Estados Unidos accedió a modificar las sanciones impuestas a Venezuela para permitir que su gobierno pague los honorarios de los abogados que defienden al exmandatario Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, en el proceso por narcotráfico que enfrentan en Nueva York.

La decisión fue adoptada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), que emitió licencias enmendadas autorizando estos pagos bajo condiciones específicas.

Según el documento judicial, los pagos deberán realizarse con fondos disponibles para el Estado venezolano posteriores al 5 de marzo de 2026 y no podrán provenir de fondos de depósito de gobiernos extranjeros.

El cambio representa un giro en la estrategia del Departamento de Justicia y de la administración del presidente Donald Trump, que hasta ahora habían bloqueado el acceso a estos recursos argumentando motivos de seguridad nacional y política exterior.

La defensa de Maduro, encabezada por el abogado Barry Pollack, había cuestionado esa restricción, señalando que impedía financiar adecuadamente la representación legal y vulneraba la Sexta Enmienda de la Constitución de EE.UU., que garantiza el derecho a elegir abogado.

En esa línea, durante una audiencia previa, el juez del caso, Alvin Hellerstein, manifestó dudas sobre la postura de la Fiscalía, al considerar que, una vez detenidos, Maduro y su esposa ya no representaban una amenaza para la seguridad nacional.

El proceso judicial contra ambos se desarrolla en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, donde enfrentan cargos vinculados al narcotráfico y se han declarado no culpables.

Se espera que el juicio formal no comience antes de uno o dos años, mientras continúan las diligencias y definiciones procesales en el caso.

La decisión de Washington busca ahora destrabar el avance del juicio, permitiendo garantizar el derecho a defensa de los acusados sin levantar completamente el régimen de sanciones vigente contra Venezuela.