El Consejo de Defensa del Estado (CDE) contestó la demanda interpuesta por Camanchaca por la Ley de Fraccionamiento Pesquero, refutando los argumentos de la compañía y advirtiendo que si se acogiera la indemnización solicitada, los jueces estarían sancionando la voluntad popular y democrática expresada en la ley.

“Nadie puede aprovecharse selectivamente de los términos de una ley para abultar sus proyecciones de supuestas utilidades reducidas a causa de la implementación de una ley y, al mismo tiempo, demandar al Estado exigiendo que esa misma norma sea tratada como un ilícito del cual emana su daño”, argumenta el escrito presentado por el abogado del CDE, Leonardo Corral.

"Esta instrumentalización acomodaticia de los plazos legales demuestra que la estimación económica de la demandante es jurídicamente insostenible”, plantea.

En febrero de este año, la pesquera Camanchaca -controlada por las familias Fernández y Stengel- pidió una indemnización de US$ 100 millones al Estado por el cambio de reglas al que se vieron afectados, según la firma, tras la Ley de Fraccionamiento aprobada a mediados del año pasado.

Con ello, la empresa se sumó al tsunami de demandas de diferentes pesqueras por el mismo conflicto, siendo la segunda que más indemnización pidió después de Blumar (US$ 216 millones).

En su contraataque, el CDE recalca que “no existe entonces un derecho de propiedad sobre una cuota general de captura (ella es definida técnicamente por la autoridad competente). No existe tampoco un derecho de propiedad sobre una forma específica de distribución de aquella cuota entre el sector industrial y artesanal (ella es definida, mediante una ley, por el Congreso Nacional)”.

Continúa: “tampoco existe un derecho de propiedad sobre una asignación de las áreas donde puede desarrollarse la actividad pesquera (ella es definida técnicamente por la administración)”. En cambio, “lo único que sí existe es una licencia, otorgada por un plazo fijo, que consigna una específica forma de distribución entre las diversas empresas pesqueras que operan en el sector”.

La tesis de Camanchaca, plantea la defensa del Estado, es que ellos poseen un derecho a una cantidad específica de peces, cuando lo que poseen es un derecho de propiedad sobre su respectiva licencia.

La respuesta

La respuesta del CDE a la pesquera -apoyándose en un escrito doctrinal del jurista español Eduardo García de Enterría- señala que si el Estado fuera responsable de daños, “los jueces ordinarios, en efecto, estarían corrigiendo y “sancionando” pecuniariamente la voluntad popular expresada en la Ley, lo cual contradice el sistema democrático”.

Añade que “el legislador democrático debe tener libertad para adaptar el derecho a circunstancias sociales y políticas cambiantes (legis innovatio). Imponer indemnizaciones por cada cambio normativo impediría el progreso social al obligar a pagar una especie de “peaje” a quienes se beneficiaban de la legislación anterior”.

Así, el contraataque plantea que el ordenamiento jurídico se vería congelado e inmovilizado si se tuviera que indemnizar por cambios normativos, lo cual imposibilitaría reformas necesarias en distintas áreas del derecho. Como no se adquieren derechos frente al legislador, la modificación de las normas no provoca derecho de indemnización.

El CDE argumenta que “una responsabilidad generalizada por los efectos de las leyes podría llevar a la quiebra del Estado y a la ruina de la Hacienda Pública, especialmente en reformas que afectan a grandes grupos de ciudadanos”, y que “la Constitución permite al legislador delimitar el contenido de la propiedad según su función social sin obligación de indemnizar lo que hace entonces inviable que se deban pagar esas limitaciones”.

Visión del gobierno

Las demandas de las pesqueras en cuestión fueron ingresadas por una ley aprobada en el gobierno de Boric. Las dudas que surgieron con la llegada de la nueva administración de Kast era si el gobierno destinaría esfuerzo a estas causas.

El subsecretario de Pesca, Osvaldo Urrutia, consultado por ello hace unos meses, dijo que la postura del gobierno es apoyar el trabajo que está realizando el CDE. “Evidentemente, la judicialización de este tipo de acciones es algo que no es de corto plazo. Probablemente, estas demandas van a durar años”, sostuvo.