Por amplia mayoría, el Congreso de El Salvador aprobó el jueves pasado una drástica reforma constitucional que permite la reelección presidencial indefinida. Inmediatamente, grupos de derechos humanos y organizaciones internacionales consideraron la decisión como un “golpe mortal” a la democracia y una “manipulación” a la Constitución para favorecer las ambiciones de poder del presidente Nayib Bukele.

La reforma extiende el período presidencial de cinco a seis años y elimina la segunda vuelta en las elecciones. La reforma obtuvo el apoyo de 57 de los 60 parlamentarios del Congreso, cuya mayoría está conformada por miembros del partido de Bukele, Nuevas Ideas (NI). Además, dispone que el actual período presidencial de Bukele, que empezó en 2024 e iba hasta 2029, terminará anticipadamente el 1 de junio de 2027.

En 2027, entonces, habrá nuevas elecciones presidenciales y serán, en este caso, concurrentes: es decir, ocurrirán al tiempo que las elecciones legislativas y locales. Así, Bukele podría permanecer en el cargo hasta al menos 2033.

La reforma constitucional fue aprobada tras una oleada de detenciones contra defensores de derechos humanos y críticos del gobierno, lo que ha forzado al exilio a decenas de periodistas y activistas humanitarios.

En su primera reacción a la ola de críticas de organismos de derechos humanos internacionales, Bukele aseguró en la red social X a primeras horas de la madrugada este domingo que “el 90% de los países desarrollados permiten la reelección indefinida de su jefe de gobierno, y nadie se inmuta”. Según su mensaje, el problema no sería el modelo político, sino la condición socioeconómica del país.

“Pero cuando un país pequeño y pobre como El Salvador intenta hacer lo mismo, de repente es el fin de la democracia”, ironizó el mandatario de 44 años, quien llegó al poder en 2019 y fue reelegido en 2024 con un 85% de votos que le permitió tener un control casi absoluto de todos los poderes del Estado, recuerda Radio Francia Internacional (RFI).

“Por supuesto, se apresurarán a señalar que ‘un sistema parlamentario no es lo mismo que uno presidencial’, como si ese tecnicismo justificara el doble rasero. Pero seamos sinceros, eso no es más que un pretexto”, agregó en el mensaje, escrito en inglés.

Según Bukele, si El Salvador se declarara una monarquía parlamentaria “con exactamente las mismas reglas que Reino Unido, España o Dinamarca”, las críticas seguirían. “De hecho, se pondrían furiosos si eso sucediera”, aseguró.

“Porque el problema no es el sistema, sino el hecho de que un país pobre se atreva a actuar como un país soberano. Se supone que no debes hacer lo que ellos hacen. Se supone que debes hacer lo que te dicen. Y se espera que te mantengas en tu carril”, añadió.

Los grupos contrarios a la reforma

Amnistía Internacional, Human Rights Watch (HRW), la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) fueron algunas de las organizaciones que se manifestaron en contra del jefe de Estado salvadoreño.

También lo hicieron los opositores internos, como el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), que acusó al gobierno de perpetrar un “golpe de Estado” con la aprobación de dicha reforma. El secretario general del FMLN, Manuel Flores, denunció que estas modificaciones representan una “ruptura del orden constitucional”.

“Han consumado un golpe de Estado desde la Asamblea Legislativa y han aprobado, con desprecio y violación a la ley vigente, la reelección indefinida”, afirmó Flores durante una rueda de prensa, según constató la agencia Europa Press.

Así, desde el FMLN anunciaron que prevén “resistir” a estas medidas y convocaron a movilizaciones “pacíficas” en señal de protesta para “denunciar la situación a nivel internacional”.

Los partidos opositores Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) y Vamos también se mostraron contrarios a la reforma. Entre ellos, la diputada Marcela Villatoro (ARENA) denunció que “hoy ha muerto la democracia en El Salvador”, subrayando que el paquete de medidas ha sido “aprobado sin consulta, de forma burda y cínica”. “Se quitaron las máscaras”, afirmó sobre la coalición gobernante.

Por su parte, Claudia Ortiz, de Vamos, dijo que los legisladores del oficialismo “están diciendo mentiras para hacer creer que esta reforma es para devolverle el poder al pueblo”. “Es evidente que estas reformas que están promoviendo es un plan que tenían trazado desde hace tiempo y que no es para darle el poder al pueblo, es para quedarse el poder ustedes, para que su partido esté en el poder siempre”, señaló.

Desde la otra vereda, los diputados y funcionarios fieles a Bukele han salido a defender la reforma, al asegurar que se trata de un mecanismo para ahorrar dinero público. El argumento es que, al celebrar votaciones cada tres años para alcaldes y diputados y cada cinco para elegir a un presidente, el país convoca constantemente comicios, explica el diario El País.

Bukele inició el 1 de junio de 2024 su segundo mandato consecutivo, a pesar de que varios artículos de la Constitución lo prohíben, tras un cambio de criterio de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema, que la primera Legislatura dominada por el oficialista Nuevas Ideas, en 2021, nombró en un proceso cuestionado.