Ahora contra la Corte Suprema: las polémicas y episodios que han marcado el gobierno de Bolsonaro

Durante esta semana, el presidente de Brasil Jair Bolsonaro se ha enfrascado en una nueva polémica, luego anunciar el martes en una manifestación a su favor en Sao Paulo, que rechazará las decisiones juez del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, quien abrió contra el mandatario una investigación por difundir noticias falsas.

Desde su llegada al poder en 2019, ha visto su gobierno marcado por múltiples crisis políticas, una deforestación récord en la Amazonia y su polémica negación del peligro del coronavirus justo en el segundo país más afligido por la pandemia en el mundo.

El 28 de octubre de 2018, Brasil eligió por primera vez a un presidente de extrema derecha, más de 30 años después del fin de la dictadura, período por el que Bolsonaro, bautizado por algunos el Donald “Trump de los trópicos”, no oculta su admiración.

Tan pronto como asumió el cargo el 1° de enero de 2019, prometió “restaurar el orden” en el gigante sudamericano, embarcándose en una cruzada contra el crimen, la corrupción y la “ideología de izquierda”.

Este excapitán del ejército, que aboga por la autodefensa contra la delincuencia en uno de los países más violentos del mundo, ha firmado más de 30 resoluciones destinadas a facilitar la adquisición o porte de armas, pero muchas de ellas han sido bloqueados por la justicia o el parlamento.

Víctima de un apuñalamiento en el abdomen durante la campaña electoral, el presidente fue internado a principios de 2019 para una nueva cirugía abdominal.

Dirigió el país durante dos semanas desde la cama del hospital.

Jair Bolsonaro minimizó la pandemia de coronavirus, calificándola en marzo de 2020 apenas como una “gripe”.

Ha criticado el uso de la mascarilla, rechaza cualquier tipo de confinamiento nacional, pide a los brasileños que “dejen de lloriquear” y condena las medidas tomadas por autoridades a nivel local, a pesar de la magnitud de la pandemia en Brasil, el segundo país más afectado del mundo con más de 584.000 muertes.

En julio de 2020, contrajo una forma leve de Covid-19.

Cuatro ministros han desfilado por la cartera de Salud (dos despidos, una renuncia). Estallaron varios escándalos en torno a la compra de vacunas contra el virus.

Desde abril de 2021, una comisión investigadora del Senado analiza la gestión gubernamental de la pandemia, que ha motivado varias protestas contra Bolsonaro en los últimos meses.

Durante el mandato de Bolsonaro, la parte brasileña de la Amazonía perdió unos 10.000 km2 de bosque por año, el equivalente al área del Líbano, contra 6.500 km2 por año en la década anterior.

En 2019, el fuerte aumento del número de incendios generó gran preocupación internacional, debido al papel esencial de esa biodiversidad en la preservación del clima del planeta.

El presidente está promoviendo proyectos de ley que abrirían áreas protegidas a la minería y la agricultura.

En enero de 2021, el emblemático cacique y defensor del medioambiente, Raoni Matuktire, solicitó a la Corte Penal Internacional (CPI) que investigue a Bolsonaro por “crímenes de lesa humanidad”, acusándolo de “perseguir” a las pueblos nativos destruyendo su hábitat y violando sus derechos fundamentales.

En 2019, como parte de un plan de austeridad, Bolsonaro reformó el sistema de pensiones, con una edad mínima de jubilación y un período de cotización más largo.

Este año, Brasilia realizó subastas de concesiones de una veintena de aeropuertos, terminales portuarias y la empresa de aguas de Rio de Janeiro.

El Parlamento votó en junio para privatizar la compañía eléctrica Eletrobras.

A pesar de un retraso debido a la pandemia, el gobierno espera llevar a cabo un centenar de privatizaciones, por un total de 445.600 millones de reales (unos 85.000 millones de dólares).

En abril de 2020, el ministro de Justicia, el exjuez anticorrupción Sergio Moro, que había condenado a prisión al expresidente izquierdista Luiz Inacio Lula da Silva (2003-2010), dimitió intempestivamente, acusando a Bolsonaro de querer interferir políticamente en la Policía Federal.

En marzo-abril de 2021, la justicia brasileña anuló las sentencias dictadas contra Lula, liberándole el camino para las presidenciales de 2022, en las que aparece como favorito en un eventual duelo contra Bolsonaro, según las encuestas.

En agosto de 2021, el Tribunal Superior Electoral (TSE) decidió investigar al presidente por sus constantes e infundados ataques a la legitimidad del sistema de votación electrónica, establecido en 1996.

El Supremo Tribunal Federal (STF, máxima corte del país) también ordenó la apertura de investigaciones contra él y su entorno, entre otros motivos por difundir información falsa.

El 7 de septiembre, Bolsonaro convocó manifestaciones masivas en las principales ciudades y dijo ante una multitud de seguidores que “solo Dios” podía sacarlo del poder, intensificando los ataques a las instituciones y al sistema electoral.

La mayoría de los analistas cree que los riesgos de que las acusaciones contra el presidente prosperen siguen siendo bajos, gracias a su apoyo en el parlamento. Pero algunos creen que podría volverse inelegible para instancias futuras.