Tres décadas después del asesinato a balazos del candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Luis Donaldo Colosio, en un mitin electoral en 1994, uno de los crímenes que más ha conmocionado a México, la detención de un exagente de inteligencia vuelve a remover uno de los misterios más manoseados de la política mexicana.

La detención de Jorge Antonio Sánchez Ortega, exagente del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), ocurrió el 8 de noviembre en Tijuana, el lugar donde el 23 de marzo de 1994 fue asesinado Colosio. Su arresto ha reanimado la discusión sobre la teoría que postula la intervención de al menos un segundo atacante, hipótesis que desafía la versión oficial sustentada durante décadas. Además, se dio justo cuando el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum enfrenta una crisis de credibilidad por el homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

A las suspicacias por el uso político del caso, lanzadas desde el PRI, se suma la opacidad de la Fiscalía General de la República que, una semana después de que fue reportada la detención, aún no emitía información oficial al respecto. Una semana después de la reaprehensión de Sánchez Ortega, el juez Daniel Marcelino Niño Jiménez dictó el sábado pasado el auto de formal prisión por el delito de homicidio calificado, validando indicios que habían sido desestimados durante años, destacó el diario El País.

La teoría del segundo tirador tomó fuerza desde los días posteriores al crimen. El relato oficial establecía que Mario Aburto Martínez disparó dos veces contra el candidato presidencial: un impacto en la cabeza, mortal de inmediato, y otro en el abdomen. Sin embargo, los peritajes iniciales de la antigua Fiscalía General de la República y de especialistas identificaron diferencias en la trayectoria, distancia y ángulo de ambos disparos. Diversos médicos sostuvieron que el tiro principal no correspondía con la posición de Aburto y plantearon la posibilidad de un disparo proveniente del frente o el costado.

Según documentó Laura Sánchez Ley, periodista experta en el expediente Colosio, Sánchez Ortega fue asignado a tareas de infiltración en eventos políticos y llegó a Tijuana como parte del despliegue operativo del Cisen. El día del asesinato presidencial del PRI, Sánchez Ortega se ubicó cerca de la escena, donde fue detenido a 15 metros del sitio donde cayó herido el candidato priista. Su casaca blanca tenía visibles manchas de sangre y fue trasladado a la entonces Fiscalía General de la República, detalló Infobae.

En su declaración judicial, Sánchez Ortega negó haber portado arma, argumentando que no se le permitía portarlas en sus funciones de inteligencia, lo que contrasta con los resultados de la prueba de rodizonato de sodio, que dio positivo, lo que indicaba presencia de plomo y bario, elementos asociados a la detonación de armas de fuego.

Sánchez Ortega modificó varias veces su versión ante el Ministerio Público. Al ser careado con Mario Aburto, negó conocerlo y aseguró que la mancha de sangre en su ropa se debió a haber ayudado a cargar el cuerpo de Colosio. No se le encontró arma en posesión y las autoridades de aquel entonces atribuyeron el resultado químico a manipulación de fósforos o gasolina. En ese contexto, la entonces Fiscalía General de la República lo liberó.

Pero, desde 1994, varios testigos declararon haber escuchado al menos tres disparos y observaron a un hombre armado huyendo entre la multitud en Lomas Taurinas, Tijuana. Estos relatos, sumados a las irregularidades señaladas por médicos forenses y la defensa de Mario Aburto en los dictámenes balísticos y forenses, dieron pie a múltiples dudas sobre la versión oficial.

El vicefiscal de la época, Luis Raúl González Pérez, reconoció en reconstrucciones posteriores que no fue posible establecer con certeza la distancia exacta del primer disparo ni esclarecer de forma concluyente la trayectoria, lo que alimentó la hipótesis del segundo tirador y mantuvo abierto el debate público durante décadas, indica Infobae.

Mario Aburto se declaró como el único autor material del homicidio y cumple una condena de 45 años de prisión desde 1994, aunque denunció haber sido torturado.

A raíz de esas quejas, durante la administración de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) la Comisión Nacional de Derechos Humanos recomendó a la fiscalía federal reabrir la investigación.

En todo caso, apunta El País, no es la primera vez, en tiempos de la “cuarta transformación” -en alusión a la visión que tenía López Obrador sobre su gobierno, así como su continuidad de la mano de Morena, el partido político que fundó en 2011-, que la Fiscalía a cargo de Alejandro Gertz Manero revive la teoría del segundo tirador en Lomas Taurinas. El 29 de enero de 2024, acusó al juez quinto de distrito de procesos penales federales, Jesús Alberto Chávez, de negar la orden de aprehensión en contra del segundo tirador, para encubrir el supuesto complot.

De hecho, desde 2024, la fiscalía federal buscaba procesar a un agente de inteligencia asignado como guardaespaldas y solo identificado como Jorge Antonio “S” como presunto autor material del segundo disparo.

El homicidio de Colosio desencadenó una fuerte crisis política en México y siempre estuvo rodeado de polémica por la posibilidad de que fuera alentado desde ciertas esferas del poder, en medio de las luchas internas que tenían lugar en el gobernante PRI para elegir al sucesor del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari, destaca The Associated Press.

A la luz de los nuevos antecedentes, el PRI, el partido que se quebró luego del asesinato de Colosio, acusa al gobierno de Sheinbaum de revivir el caso para desviar la atención hacia el pasado. “¡Otro distractor de la narcodictadura terrorista y comunista! Morena revive el caso Colosio como caja china para tapar el cochinero en el que tienen hundido al país. Tan miserables, que usan la memoria de un priista excepcional para cubrir su ineptitud”, reaccionó el dirigente nacional priista, Alejandro Moreno, inmediatamente después de la detención de Sánchez Ortega.

Hoy, un año medio después de que un juez le negara a la Fiscalía General de la República la orden de aprehensión, el nombre de Sánchez Ortega vuelve a la opinión pública, sin el mismo reflector que le dio López Obrador en enero de 2024 -cuando aludió a la famosa teoría del complot, que desde aquellos años se ha contrapuesto a la versión oficial del asesino solitario, Mario Aburto-, pero con una detención de por medio. Hasta el momento, ni la Fiscalía, ni la presidenta Claudia Sheinbaum, han querido referirse al tema, pero los priistas aseguran que todo es una estrategia para desviar la atención de la crisis mediática desatada por el caso Carlos Manzo.

“Es una muy socorrida forma del gobierno de la cuarta transformación de evadir sus responsabilidades presentes: remitir permanentemente al pasado para justificar sus incapacidades, su falta de acción, sus vicios del presente”, afirma Dulce María Sauri, presidenta del PRI entre enero de 1999 y marzo de 2002.

En una columna de opinión publicada en el diario El Universal, el excanciller mexicano durante el gobierno de Vicente Fox, Jorge Castañeda, recuerda que, “desde un principio, circuló la versión según la cual, además de Mario Aburto, se presentó un segundo tirador en Lomas Taurinas. Primero se habló de Jorge Antonio Sánchez Ortega, un agente joven del Cisen asignado al seguimiento del candidato, y luego Pablo Chapa Bezanilla inventó a Othón Cortés, detenido un año después y absuelto, al igual que Sánchez Ortega”.

“Las múltiples investigaciones realizadas en esa época concluyeron claramente que Colosio murió de dos balazos (en realidad el primero, al cerebro, fue el decisivo), disparados con el mismo revólver Taurus (brasileño) que portaba Aburto. Ambos casquillos fueron encontrados en el revólver al ser detenido Aburto. Se descartó la tesis del segundo tirador por falsedad evidente: si solo fueron dos disparos y ambos con la misma arma, no podía existir otro balazo ni otro asesino”, apunta Castañeda.

Por ello, el excanciller plantea tres dudas ante la reapertura del caso Colosio. “La primera es el paradero, el destino, la vida misma, de Sánchez Ortega, entre 1994 y 2025”. “En segundo lugar, aunque el juez (Daniel Marcelino) Niño Jiménez sea de los que permanecieron en su cargo desde antes de las elecciones del poder judicial, es probable que sea sensible a la amenaza que pende sobre todos los magistrados, electos o no”, agrega.

Y concluye: “La tercera duda es si el impulso de todo este teatro montado proviene de Palacio Nacional o de Palenque. Algunos pensarán que a estas alturas da lo mismo. No estoy seguro. López Obrador tendría sus razones, no electorales, para seguir buscando condenar a Salinas, aunque fuera en ausencia, porque nunca los españoles lo extraditarían. Poco importa que la acusación a Sánchez Ortega sea falsa, y que la tesis de la cadena de mando no valga. Para AMLO, se trata de un asunto de legado, no de hechos ni de votos. En cambio, no veo qué tendría que ganar Sheinbaum con el numerito. Puede distraer a la opinión durante un rato, pero también meterse en otro pleito internacional que no necesita. Ojalá, y por lo menos, que no le eche ganitas al asunto”.