cuenta que, tras algunas conversaciones con ministros, se allanó a última hora a aprobar en general el megaproyecto, pese que anteriormente mostró resistencia.

“La Fiscalía Regional de Magallanes y la Antártica recibió diversos antecedentes en relación a algunas conductas que se le están imputando al honorable senador Alejandro Kusanovic. Se recibieron esos antecedentes, se abrió una causa que se está investigando, se asignó a la fiscal jefe de Punta Arenas la causa, es una causa vigente y con diligencias pendientes”, informó en su oportunidad el fiscal regional Cristián Crisosto.

Los equilibrios políticos

El hecho de que sean tres los senadores afines al gobierno los investigados (Calisto, Flores y Kusanovic) es un problema para La Moneda. Si las causas avanzan y se les solicita el desafuero, quedarían momentáneamente suspendidos de sus funciones parlamentarias, con lo cual la frágil mayoría con que cuenta el Ejecutivo en la Cámara Alta se desvanecería. La situación de Calisto es más delicada, ya que podría derechamente perder el cargo.

Al tener una mayoría de 26 senadores -el 50% más uno- basta que solo uno de los senadores investigados pase a ser desaforado para que la Cámara Alta quede completamente empatada y obligue al gobierno a negociar ese último voto con algún legislador no aliado para aprobar sus iniciativas.