Líos de platas: el 59% de los convenios cuestionados a Gores tenía como objetivo entregar apoyo a comunidades y capacitaciones

Seis de los ocho gobernadores investigados en medio del caso líos de platas.

De los 60 traspasos desde los gobiernos regionales, investigados por la Fiscalía, 19 tenían como objetivo realizar actividades formativas a través de distintos proyectos. A estos se suman otros 16 acuerdos en beneficio de la población, como ayuda a pescadores artesanales y familias vulnerables.


“Lo que más me incomoda es que haya personas que inescrupulosamente busquen sacar recursos destinados a familias que viven en condiciones muy básicas para otros fines”.

Así, hace algunos días, el ministro de Vivienda, Carlos Montes, se refería a quienes estarían aprovechándose de fondos que buscaban ir en ayuda de familias vulnerables para fines personales. Y es que el destino de los recursos desviados es uno de los elementos centrales de lo que investiga el Ministerio Público en los traspasos irregulares desde reparticiones públicas a fundaciones o corporaciones privadas.

La Fiscalía indaga los convenios que permitieron entregar millonarios contratos a fundaciones, a través de Seremis y también gobiernos regionales (Gores), estos últimos, duramente cuestionados y en la mira, también, de la Contraloría.

Lo que ocurre en las gobernaciones regionales concentra la atención de ambas instituciones que indagan por carriles distintos el destino de los fondos.

En el caso de la Fiscalía, de los 137 traspasos que hasta ahora se pesquisan, 60 están relacionados con dichos organismos autónomos. Y, de hecho, dicen relación con el 75,5% ($ 23.979.394.674) de los recursos implicados en el caso, y también -como pudo revisar La Tercera- tenían como objetivo ir en apoyo de grupos vulnerables.

De acuerdo con los datos disponibles en los portales de transparencia de las ocho gobernaciones regionales que están siendo investigadas, se desprende que 19 de los proyectos que se financiaron a través de convenios cuestionados tenían como objetivo impartir capacitaciones, 16 eran para entregar apoyo a comunidades vía recursos o insumos, siete para realizar actividades vinculadas al fortalecimiento del turismo y seis para programas de salud.

Además, aparecen cuatro convenios atribuibles a desarrollo de actividades referentes a mascotas y medioambiente, dos promotores de actividades culturales, otros dos relativos a implementación de obras públicas, dos sobre proyectos educacionales y uno para abordar temas de seguridad. En uno de ellos no hay información disponible.

Capacitaciones y apoyo

En términos porcentuales, de la totalidad de los convenios analizados, un 59% tenía como objetivo entregar capacitaciones y apoyo a comunidades. Y un claro ejemplo de ello son los tratos entre el Gobierno Regional de Los Lagos -que desembolsó el 24,3% del total del dinero indagado- en ocho fundaciones.

A la ONG Chinquihue le transfirieron $ 1.428.000.000 para financiar cuatro programas relativos al apoyo de la pesca artesanal y de mujeres emprendedoras.

Por otra parte, el organismo encabezado por el ex DC Patricio Vallespín también entregó $ 1.200 millones a la Fundación Kimün, para supuestamente apoyar a comunidades con un programa de saneamiento de títulos de dominio. Sin embargo, como el mismo vicepresidente de la fundación dijo, esa plata simplemente terminó en manos de otra entidad, por lo que los trabajos no se habrían hecho.

En el caso del Gobierno Regional de La Araucanía, el segundo con más fondos entregados que investiga la Fiscalía, transfirió recursos para programas de distinta naturaleza. Los más cuantiosos al Instituto Hernando de Magallanes y al Instituto Vladimir Nazor ($ 3.895.000.000), que comprometieron la realización de cursos de conducción, programas de reducción de residuos y capacitaciones digitales.

El contrato que más se le cuestiona a la repartición que encabeza Luciano Rivas (Ind-Evópoli) es el que concretó transferencias a las fundaciones Folab y Educc por alrededor de $ 730 millones, y que tenían como objetivo implementar programas “para la autonomía económica de mujeres desocupadas”.

Prometieron cursos de corte de cabello, masoterapia, colorimetría, manicure y pedicure para mujeres de sectores vulnerables, pero estos no se concretaron, por lo que la PDI ya detuvo a los directivos de las organizaciones y el Ministerio Público los formalizó por el delito de fraude al Fisco.

Por otra parte, están los casos por los que se ha cuestionado al gobernador Rodrigo Díaz (ex DC), del Biobío. A modo de ejemplo, se indaga a su repartición por traspasos a Infocap por más de $ 1.300 millones para la capacitación de trabajadores, pero también por transferencias a la ya polémica fundación En Ti, liderada por Camila Polizzi.

Esta última había comprometido una serie de programas de capacitación, pero como ha quedado al descubierto en medio de la indagación, habría sido beneficiada gracias a presuntos vínculos con trabajadores de la gobernación y terminó destinando parte de los dineros a lencería.

Los gobiernos regionales de Arica, Tarapacá, Antofagasta, Aysén y Magallanes también están siendo indagados por el Ministerio Público, pues hay denuncias que los vinculan a presuntos traspasos irregulares a fundaciones. En esos casos, igualmente, se habían propuesto proyectos de ayudas sociales, reparación de inmuebles patrimoniales y capacitaciones, entre otros.

La propuesta de Marcel

Producto de la situación que enfrentan los Gores, y luego de semanas de discusión, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, anunció 20 indicaciones al proyecto de ley sobre el fortalecimiento de las regiones. Esto, con miras a impedir futuras irregularidades y elevar los estándares.

Según detalló la autoridad, una de las primeras modificaciones que se introducirían a los Gores son normas presupuestarias y sobre el control financiero, recaudación y del pago y reintegro de fondos estipulado en las normas de administración financiera del Estado. Todo esto con la supervisión de la Contraloría.

Como explicó la directora de Presupuesto, Javiera Martínez, así se “abordan temas como reforzar los mecanismos de fiscalización, rendición de cuentas y control, modificaciones al ciclo presupuestario y limitar la regulación del endeudamiento”.

Sin embargo, la propuesta fue calificada por la Asociación de Gobernadores y Gobernadoras Regionales de Chile (Agorechi) de “sorpresiva y oportunista”.

Desde la organización dirigida por el gobernador de Antofagasta, Ricardo Díaz, sostienen que las medidas anunciadas “no consideran en ningún aspecto mejoras respecto de los procedimientos de los servicios centralizados y su relación con el tercer sector”.

A juicio de los gobernadores, lo anterior es no entender que el problema “es más integral”, y por lo mismo les habían entregado a las autoridades de gobierno medidas que finalmente, según ellos, no fueron consideradas”.

De esta forma, la agrupación terminó calificando la acción del Ejecutivo como un “boicot” en contra de la descentralización.


“No se quiere favorecer intereses personales”

Ricardo Díaz - Gobernador de Antofagasta

Tranquilo dice estar el gobernador Ricardo Díaz por la investigación de la Fiscalía al convenio suscrito con la Fundación ProCultura. Dice que el trato fue visado por la Contraloría, dado que había boletas de garantía y, además, se trabajaba con ellos desde la administración del expresidente Sebastián Piñera.

“La definición de trabajar con Procultura venía de la administración anterior, era un proyecto que venía del tiempo del ex presidente Sebastián Piñera, lo que se demuestra incluso mediante correos de la época. Nosotros para autorizar pedimos informe a Subdere que lo validó. Y gran parte de la explicación de por qué se trabajó tanto con el sector privado sin fines de lucro, es porque se había eliminado la posibilidad de hacer transferencias consolidables, que son las transferencias a servicios públicos”, sostuvo.

Según enfatiza la autoridad, acá “no hay ninguna evidencia de algún manejo de intereses personales para favorecer a una fundación”. Definieron los proyectos, como indicó, siempre apegados a las normas que establece la Ley de Presupuesto. “No hay nada que no corresponda a las especificaciones de la glosa”, remarcó. En esa misma línea, afirmó que se trabajó con el sector privado, pues “se había eliminado la posibilidad de hacer transferencias a servicios públicos”.

Respecto de posibles modificaciones respecto de la Ley de Presupuesto, indicó: “Es muy mala señal por parte de algunos parlamentarios tomar decisiones permanentes basados en casos anómalos. Lo que hay hoy en realidad, son unos pocos casos anómalos, con algunas fundaciones en particular que no representan más del 3% de la ejecución presupuestaria de los gobiernos regionales. Y entonces tomar una decisión que afecta al 100% de ejecución de los gobiernos regionales, que afectan a organizaciones sociales y civiles, que afectan a la ciudadanía que vive en regiones, sólo por un afán de exagerar lo que ha ocurrido con algunos convenios; es una pésima señal. Yo espero que el Parlamento esté para cosas mayores, esté para desafíos mayores. Y detener la descentralización es un golpe a la democracia”.

Enfatizó, de todas formas, que los gobernadores regionales “en el mes de mayo, en el proyecto de Ley de Regiones más fuertes, en conjunto con el Ejecutivo, planteamos una serie de medidas que apuntan a mayor transparencia y mayor control del gasto de los gobiernos regionales. Entre esas medidas está, por ejemplo, la intervención de Hacienda en el Gobierno regional si que se está haciendo mal manejo presupuestario. Está la posibilidad de perder el cargo si es que hay faltas a la probidad. Por lo tanto, las medidas que nosotros hemos puesto en ese proyecto son mucho más exigentes, que las que han mencionado algunos parlamentarios”.

“La prioridad es garantizar la equidad”

Gore del Biobío, encabezado por Rodrigo Díaz

Lo primero que destacan desde el Gore de Biobío al abordar la polémica es que están comprometidos “con esclarecer cualquier duda que pueda surgir”, pues siempre trabajaron con fundaciones “siguiendo criterios objetivos y transparentes, enfocados en la idoneidad de sus proyectos, su trayectoria y su capacidad para contribuir”.

Por lo mismo, desde la entidad enfatizan que se decidió poner término a convenios con En Ti, con miras a “salvaguardar los intereses de la región y los recursos públicos involucrados”, a raíz de los cuestionamientos en el caso que involucró a Camila Polizzi.

“Ningún funcionario ha influido en favor de alguien en la selección de convenios. Nuestra prioridad es garantizar la equidad, la transparencia y la eficiencia en la asignación de recursos”, señalaron desde el Gore.

De acuerdo con lo detallado desde la repartición, “el proceso de definición de proyectos o programas para destinar recursos a través de convenios con fundaciones sigue un enfoque estructurado y meticuloso. Nace de la identificación de necesidades concretas en nuestra región, tanto en términos de infraestructura como de desarrollo social y comunitario. Una entidad interesada en obtener financiamiento del Gobierno Regional presenta una propuesta que es evaluada por un comité de preinversión. Este comité realiza un análisis exhaustivo de la propuesta para determinar su viabilidad técnica, económica y social”.

Una vez que una iniciativa es aprobada por el comité de preinversión, complementaron, “pasa a la aprobación del Consejo Regional, donde se evalúa su coherencia con la estrategia de desarrollo regional y su capacidad para generar impacto positivo en la comunidad. Si obtiene la aprobación del Consejo Regional, se procede a la firma del convenio y a la transferencia de recursos a la entidad ejecutora”.

En los mismos términos, agregaron: “Para garantizar la integridad y la calidad de los convenios, estamos implementando medidas adicionales de supervisión y control, la implementación de más de 15 medidas de transparencia, la incorporación del ex contralor regional Manuel Cerda y la implementación de medidas de compliance. Esto incluye una revisión más exhaustiva de las propuestas y un monitoreo más cercano de la ejecución de los proyectos en curso. Además, estamos fortaleciendo nuestra colaboración con órganos de control y entidades fiscalizadoras para asegurar una rendición de cuentas más sólida y transparente en cada etapa del proceso”.

“Buscan empatar con casos que son realmente graves”

Luciano Rivas - Gobernador de La Araucanía

Para el gobernador de La Araucanía las críticas que enfrenta son una muestra de revanchismo político, y por lo mismo, dice enfrentarlas con “decepción”. A su juicio, ha recibido acusaciones infundadas, “sin pruebas reales”, ya que estima que se estaría “buscando empatar con casos que son realmente graves que dañan la fe pública”.

“Yo me metí en esto para hacer las cosas bien, pero hay quienes siguen con las malas prácticas. Espero que cuando hable la justicia, estas personas sean capaces de reconocer sus errores. La transparencia y la justicia deben prevalecer para recuperar la fe en la política”, comentó.

Los programas que financiaron, sostiene, se evaluaron técnicamente y cumplían con el marco legal, y por eso fueron aprobados, como indica, por el consejo y Contraloría. Aún así ya terminaron contratos con Folab y Educc.

“Estoy tranquilo de no haber favorecido o influido en alguna entidad particular, y tengo plena confianza en los equipos de la gobernación. Confío que tanto la investigación de la Fiscalía como la auditoría de Contraloría determinarán lo mismo”, dijo.

Esto, argumentó, porque los programas que ejecutaron “se enmarcan dentro del programa de gobierno que presentamos como Gobierno Regional. Esta ha sido una hoja de ruta que ha marcado nuestro actuar en las 32 comunas sin distinguir color político y de esto puede dar cuenta el apoyo transversal que hemos recibido de los alcaldes de la región después que se conocieron estas denuncias infundadas”.

Igualmente, fue enfático en que “en este Gobierno Regional hemos hecho las cosas bien desde el primer día que asumimos. Le enumero: Primero, pasamos todos los convenios por aprobación del CORE a pesar que la norma aprobada por diputados del Frente Amplio lo solicitaba para aquellos casos sobre las 7.000 UTM; Segundo, la ley no pedía antigüedad para las fundaciones y nuestros convenios son con aquellas que tienen al menos más de 2 años de antigüedad.; Tercero, hemos tomado la decisión de querellarnos contra Folab y Educc y vamos a recuperar cada peso defraudado por ellos”.

Con respecto a eventuales cambios en la Ley de Presupuesto, mencionó: “Aquí quiero hacer un llamado a las distintas autoridades responsables en esta área de no satanizar a la relación público/privada porque es la mejor forma hoy de llegar a aquellas personas a las que el Estado no es capaz de llegar”.

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