El mandatario salvadoreño, Nayib Bukele, firmó el miércoles pasado unas reformas constitucionales para aplicar la cadena perpetua a menores desde los 12 años y adultos por delitos de homicidio, femicidio, violación y pertenencia al crimen organizado.

Esto ocurrió en el contexto del progresivo endurecimiento de la política de seguridad de Bukele.

Las reformas penales, que habían sido aprobadas a finales del mes pasado por la Asamblea Legislativa del país centroamericano, estipulan la revisión obligatoria de dicha medida dependiendo de si son menores que han cometido uno o varios delitos o si se trata de una infracción con agravantes.

Las reformas también incluyen la creación y vigencia a partir del 26 de abril de los nuevos juzgados criminales. Estos jueces de lo criminal -previamente denominados jueces de menores- deberán hacer una revisión obligatoria de la cadena perpetua para evaluar un posible régimen de libertad controlada bajo ciertas reglas.

Esta revisión se debería hacer obligatoriamente a todos los reos condenados a perpetuidad cada cinco años a partir de 25 años de prisión para los menores, 30 años para los adultos, 35 para los adultos condenados por varios delitos y a partir de los 40 años de prisión por delitos con agravantes, según las nuevas normas aprobadas.

La Ley Penal Juvenil que se reformó establecía que cuando los delitos fueran cometidos por pandilleros la pena máxima era por hasta 20 años de prisión para los menores con 16 años cumplidos y hasta 10 años cuando un menor haya cumplido 12 años.

La solicitud del Alto Comisionado para los DD.HH.

Antes de su ratificación presidencial, cuando la norma había sido aprobada por el legislativo salvadoreño, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) hizo un llamado público a las autoridades salvadoreñas, en el que instó a revisar la cadena perpetua aprobada para menores que cometan asesinatos, violaciones o participen en “terrorismo”, al considerar que vulnera los derechos de la niñez.

“Instamos a las autoridades de El Salvador a revisar con prontitud los preocupantes cambios constitucionales y legales (...) que prevén la cadena perpetua para niños y niñas desde los 12 años, en contradicción con las normas internacionales de derechos humanos”, indicó la portavoz de la ACNUDH, Marta Hurtado, en un comunicado publicado en X.

Hurtado recordó que, tras esos cambios, los casos de menores condenados a cadena perpetua serán “revisados únicamente cuando hayan cumplido 25 años de detención”, lo que “contraviene la Convención sobre los Derechos del Niño” que exige priorizar “su rehabilitación y reintegración”.

El comunicado concluye señalando que la medida tomada por El Salvador es “perjudicial para los niños y niñas, vulnera varios de sus derechos y afecta su desarrollo y bienestar a lo largo de la vida, reduciendo sus posibilidades de una reintegración exitosa en la sociedad”.

Además, el Comité de los Derechos del Niño y UNICEF señalaron al respecto que la reforma es contraria a los “principios consagrados” en la Convención, de la que El Salvador es parte, y advirtieron que la detención es “perjudicial para los adolescentes” y “altamente costosa e ineficaz para prevenir el delito”.

La respuesta de Bukele

Ante el llamado del organismo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el presidente salvadoreño respondió a la publicación señalando que recomendaciones similares de la misma organización provocaron que las pandillas reclutaran a jóvenes con una ley “que prácticamente daba impunidad para cometer delitos a los menores de 18 años”.

“¿Recuerdan el 27 de abril de 1994? Tal vez ustedes no, pero nosotros sí“, respondió Bukele, en referencia a la fecha en la que se aprobó la Ley del Menor Infractor ”bajo los mismos argumentos del escrito que ahora anexan”.

Luego, el mandatario centroamericano argumentó que fue bajo el amparo de esta normativa que resultó en la creación de las grandes pandillas salvadoreñas (la Mara Salvatrucha y Barrio 18).

“Tres años después, Bill Clinton deportó a los salvadoreños que habían formado pandillas en Estados Unidos. Llegaron a El Salvador y se encontraron con una ley que prácticamente daba impunidad para cometer delitos a los menores de 18 años”, sostuvo Bukele.

Luego, agregó: “Y, por supuesto, los pandilleros recién llegados empezaron a reclutar casi exclusivamente a menores de edad, todos capaces de cometer crímenes atroces con el único riesgo de TAL VEZ enfrentar una PENA MÍNIMA en un centro light, donde incluso llegaban a matar y violar a otros menores que solo habían cometido delitos menores y que sí hubieran podido ser reformados”.

La estricta política de seguridad de Bukele redujo a mínimos históricos los homicidios en el país, que pasó de ser uno de los países más peligrosos del mundo en 2015 -con un registro de 107 homicidios cada 100 mil habitantes- al país más seguro de Latinoamérica bajo este mismo parámetro, con solo 1,3 homicidios cada 100 mil habitantes según datos de InSight Crime.

Sin embargo, la política de seguridad es ampliamente criticada por organizaciones y juristas, quienes denuncian crímenes de lesa humanidad por parte del régimen salvadoreño.

Por ejemplo, en marzo pasado un grupo de juristas internacionales presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos un informe sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco del régimen de excepción de Bukele para combatir a las pandillas.

El informe sostiene que existen bases razonables para creer que “se están cometiendo crímenes de lesa humanidad: encarcelamiento arbitrario, tortura, asesinatos, desapariciones forzadas, violación sexual y persecución”.