El pasado fin de semana fue convulsionado en Perú. La bandera pirata del animé japonés One Piece (una calavera con un sombrero de paja) ondeó en Lima y en varias regiones del país, cuando los jóvenes pertenecientes a la generación Z -el grupo de aquellos nacidos entre 1997 y 2012- protestaban en rechazo a la recién aprobada reforma del sistema de pensiones, mirando con descontento las políticas del gobierno de Dina Boluarte y del Congreso.

Desde la Plaza San Martín, miles de estudiantes y trabajadores jóvenes marcharon hacia el Congreso el sábado en medio de un humo de gas tóxico, mientras algunos jóvenes eran heridos a raíz de los enfrentamientos entre manifestantes y la Policía Nacional. Ello, dado que las fuerzas del orden emplearon bombas lacrimógenas y perdigones para dispersar a los participantes, quienes respondieron con piedras, palos y botellas.

Así, los disturbios dejaron un saldo de 18 heridos confirmados hasta la medianoche del sábado y daños en el centro de la capital, según reportes de brigadas médicas voluntarias. Es por ello que el colectivo de la generación Z decidió extender su protesta el domingo, y en esa segunda jornada 5.000 efectivos policiales fueron desplegados en el centro de Lima para garantizar la seguridad y el orden durante el desarrollo de la manifestación.

La polémica reforma de pensiones

La principal motivación de estas movilizaciones en Lima, Piura, Trujillo y Puno es la reciente reforma del sistema de pensiones, establecida por la Ley Nº 32123, que obliga a los jóvenes mayores de 18 años a afiliarse a una AFP o a la ONP, las dos alternativas que existen en Perú para las pensiones.

El sistema privado está administrado por las AFP y el sistema público está a cargo de la ONP. En las AFP cada trabajador tiene una cuenta individual donde se acumulan sus aportes y la rentabilidad que generen las inversiones que realizan las administradoras; es decir, el dinero que deposita el contribuyente se invierte y se refleja en un saldo propio.

En cambio, la ONP funciona como un fondo colectivo administrado por el Estado: las contribuciones van a un fondo común que financia las pensiones de quienes ya están jubilados y no se contabilizan como una “cuenta personal” con rendimientos individuales, explica el portal Infobae.

La reforma obliga a los trabajadores independientes a aportar a las AFP a partir de 2028 y, además, determina que los afiliados menores de 40 años no podrán acceder al 95,5% de su fondo acumulado al llegar a la jubilación, como era hasta ahora, dejando esa opción solo para los mayores de esa edad y cercanos al retiro de su actividad laboral.

Además, extiende la edad de la jubilación anticipada hasta los 55 años, cinco años más que en la norma anterior, y prohíbe el retiro parcial del fondo acumulado individual, explica el diario peruano El Comercio.

Igualmente, la norma busca evitar que se sigan aprobando más retiros parciales de los fondos, después de siete retiros aprobados desde la crisis por la pandemia, con el argumento de que los afiliados se quedarán sin fondos para acceder a una pensión de jubilación. Según cifras del Ministerio de Economía, un total de 2,3 millones de afiliados se han quedado sin fondos, tras los consecutivos retiros parciales aprobados por el Congreso, y si se aprueba otro más esa cifra se elevará a 8,6 millones de afiliados sin saldo.

Si bien el Ejecutivo y el Congreso dieron marcha atrás en las modificaciones e incluso aprobaron el octavo retiro de los fondos de pensiones para apaciguar las aguas, las movilizaciones no se diluyeron y siguieron adelante.

Represión policial

Entre los manifestantes, algunos denunciaron que, al llegar a la plaza, miembros de la policía intentaron arrebatarles los carteles que contenían frases contrarias al gobierno. Uno de los símbolos más visibles fue el del animé One Piece, que ya se había visto en otras marchas realizadas en Lima y también ha destacado en manifestaciones de Nepal, Indonesia, Francia y Filipinas.

Para los jóvenes, esta bandera constituye un emblema de rechazo a la corrupción y la falta de transparencia en la gestión pública. “Esta bandera simboliza la rebeldía frente a la injusticia y la búsqueda de libertad. No son solo principios de un dibujo animado, sino valores universales que la generación Z entiende. Así como en One Piece se lucha contra sistemas corruptos, nosotros levantamos esta bandera como un mensaje claro”, dijo Wildalr Lozano, vocero de generación Z, a la radio Exitosa.

El sábado se registró una de las protestas más violentas de este año. Los choques que estallaron cerca de los edificios del gobierno y el Congreso dejaron al menos 18 personas heridas, entre policías, periodistas y manifestantes. La mayoría de heridos fue por disparos de perdigones de goma de la policía y por golpes de los agentes, entre ellos cinco periodistas que recibieron impactos directos de perdigones y golpes durante la cobertura, según comentaron a medios locales los brigadistas de salud voluntarios.

Las autoridades aún no han reportado un balance final de heridos y detenidos durante las movilizaciones del fin de semana. Según la policía, unos 450 manifestantes participaron en los disturbios de la jornada anterior, en los que también hubo daños en la vía pública.

Una reportera y un camarógrafo de Exitosa denunciaron en directo que recibieron varios disparos de perdigones por parte de agentes mientras informaban sobre la protesta, que fue convocada por jóvenes peruanos y a la que más tarde se sumaron otros colectivos.

El fotoperiodista Juan Zapata, del portal Wayka, fue agredido por policías cuando documentaba el retiro de manifestantes por parte de los agentes. Zapata denunció que su dron resultó destruido durante el incidente.

Otro fotoperiodista, César Zamalloa, del semanario Hildebrandt en sus trece, aseguró que los policías “comenzaron a disparar perdigones (...) directo al cuerpo” de la gente. “En eso siento un impacto en la pierna y la cadera”, según el testimonio que recabó la Asociación Nacional de Periodistas (ANP) en una declaración difundida este domingo en su página de Facebook.

La ANP denunció este hecho e informó que ambos profesionales ingresaron al Hospital Rebagliati para que atendieran sus heridas. Tanto ese gremio como la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos en Perú denunciaron la represión policial durante las manifestaciones.

Por su parte, la Policía Nacional informó en la red social X que detuvo a un hombre de 29 años por la presunta comisión del delito contra la seguridad pública, al incautarle material explosivo. E informó, a través de un comunicado, que entre los 12 uniformados afectados hay “una mujer policía con lesiones de consideración y otro efectivo con diagnóstico de policontuso (...), quienes permanecen en observación” hospitalaria.

Crimen organizado y corrupción institucional

Los asistentes coreaban cánticos dirigidos en contra del Ejecutivo y el Congreso de la República, de mayoría conservadora y afín al gobierno de Boluarte. Además del rechazo por la reforma del sistema de pensiones y otras leyes aprobadas por el gobierno y el Congreso, los manifestantes denunciaron el aumento del crimen organizado.

Las manifestaciones han venido escalando en los últimos seis meses en Perú, a raíz de la ola de extorsiones y asesinatos del crimen organizado, el desprestigio del Ejecutivo y el Congreso, y la corrupción que la ciudadanía atribuye al sector público, según estudios de opinión.

“Me siento indignada, completamente engañada con este gobierno (...) y este Congreso que sirve a todos los partidos políticos (...) que son una mafia enquistada en el Estado”, dijo Xiomi Aguilar, de 28 años, a la agencia France-Presse (AFP). Una enorme pancarta con el lema “Fujimorismo nunca más” fue colgada en el centro de la Plaza San Martín y carteles con las palabras “Dina asesina” y “Todos fuera” se repitieron entre los manifestantes.

Como si fuera poco, las protestas sucedieron tras una semana convulsa marcada por la suspensión de la fiscal general, Delia Espinoza, por negarse a restituir en su cargo a su predecesora, Patricia Benavides, acusada de liderar una organización criminal. Espinoza había buscado declarar ilegal a la agrupación política Fuerza Popular por acciones antidemocráticas, pero el gobierno defendió al partido fujimorista, revelando un acuerdo de reparto de poder que sustenta la presidencia de Boluarte, según la mirada de los analistas políticos.

Por otro lado, el primer ministro Eduardo Arana y el ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, están envueltos en un escándalo relacionado con un audio que presuntamente vincula a Santiváñez con la intervención a favor de un delincuente de alto perfil. En medio de toda esta tensión, el Congreso además aprobó el viaje de Boluarte a Nueva York para la Asamblea General de la ONU.

El último elemento parece ser el colmo para los peruanos, pues, en la recta final de su mandato, que concluirá en julio de 2026, la presidenta Boluarte enfrenta una impopularidad récord: un 79% de los peruanos afirma sentir vergüenza del gobierno y un 85%, del Congreso, conforme una encuesta de la firma Datum realizada entre 1.200 personas y publicada este domingo por el diario El Comercio.

Otro sondeo nacional de la consultora CPI para Radio Programas del Perú (RPP), publicado este lunes, revela que la mandataria tiene 0% de aprobación entre los peruanos de 18 a 24 años y ninguna intención de voto en ese segmento para las presidenciales de 2026. El 94,6% de los jóvenes encuestados rechaza la gestión de Boluarte, mientras que el resto no precisa opinión.

La evidencia recogida por CPI y Datum muestra un rechazo transversal a la figura de Boluarte y a los actores políticos peruanos, con cifras especialmente contundentes entre los jóvenes, destaca el portal Infobae.