Estados Unidos eliminará a las Farc de la lista de terroristas en apoyo del Acuerdo de Paz que cumple cinco años

El 24 de noviembre de 2016, el entonces Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y el exguerrillero y último comandante en jefe de las Farc, Rodrigo Londoño, firmaron el texto de 310 páginas en el Teatro Colón de Bogotá.




El gobierno de Joe Biden eliminará a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) de una lista de organizaciones terroristas extranjeras, una medida que se considera que demostraría el respaldo de Estados Unidos al Acuerdo de Paz que en 2016 Bogotá firmó con la guerrilla.

Así lo dieron a conocer funcionarios norteamericanos y del Congreso, que hablaron con el diario The Wall Street Journal, respecto a que sus pares colombianos habían estado presionando para que se retirara la designación de terrorista contra el grupo. Al hacer eso, Estados Unidos reconoce los pasos que tomaron los rebeldes para transformar su grupo en un partido político, ahora llamado Partido del Pueblo Común.

El 24 de noviembre de 2016, el entonces Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y el exguerrillero y último comandante en jefe de las Farc, Rodrigo Londoño, firmaron el texto de 310 páginas en el Teatro Colón de Bogotá. Se trataba del segundo intento, ya que un primer acuerdo de Paz, firmado en Cartagena el 26 de septiembre de 2016, que debía refrendarse en Colombia en un plebiscito, fue rechazado, obligando al gobierno a renegociar el pacto, tomando en consideración las objeciones de los opositores.

El acuerdo que fue negociado en Cuba contiene reformas políticas y agrarias, fórmulas contra el narcotráfico y la promesa de justicia para cientos de miles de víctimas.

Las Farc fueron designadas por primera vez como organización terrorista por Estados Unidos en octubre de 1997. La Casa Blanca se negó a comentar, señaló la agencia Reuters. El gobierno colombiano, uno de los aliados más cercanos de Washington en América Latina, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios, añadió la agencia.

El levantamiento de la designación, dice el periódico, también envía un mensaje a otros grupos armados de la lista, ya sea en Colombia o en otros países, de que ellos también pueden ser eliminados de la lista si abandonan la violencia. “Para el gobierno de Biden, esto es algo de bajo costo”, dijo Sergio Jaramillo, el arquitecto de las conversaciones de paz del gobierno de Santos. “Envía la señal a las Farc, ‘han pasado cinco años, has hecho tu granito de arena, te has portado bien y te estamos quitando de la lista’”.

Diversos sectores han culpado al gobierno del actual Presidente Iván Duque por la difícil aplicación de los puntos clave del acuerdo, como la reforma rural integral, la participación política, el fin del conflicto, la solución al problema de las drogas ilícitas y la cuestión de la reparación a las víctimas.

Según el último informe de seguimiento de la implementación del acuerdo, presentado en enero de 2021 por senadores y representantes independientes y de la oposición, Colombia ha visto un importante incremento en el número de asesinatos de líderes sociales, así como un aumento de los desplazamientos forzados.

Casi cinco millones de personas aún están desplazadas por el conflicto armado, aunque el gobierno colombiano reconoce hasta ocho en estos años. De ellos, casi 110.000 se han visto obligados a huir o confinarse solo en 2021, según los datos que maneja la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (Ocha). Colombia es el tercer país del mundo con más desplazados internos, solo superado por República Democrática del Congo (RDC) y Siria.

Los guerrilleros disidentes de las Farc habrían solicitado armas a Nicolás Maduro. Foto: Europa Press

El desplazamiento en masa de la población, que casi se ha triplicado en 2021 en comparación con 2020, es resultado de la violencia armada, que persiste en Colombia de forma efectiva. Según la Ocha, en los primeros nueve meses de 2021 se registraron 188 ataques mensuales contra civiles. En otras palabras, seis ataques diarios contra la población.

De igual forma, en cuanto a los temas de reparación a las víctimas y dotación de tierras, el reporte determinó que el Estado colombiano tardaría decenas de años en indemnizar a todas las víctimas del conflicto, mientras que sólo se ha asignado el 0,08% de los tres millones de hectáreas previstos del Fondo de Tierras, el mecanismo creado para implementar la reforma rural integral.

Según la agencia France Presse, aunque el grueso de las Farc se desmovilizó, quedaron activas disidencias y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) volvió a la ofensiva tras un intento fallido de paz. El narcotráfico también tiene sus propios ejércitos. Todas las fuerzas ilegales suman unos 10.000 combatientes, según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz.

En estos cinco años han sido asesinados 293 excombatientes por sus excompañeros o enemigos de la guerra, mientras otros volvieron a las armas. Y en el centro de todas las violencias: el tráfico de drogas.

El acuerdo, que promovía la sustitución voluntaria de cultivos ilegales, no tuvo grandes consecuencias en ese sentido, dice la agencia. Colombia sigue produciendo y exportando cocaína en cifras récord.

Las víctimas se encontraban en el centro del acuerdo. Son más de nueve millones entre muertos, heridos, desaparecidos y desplazados. Las Farc aceptaron la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que también les abrió la puerta a los paramilitares y agentes del Estado implicados en graves violaciones de derechos humanos. A cambio de que confiesen sus crímenes, reparen a las víctimas y no reincidan, podrán eludir la cárcel.

“El proceso de paz les ha cumplido a los victimarios, mientras que a las víctimas que ocasionaron las Farc no les ha cumplido”, indicó a AFP el general de la policía Luis Mendieta, rehén por casi 12 años. El oficial se siente excluido de la “institucionalidad de paz” que, además de la JEP, incluye una comisión de la verdad y una unidad de búsqueda de desaparecidos.

Por otro lado, el partido Comunes de los exguerrilleros fue castigado en las urnas. La agencia France Presse explica que los ex Farc que acusan a Duque de torpedear el convenio y de promover la paz solo ante “los micrófonos”, tienen una mínima representación en el Congreso por cuenta de la negociación. Y en medio avanza un movimiento de protesta que encabezan jóvenes que apenas supieron de la guerra interna. En los últimos dos años millones se han volcado a las calles, a pesar de la represión policial.

El expresidente Juan Manuel Santos ha señalado en declaraciones a Blu Radio que Duque “aún tiene tiempo de unir al país en torno a la implementación del acuerdo”, al tiempo que ha pedido que su aplicación no se convierta en una estrategia de campaña electoral, porque considera que eso se presta a “tergiversaciones y mentiras”.

A juicio del expresidente, si la implementación se “hace con cuidado”, Colombia “tiene una oportunidad de oro, en todo sentido, en darles derechos a los colombianos, corregir desigualdades en el campo, poner a producir al campo en un mundo que está comenzando a preocuparse por falta de alimentos”.

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, comenzó una visita de dos días en el país donde busca supervisar los logros alcanzados por el acuerdo y la implementación de la política de Paz con Legalidad. Además, se reunirá con altos mandos del gobierno; con los líderes del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición; representantes de la sociedad civil, y líderes del partido Comunes exmiembros de las Farc.

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