El Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de Libertad (SNAI) de Ecuador entregó un nuevo reporte sobre los tres motines simultáneos que se registraron en diversas ciudad de ese país la jornada de ayer y que dejaron al menos 79 fallecidos.

El organismo además aclaró que son cuatro los centros penitenciarios donde los hechos de violencia dejaron víctimas mortales. De acuerdo al informe hubo 37 fallecidos en dos penitenciarías de Guayaquil (suroeste), 34 en una cárcel de Cuenca (sur) y ocho en un recinto en Latacunga (centro).

Esas penitenciarías concentran un 70% de la población carcelaria de Ecuador.

Por otro lado, se descartaron víctimas mortales entre el cuerpo de custodia, pero se habló de “policías que han sido heridos”, sin precisar la cifra.

La institución añadió que “continúa desarrollando el levantamiento de información de las pérdidas humanas y demás aspectos relacionados con los enfrentamientos” dentro de las prisiones.

La Defensoría del Pueblo tildó de “masacre sin precedentes” los amotinamientos, que también dejan reclusos heridos. La misma instancia constató 103 asesinatos en las penitenciarías el año 2020.

Ante la situación, el Presidente Lenín Moreno ordenó al ministerio de Defensa “ejercer un estricto control de armas, municiones y explosivos en los perímetros exteriores” a las cárceles.

El mandatario debió declarar estados de excepción para el sistema carcelario y movilizar a los militares en 2019 y 2020 para fortalecer el resguardo ante el alto grado de violencia.

Horas antes, el ministro de Gobierno, Patricio Pazmiño, aseguró a través de su cuenta de Twitter de que estos actos violentos eran “acciones concertadas de organizaciones criminales para generar violencia en los centros penitenciarios del país”.

El país cuenta con unas 60 prisiones, con capacidad para albergar a 29 mil personas y en las que hay una sobrepoblación de 30% (38 mil reclusos). El propio cuerpo de seguridad comprende unos 1.500 guardias, registrándose un déficit de por lo menos 2.500 custodios.

El sistema de Naciones Unidas en Ecuador se refirió a los motines, pidiendo una investigación “pronta e imparcial” y sanciones para quienes resulten responsables.

A través de un comunicado, el organismo expresó solidaridad con las familias de las personas privadas de libertad fallecidas y con los heridos.

En ese sentido, exhortó las autoridades a iniciar las indagatorias correspondientes y una vez que se determine a los responsables se les sancione, además de “una gestión de la crisis conforme a los estándares de la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos”.

Finalmente piden al gobierno de Moreno a “que se aborden las causas estructurales de la situación, con el objetivo de prevenir que estos hechos se repitan”, así mismo anuncian que buscar apoyar al Ejecutivo a resolver dichos problemas”.