El Ejecutivo, en el contexto de la discusión de la modificación de la ley que busca mejorar el procedimiento de expulsión administrativa, propuso una modificación a la polémica indicación que presentaron a la iniciativa: aquella que exigía a instituciones previsionales, de salud y establecimientos de educación que informaran a Contraloría, la PDI o a Migraciones antecedentes sobre extranjeros con procesos migratorios en tramitación. Ahora la propuesta del gobierno excluye a recintos de salud y colegios.

La modificación tenía que ser votada este miércoles en la Comisión de Gobierno del Senado. Sin embargo, y debido a que no hubo falta de quorum, la sesión de esta jornada debió ser suspendida. Por ello, en la siguiente sesión de esta instancia legislativa se definiría la propuesta.

La modificación fue detallada por el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, durante su participación en la ya señalada comisión durante este martes.

Primeramente, enfatizó que “jamás se ha insinuado siquiera, ni en el texto ni el espíritu de la indicación del Presidente de la República, que haya una obligación de denuncia, reporte, a ningún tipo de persona, pero entendemos que la política es lo que es y se generó una sensación de que la redacción podría inhibir, podría tener complicaciones adicionales”.

Así el subsecretario propuso que llegaran a un acuerdo general sobre el tema. Primero, pidió que sea el Servicio Nacional de Migraciones el que pudiera requerir la información “a cualquier organismo público o privado en el contexto de un proceso de expulsión, para precisarlo específicamente, y exceptuando los establecimientos de salud y de educación media, básica y parvularia”.

A esto añadió que estas solicitudes “no pueden ser respecto de datos de menores de edad” y que “el Servicio de Migración en lo pertinente tiene que dar estricto rigor, estricto cumplimiento al tratamiento de datos personales”.

“En ese sentido, para nosotros sería un avance importante poder habilitar a que la Policía de Investigaciones pueda consultar un ámbito importante de entidades sin que eso tenga el efecto no deseado de inhibir ni la presencia de los menores en los colegios ni la de los menores con sus padres a la hora de requerir atención sanitaria”, añadió Pavez.

Así, desde el gobierno esperan responder a una iniciativa que generó aprensiones no solamente desde la oposición, sino que incluso desde el mismo Ejecutivo.

Conocida la propuesta inicial, la ministra de Salud May Chomali enfatizó su preocupación frente a esta propuesta.

“No podemos desde el Ministerio de Salud informar de estos temas, porque esa es información que se está entregando en el contexto de una atención sanitaria y eso está resguardado por el Código Sanitario y por la Ley de Deberes y Derechos de los Pacientes. Eso lo vamos a defender absolutamente", enfatizó la secretaria de Estado.