Columna de Carlos Guajardo García: Más allá de las formas

Por Carlos Guajardo García, Centro de Seguridad Urbana Facultad de Derecho, Universidad Alberto Hurtado.

El “¡Ya basta!”, pronunciado por el General Director de Carabineros de Chile, luego del atropello con posterior resultado de muerte del Cabo Alex Salazar en Concepción, provocó diversas reacciones de sectores políticos y sociales. De sus palabras se pueden desprender múltiples reflexiones sobre su (im)pertinencia, forma y rol en cuanto a la subordinación de la institución al poder civil.

Sin embargo, es necesario analizar el contenido del mensaje expuesto por el General Yáñez con mayor profundidad, ya que las herramientas a las cuales hace referencia no se limitan a vehículos policiales, implementos de defensa o mayor tecnología.

El rol policial se orienta a salvaguardar la integridad de las personas, su propiedad, derechos, libertades y mantención del orden público, teniendo para ello la facultad del uso legítimo de la fuerza. Concepto y actuar, que en ocasiones se “confunde” con abuso policial.

Sin desconocer situaciones lamentables que han vinculado a funcionarios policiales con violaciones a derechos humanos en el contexto del estallido social u otras irregularidades, no es beneficioso para la sociedad ni sano para una democracia el constante juicio mediático-político a la actuación de los agentes de seguridad, ya que esto provoca coacción que deriva en un alejamiento de sus labores esenciales. Cuando un agente policial piensa en las consecuencias que puede significar su actuar dentro del marco de la ley y toma la decisión de no hacerlo, los costos en cuanto a orden y convivencia social pueden llegar a ser muy altos.

En este sentido, el respaldo político es una herramienta clave para cualquier institución policial, lo que no significa que las policías puedan extralimitarse en su actuar, pero tampoco debe representar un limitante para el buen desempeño de su labor.

Un marco jurídico claro de protección del actuar policial, siempre en el marco de la ley, se convierte entonces en una herramienta prioritaria y necesaria, certeza de respaldo político y jurídico para ejercer correctamente su rol y establecer vínculos sanos con la comunidad y el resto de las instituciones del Estado.