Aunque personeros del mismo gobierno lo descartaron, el Ejecutivo volvió a exhibir descoordinaciones por una de sus iniciativas. Esta vez, la controversia nace a partir de su indicación al proyecto que perfecciona el procedimiento de expulsiones administrativas de migrantes. Según detalló La Segunda, la indicación obligaría a recintos de salud públicos o privados y escuelas a entregar antecedentes como “el domicilio, teléfono, correo electrónico y demás datos pertinentes respecto de extranjeros que sean objeto de procedimientos migratorios en tramitación”.

La propuesta recibió apoyo por parte del Presidente José Antonio Kast. “Los gobiernos entregan muchas prestaciones y eso se debe ir ordenando, y la única manera de ordenar es saber quiénes utilizan los distintos servicios públicos”, dijo.

Los reparos no tardaron en llegar, sobre todo considerando que se instaló la idea de que se estaría promoviendo una suerte de persecución, además de provocarles temor a las personas a acudir a centros de salud.

De hecho, la primera discordancia interna la exhibió la ministra de Salud, May Chomali, quien señaló en Radio13c que estaban observando “con bastante preocupación” la situación, realidad que, según fuentes de gobierno, también se instaló en el Mineduc. “No podemos desde el Ministerio de Salud informar de estos temas, porque esa es información que se está entregando en el contexto de una atención sanitaria y eso está resguardado por el Código Sanitario y por la Ley de Deberes y Derechos de los Pacientes. Eso lo vamos a defender absolutamente”, enfatizó Chomali, señalando que ha sido un tema que se ha conversado con el comité de ministros. “No podemos negarles la atención de salud a las personas. Vamos a revisarlo con ellos para ver cómo se alinea esto con otras políticas que hemos estado discutiendo dentro del propio gobierno”, remarcó, cerrando con que “tampoco podemos negarle la atención de salud a un migrante”.

Tras ello, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, intentó ordenar las huestes y descartó una “descoordinación” a nivel de gobierno a propósito de las palabras de la ministra Chomali. La explicación del subsecretario fue que existe una “mala comprensión” de lo que dice la indicación, negando que se busquen mecanismos de denuncia o vulneración de garantías legales. “Lo único que propone la indicación es que, habiendo un procedimiento en el marco de la ley migratoria —ya sea para sancionar o para expulsar—, la autoridad migratoria respectiva pueda contar con información para poder ejecutar esos procedimientos”. Y sumó: “Nunca ha estado en el texto ni en la intención del gobierno ninguna obligación que se parezca a un reporte o denuncia”. Sí explicó que la norma aspira a que Migraciones o la PDI puedan pedir antecedentes acotados a centros educativos, sanitarios o previsionales para materializar un procedimiento de sanción migratoria o de expulsión.

Sin embargo, a las pocas horas el propio Presidente Kast puso en duda las palabras de Pavez. Y es que si bien el mandatario señaló que “nunca dudaríamos de que hay que dar la atención de urgencia, como lo hemos señalado siempre. Y en eso yo comparto plenamente la preocupación de la ministra de atender a las personas que tengan alguna enfermedad, alguna urgencia, eso siempre va a ocurrir”, al mismo tiempo matizó: “Pero cuando personas se presentan a un servicio de salud y no se identifican, bueno, necesitamos algún grado de alerta. No para no atenderlo, sino porque en el mismo sentido del orden que requerimos en nuestro país, tenemos que ir teniendo información. Sin quitarle la atención médica de urgencia a nadie, nosotros tenemos que ir velando porque todas las personas en Chile se vayan identificando”.

Y añadió que “también podríamos hacerlo de una manera distinta sin pasar a llevar ninguna ley de pacientes. En esto comparto con la ministra. No está en la indicación de esa manera. Por ejemplo, podríamos determinar que se vuelva a restablecer una presencia policial en cada uno de los servicios de salud para poder ir analizando, preguntándoles a las personas que se vayan identificando antes de entrar. Lo que buscamos es que la situación se ordene y que sepamos quiénes están en Chile y vamos a ir paso a paso avanzando”.

De todas maneras, dijo sobre las propuestas del Ejecutivo que “si existen dudas las vamos a aclarar. Si en alguna indicación hay algo que resolver, lo vamos a resolver. Lo importante es la meta a la cual queremos llegar, que es el orden en nuestra patria y que las personas que han ingresado irregularmente tengan claro que van a tener que abandonar el país y volver a solicitar la entrada si es que están en condiciones de hacerlo para entrar por la puerta, y también desincentivar el ingreso de nuevos inmigrantes irregulares o ilegales a Chile”. Para eso, cerró, “va a haber distintas normas que vamos a ir planteando en las próximas semanas para ordenar el tema de la migración que tiene afectados y colapsados a varios de nuestros servicios en temas de seguridad, en temas de salud, en temas de educación”.