A medida que pasan los días, el presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella, va entregando pistas de cómo será su gobierno una vez que se posesione el próximo 7 de agosto.

“Desde Bucaramanga reafirmo un principio de gobierno: menos discursos y más ejecución. No soy un mercader de ilusiones; soy un empresario de realidades", prometió el político de extrema de derecha este jueves a través de su cuenta de X.

Pero ya este lunes De la Espriella causó polémica al anunciar la eliminación de consejerías y agencias vinculadas a la presidencia de la República, entre ellas la del Comisionado para la Paz, que ha conducido las negociaciones con los grupos armados ilegales.

“Se acaba el Comisionado para la Paz, porque no habrá más procesos de falsa paz en mi gobierno”, manifestó el presidente electo en un mensaje al país por medio de sus redes sociales.

En entrevista con La Tercera, el politólogo colombiano y académico del Magíster en Gobierno de la Universidad Autónoma de Chile, Iván Garzón, analiza el impacto de los anuncios de De la Espriella para la política de paz colombiana y sus efectos para la estabilidad regional.

¿Qué implica la decisión del presidente electo Abelardo de la Espriella de eliminar el Comisionado para la Paz y poner fin a los diálogos con grupos armados ilegales?

Un mensaje más de que el centro de su administración serán las políticas de seguridad y el control del territorio. Y de paso una nueva puesta en escena del juicio público de castigo al gobierno de Gustavo Petro.

De la Espriella ha señalado que busca desmontar lo que denomina un “sistema de impunidad” asociado a los organismos negociadores. ¿Qué tan efectivos han sido los procesos de diálogo con grupos armados para disminuir la violencia y avanzar hacia una paz sostenible en Colombia? ¿Su eliminación podría fortalecer o debilitar esos objetivos?

Entre 1990 y 2017 los procesos de paz en Colombia han sacado cerca de 50.000 combatientes de la violencia. Sin duda, se trata de un balance exitoso, más allá de los escenarios de posdesmovilización de cada uno. En contravía de esta tradición, el discurso de mano dura de De la Espriella cabalga sobre un dato incontrovertible: en casi cuatro años la política de ‘paz total’ promovida por Petro y diseñada por Iván Cepeda no logró la desmovilización de un solo hombre en armas.

¿Representa este giro un quiebre con la política de “paz total” de Petro?

El giro es radical (cero negociación) y la eliminación de la figura histórica del Comisionado para la Paz, una suerte de Ministro responsable de promover los procesos de negociación con insurgentes y bandas criminales, lo ratifican. Es, por lo demás, un asunto pendular en la política colombiana: Pastrana (negociación), Uribe 1 y 2 (salida militar), Santos 1 y 2 (negociación), Duque (salida militar), Petro (negociación), De la Espriella (salida militar). El país ha ensayado tantas veces la paz como la guerra sin cuartel contra los insurgentes y los criminales.

¿Tiene el Presidente las facultades legales para impulsar estos cambios o requerirá reformas legales o apoyo del Congreso?

Tiene las facultades ejecutivas para proyectar una política de seguridad como pacificación y sometimiento a la justicia. Más bien, son las políticas de paz las que tradicionalmente han buscado regulación y apoyo político en el Congreso.

¿Qué impacto podría tener la nueva política de seguridad en la estabilidad regional y en la relación de Colombia con los países vecinos?

La reanudación de la fumigación con glifosato en la frontera sur puede reabrir viejos conflictos con Ecuador, aunque la cercanía ideológica entre Daniel Noboa y De la Espriella auguran que si es así, no se tramitará de modo hostil. Con Venezuela, desde la intervención de Estados Unidos es claro que al ELN se le debilitó su retaguardia estratégica y el gobierno de Delcy Rodríguez no tiene capital político para jugar ningún rol mediador ni diplomático como hicieron Chávez y Maduro en el pasado. Ahora bien, se puede anticipar que si los indicadores de seguridad urbana empiezan a mejorar desde el próximo mes que se posesiona, el crimen organizado y la delincuencia común en las que tienen participación ciudadanos venezolanos producirá un efecto globo, es decir, se desplazará hacia otros países, al menos relativamente, pues Colombia sigue teniendo muchos incentivos perversos para las economías ilegales y el crimen violento.