El gobierno del presidente Rodrigo Paz y la dirigencia de la Central Obrera Boliviana (COB), principal organización gremial del país vecino, llegaron este domingo a un acuerdo sobre el polémico Decreto Supremo 5503, poniendo fin a una semana de bloqueos y protestas que afectaron la movilidad y la economía en Bolivia.

Este fue suscrito durante en un encuentro realizado en el mercado Santa Rosa de la ciudad de El Alto, el epicentro de las movilizaciones ubicado al oeste del país, después de un día de diálogo entre los gremios con seis ministros de la presidencia de Paz.

Según consigna el medio El Deber, estos fueron José Luis Lupo, de Presidencia; Gabriel Espinoza, de Economía; Marco Antonio Oviedo, de Gobierno; Óscar Mario Justiniano, de Desarrollo Productivo; Beatriz García, de Educación, y Tatiana Flores, de Salud.

El convenio asegura la aprobación inmediata de un nuevo decreto en reemplazo del DS 5503, para lo cual se determinó que, “por tiempo y materia, a partir de la firma del acuerdo, el gobierno dispondrá de una comisión que, en conjunto con los actores movilizados y todas las capas sociales, trabajará” en la nueva normativa, como detalla su texto.

Según el documento firmado, “el decreto 5503 se abrogará en su totalidad” y dicha comisión redactará un decreto que “mantendrá de manera exclusiva los artículos referidos a la subvención de combustibles”.

También seguirá vigente la reprogramación de créditos bancarios, la mejora de bonos sociales y la actualización de la política salarial, tres ejes centrales de la actual administración para proteger a los sectores vulnerables.

Además, el gobierno se comprometió a promulgar el nuevo decreto consensuado en un plazo máximo de 48 horas a partir de la firma del convenio.

De la misma forma, la COB y los sindicatos afiliados anunciaron “el levantamiento inmediato de las medidas de presión manteniendo el estado de emergencia hasta la promulgación del decreto”, como cita el último punto del acuerdo.

Desde el 6 de enero, la COB había radicalizado sus protestas en demanda de la derogación del decreto mediante el cual el gobierno boliviano declaró la “emergencia económica, financiera, energética y social”, para establecer un amplio paquete de medidas excepcionales.

Esto llevó a la central de trabajadores a llamar al bloqueo indefinido de carreteras en seis de los nueve departamentos del país altiplánico, que tuvo un impacto directo en el abastecimiento, el transporte y la actividad económica.